El proyecto de “ley ómnibus” que el poder Ejecutivo intentará aprobar en el Congreso de la Nación significaría un golpe de gracia para el ecosistema cultural argentino.
La “megainiciativa”, llamada “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, se conoció el pasado miércoles 27. En el capítulo 3, se detallan las medidas que afectarán a las industrias vinculadas con el campo creativo y con la actividad independiente en el universo de las artes.
Entre las disposiciones, figura el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA). El artículo 589 deroga el decreto de 1958 que dio vida a un ente público clave en el desarrollo del campo cultural. El artículo 590 establece que el Poder Ejecutivo “procederá a la reasignación de recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”.
También se dispone la desaparición del Instituto Nacional del Teatro (INT). El organismo, creado en 1997, se puso de inmediato en alerta y emitió un pedido de auxilio. “El teatro es trabajo y, como tal, generador de miles de fuentes de empleo”, advierte un comunicado.
En ese mismo texto, que declara el estado de movilización del sector, se señala: “Con la derogación de la Ley Nacional del Teatro no sólo están en riesgo los puestos de quienes formamos parte del Instituto Nacional del Teatro, sino de todas aquellas fuentes laborales que dependen de la puesta en escena de obras y ciclos de teatro independiente: rubros técnicos, actorales, dramatúrgicos y de dirección, salas y espacios de todo el país, medios especializados e infinidad de actividades conexas a la producción de las artes escénicas”.
Menos cine, menos música
En caso de ser aprobada, la “ley ómnibus” introducirá además cambios profundos en el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
Una modificación de peso es que se le sustrae la fuente primaria de financiamiento, que actualmente es el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación (surge del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable). Según la nueva normativa, al Incaa se le derivará de modo directo el llamado “impuesto al cine”, un 10% sobre el precio de las entradas a salas, pero el resto de sus fondos quedarán al arbitrio del Ministerio de Economía.
En un hilo de X (ex-Twitter), el cineasta y guionista Iván Tokman detalló las transformaciones mayormente catastróficas que se prevén y opinó que el desfinanciamiento implica “una sentencia de muerte del cine nacional”.
El Instituto Nacional de la Música (Inamu) se verá golpeado de manera similar. Se lo redefine como un “organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Cultura”, se ataca su autonomía y se cercena el fondo de financiamiento que establece la ley 26.801.
Desde la Unión de Músicxs Independientes (UMI), se remarcó la preocupación que se instaló en el sector: “La aprobación del proyecto sería el certificado de defunción de la experiencia de fomento más federal, transparente y participativa de la actividad cultural”.
El comunicado de UMI añade que el proyecto “supone un cambio rotundo de paradigmas y la eliminación de una construcción de derechos y consensos, en algunos casos de cientos de años”.
Editoriales, libros y bibliotecas: ¡afuera!
Otro blanco de las medidas es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que incluso cambiaría su nombre y pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Para este caso, entre otras reformas, se establece la eliminación de “beneficios” que garantiza la norma actual, como tarifas reducidas en servicios prestados por empresas del Estado o subvenciones para el mantenimiento de instalaciones. También se cancela un fondo especial para las bibliotecas populares que se obtiene de los juegos de sorteo y que implica hoy alrededor del 50% de los recursos de la Conabip.
Desde la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Córdoba, se hizo un llamado a los legisladores para impedir la sanción de las medidas. Allí se lee: “Las bibliotecas populares son entidades de la economía social, administradas por voluntarios empoderados, con autonomía, democracia, inclusión social y defensa de los derechos humanos”.
La “ley ómnibus” propone asimismo derogar la ley N° 25.542, de precio uniforme de venta al público (PVP) de libros, lo que según el sector supondría dejar en estado de vulnerabilidad total a diversos actores del ecosistema editorial y librero.
El mismo miércoles, la Fundación El Libro declaró su “repudio absoluto” a la medida y explicó: “La Ley de Defensa de la Actividad Librera N° 25.542 protege la bibliodiversidad, y su derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”.
La fundación, que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, recibió el apoyo de numerosos autores y autoras, y del abigarrado segmento de editoriales independientes.
El comunicado suma preocupación sobre el porvenir de la cultura argentina: “Se busca hacer desaparecer a dos de las instituciones culturales insignias de nuestro país: el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, y así destruir el entramado cultural argentino, tan admirado en todo el mundo”.
Gobierno de Milei: navegá punto por punto la “ley ómnibus”
El análisis del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue realizado por la consultora Sicchar con el liderazgo técnico de Juan Pablo Paillet y licenciado para su uso por La Voz del Interior.
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