Pasaron los festivales en casi toda la provincia y bajó la espuma. Hubo análisis de todo tipo: artísticos, económicos y hasta ideológicos a la hora de discutir si deben tener continuidad los espectáculos que involucran animales en los que, además, puede morir gente.
Afilando la mirada sobre el cumplimiento de la Ley de cupo femenino en festivales de música, que fue sancionada en noviembre y promulgada hace diez días, la cuestión se vuelve un tanto más compleja porque une todas las aristas antes mencionadas (la cuestión artística, la económica y la ideológica).
Además, el tema tomó relevancia mundial cuando la banda británica The 1975 anunció días atrás, a través de su vocalista Matty Healy, que decidieron no participar más en festivales en los que no haya una grilla balanceada entre artistas hombres, mujeres y disidencias.
En conversaciones con el diario The Guardian, el cantante agregó: "No es una pesadilla geopolítica: es la industria de la música y es algo que si todos se unen, podemos solucionarlo". Quizás la frase "no es una pesadilla geopolítica" resume el espíritu de esta época en la que, si bien las cosas se presentan complejas, algunas se pueden cambiar. Primero, identificando el error y, luego, intentando remediarlo.
En Argentina
Respecto a las acciones realizadas en Argentina en torno al tema, lo primero que es importante rescatar es que desde que se comenzó a trabajar en la elaboración de la ley, el tema se instaló en la agenda pública. Y aún permanece, a fuerza de reclamos y señalamientos porque en muchos casos la ley no se cumple.
El Instituto Nacional de la Música (Inamu) tenía previsto que la reglamentación saliera en enero para tener herramientas que ayudaran a fiscalizar la normativa en los distintos festivales, pero el proceso se demoró y los controles, también.
Lo anterior no eximía a los organizadores de ponerse al día con la norma ni, mucho menos, demostrar predisposición a la hora de intentar cumplirla. Desde el Inamu aseguraron que todas las grillas debían reajustarse a partir del día siguiente de votada la ley, pero muchos especularon con su puesta en marcha hasta último momento.
Distintos grados
Hay que decir que si bien los festivales cordobeses son variados, la mayoría de los que incluyen música folklórica manejan una agenda artística similar, con grandes figuras masculinas cuya ausencia sería cuestionable. Es por ello que a estos géneros les cuesta tanto cumplir la ley. Por el lado del rock, la situación se presentó algo diferente.
Entre los grandes shows cordobeses se pudo observar distintos grados de compromiso no solo legal, sino también ideológico con el acatamiento de la ley. Están los que los que se convencieron de que hay que cumplir, los que intentaron ajustarse muy a regañadientes (y por eso tampoco lo lograron) y, finalmente, los que parecen no acusar recibo de las demandas sociales.
En ese sentido, Cosquín Rock terminó siendo el único que cumplió (e incluso superó) el mínimo señalado por la ley. Es curioso porque fue el festival que más críticas recibió cuando su organizador José Palazzo se refirió al tema y, quizás por eso, fue el único que logró, no sin algunos vericuetos, salir muy bien parado.
En Cosquín Folklore se planteó cierta polémica. Es que desde su organización aseguran que cumplieron con el 30 por ciento requerido por la ley, pero hicieron la cuenta incluyendo la danza. Aunque la normativa se refiera a “artistas” en sus artículos, queda claro que el espíritu de la ley está vinculado con la música. Desde el Inamu respondieron a esa estrategia asegurando que la interpretación es errónea y aclararon que la ley es pura y exclusivamente para las músicas.
En el caso del Festival de Peñas de Villa María, la organización estuvo muy lejos de cumplir con el cupo (superó levemente el 15 por ciento). Incluso si no se hubiese bajado Jimena Barón (que fue reemplazada por Los Caligaris) los números no cerrarían. Lo mismo ocurrió con el Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla y con el Encuentro de Colectividades de Alta Gracia que rondaron el 14 y el 16 por ciento, respectivamente.
Por último, el que no acusó recibo fue el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, ya que de las más de 70 propuestas artísticas solo un 10 por ciento estaba integradas por mujeres. Cuando se les consultó a algunas de ellas sobre el tema, aseguraron que era necesario que todos se ajustaran a la ley e insistieron que todavía falta mucho.
Largo camino
Sin dar nombres, para no generar suspicacias, se notó que muchas inclusiones fueron a último momento o en lugares poco centrales como para intentar acercarse a la cifra, algo que en la mayoría de los casos no ocurrió.
Por otro lado, en algunos festivales también hubo “invitaciones” a algunas artistas para acompañar a grupos de hombres, lo que también podría pensarse como una manera cuestionable de cumplir con la ley.
Ni hablar del hecho de intentar “rellenar” el cupo con bailarinas, cuando se sabe que en el caso del folklore las parejas de baile incluyen sí o sí a una mujer y a un varón (eso descontando que la ley no es para bailarines).
Todos estos movimientos reflejan cuánto le cuesta a la industria del entretenimiento musical lograr cierta equidad y deja a las claras cómo, en muchos casos, el hecho de no cumplir con la ley es en realidad un posicionamiento frente a una problemática.
Si bien es muy temprano para sacar conclusiones generales sobre la norma, ya que recién arranca, lo que sí ha quedado claro es que los organismos tienen mucho trabajo por hacer no sólo para que se cumpla, sino para hacer entender por qué es importante que se cumpla. Al fin y al cabo, ese es el espíritu de cualquier ley que extienda derechos.
