Intimidad es una serie vasca producida por Netlix y protagonizada por Itziar Ituño (Lisboa y Raquel Murillo en La casa de papel) y Verónica Echegui, quienes interpretan a una candidata a la alcaldía y a una operaria de una fábrica, respectivamente.
En la ficción no tienen vínculo alguno, hasta que ambas se convierten en víctimas de la filtración de material íntimo sexual con el claro objeto de dañarlas.
Maren Zubiri (Ituño) es engañada por su amante, quien genera las condiciones para que ellos queden grabados teniendo sexo en una playa y para que la circulación del video resultante dé por terminadas sus aspiraciones a convertirse en la alcaldesa reformista y nada funcional al empresariado.
Ane (Echegui), por su parte, debe tolerar el acoso y las burlas de sus compañeros de trabajo (sobre todo de los varones), en cuyos dispositivos se encuentra disponible un video en la que ella aparece como incómoda partícipe de una orgía.
Maren tiene la espalda jurídica y la fortaleza para enfrentar el agravio. Ane no. Es más, elige el suicidio antes de sobreponerse a la erosión que este produce.
Más allá de cómo hayan sobrellevado este vejamen una y otra, lo concreto es que la creación de Laura Sarmiento y de Verónica Fernández plantea la posibilidad de “denunciar”, lo que posibilitaría una investigación a fondo por parte de la inspectora Alicia (Ana Wagener).
Eso, claro, sugiere que en España hay un marco legal que protege a las víctimas de pornovenganza y de sextorsión.
De hecho, el estreno de Intimidad ha puesto a los medios españoles a recordar que, gracias a una reforma del Código Penal en 2015, ahora se castiga la divulgación no autorizada de grabaciones íntimas, incluso si se obtienen con consentimiento.
Las leyes en España: sobre el consentimiento
El punto del “incluso si se obtienen con consentimiento” es clave, por cuanto parece una reacción jurídica al caso de la exconcejala Olvido Hormigos (Psoe), en 2012, en el que se inspira la serie, por más que Sarmiento lo haya relativizado.
Sucede que el video erótico que muestra a Hormigos fue entregado por ella misma a Carlos Sánchez, su joven novio futbolista, quien años después lo divulgó para darle un golpe artero.
“Esa es la razón por la que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orgaz ha archivado la investigación abierta contra Sánchez y contra el alcalde de Los Yébenes (Toledo), Pedro Acebedo (PP), al que la edil acusó también de haberlo propagado, por un delito contra la intimidad”, recuerda El País, de Madrid.
“No es que la intimidad de la edil no se viera afectada. Es que el delito que la protege exige el robo o la apropiación ilícita de los datos íntimos. Algo que, en este caso, no se produjo”, amplía.
“No hay, pues, delito contra la intimidad, aunque el polémico vídeo, al convertirse en viral en internet, lo vieran cientos de miles de personas”, concluye para certificar que, antes de la reforma de 2105, la Justicia española “no veía un delito contra la intimidad si una había grabado y enviado imágenes a un primer destinatario”.
Así las cosas, entre el caso de Maren, de Intimidad, y la verdadera Olvido Hormigos, de la vida real, la diferencia sustancial es que la primera contó a favor con una actualización jurídica sustancial. En otras palabras, si Sánchez filtrara el video hoy, sería juzgado y seguramente condenado.
A la historia de Ane, en tanto, Intimidad la toma del llamado “Caso Iveco”, que refiere al suicidio de Verónica, operaria de esa firma, en su casa madrileña por no poder soportar un mes en pleno infierno.
Para ella, mujer de 32 años y madre de dos hijos, fue intolerable la circulación entre sus compañeros de videos sexuales en los que se la mostraba. Y luego se sintió impotente ante la inacción de la oficina de Recursos Humanos de la empresa.
Hastiada, acorralada e indefensa, Verónica optó por quitarse la vida.
Pero si en Intimidad la inspectora Alicia encuentra tanto al responsable de la primera entrega como al de la propagación, los familiares de Verónica se chocaron de frente con la impunidad.
Es que el Juzgado de lo Penal Nº 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha decidido archivar su caso por la presunta comisión de dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, y otro contra la integridad moral.
La jueza actuante decidió el sobreseimiento por “falta de autor conocido” en el primer caso; y por ausencia de denuncia en el segundo.
Pero el marco legal está: el artículo 197 del Código Penal español castiga “la obtención o la difusión de videos o de imágenes de la víctima sin su consentimiento, de forma que menoscabe su intimidad”, mientras que el artículo 173 pena “el trato degradante hacia otra persona que menoscabe gravemente su integridad moral”.
