El mundo del trabajo está experimentando una profunda transformación, impulsada por la economía digital y, de manera cada vez más acelerada, por la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la robótica.
El auge de la economía Gig y los problemas que se plantean
Este cambio no solo remodela la forma en que generamos ingresos –como se observa en el auge de la economía gig– sino que también ejerce una presión significativa sobre los sistemas de pensiones que, a nivel global, ya enfrentan una “bomba de tiempo” financiera.
La economía gig, caracterizada por trabajos flexibles, bajo demanda y a menudo mediados por plataformas digitales, ha sido acelerada por eventos como la pandemia.
Si bien ofrece flexibilidad horaria, capacidad para diversificar ingresos y conciliar vida personal y laboral, presenta desafíos importantes en términos de protección social.
En América Latina, donde la informalidad es históricamente alta, una parte significativa de los trabajadores independientes no cuenta con seguro de salud ni de pensiones, señalan diferentes informes.
Aunque existen mecanismos de formalización voluntaria, su uso es limitado entre los usuarios de plataformas. Expertos del BID señalan la necesidad imperiosa de adaptar los esquemas de seguridad social a esta flexibilidad sin eliminarla, explorando soluciones a través de la seguridad social digital y laboratorios de ahorro para el retiro.
Revolución robótica y de la IA: ¿impuesto a los robots?
Sin embargo, un desafío aún mayor emerge con la automatización masiva impulsada por la IA y la robótica. La preocupación es que esta tecnología pueda desplazar a un gran número de trabajadores –tanto manuales como de escritorio–, generando desempleo y, crucialmente, reduciendo el número de cotizantes a los sistemas de seguridad social y pensiones.
Ante este panorama, ha surgido un intenso debate sobre quién debe financiar las pensiones y la protección social en un futuro cada vez más automatizado. Una de las propuestas más comentadas es la de establecer un impuesto a los robots o, más precisamente, gravar la productividad lograda por el avance tecnológico.
El debate sobre el impuesto a los robots
Defensores de la “tasa a los robots” argumentan que las empresas que se benefician de la automatización deberían contribuir a mitigar su impacto social.
Los recursos generados podrían financiar programas de reentrenamiento, renta básica universal (RBU), o ayudar directamente a los afectados por el desempleo tecnológico. Se le compara con impuestos a sectores con externalidades negativas, como el tabaco o las emisiones de carbono.
El Pacto de Toledo en España, por ejemplo, recomienda “estudiar un eventual nuevo impuesto sobre la productividad lograda por el avance tecnológico” para contribuir a la financiación de las pensiones. Figuras como Bill Gates han apoyado la idea.
No obstante, la propuesta enfrenta numerosos detractores. Señalan que gravar la automatización podría sofocar la innovación y el crecimiento económico al desincentivar la inversión en nuevas tecnologías.
La complejidad para definir qué es un “robot” a efectos fiscales y su implementación práctica también son obstáculos señalados. Algunos argumentan que la tasa a los robots no es la solución adecuada para el desempleo y la desigualdad, sugiriendo que los esfuerzos deberían centrarse en inversión en educación, formación profesional y programas de renta básica universal (RBU).
La riqueza no se crea, se acumula, y sin trabajo (ingresos) no hay consumo, lo que haría la automatización sin sentido. Además, el costo del impuesto probablemente se trasladaría a los consumidores.
Idoia Salazar, experta en IA, consideró años atrás que la idea de que los robots paguen impuestos –o que las empresas que los usan paguen un impuesto extra basado en los puestos sustituidos– es compleja e “irreal” actualmente. Lo ve como una “traba” para el desarrollo tecnológico.
En lugar de gravar las máquinas, ella aboga por políticas activas que fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo, apoyen startups y mejoren la educación para adaptar a los trabajadores a un futuro de convivencia con las máquinas, desarrollando nuevas habilidades. Para Salazar, la IA es una herramienta que complementa, no sustituye completamente al ser humano, especialmente en tareas que requieren contexto o toma de decisiones finales.
Hacia el futuro: adaptación y diálogo
Ante los desafíos que plantean la economía gig y la automatización a los sistemas de pensiones –que ya lidian con el envejecimiento demográfico, baja natalidad y altos niveles de informalidad– parece claro que se necesitan reformas profundas y adaptaciones. Países de América Latina y Europa están explorando diversas vías, desde aumentar las edades de jubilación y las contribuciones hasta fortalecer los pilares solidarios y de ahorro individual.
La cuestión de si los robots, o más bien sus propietarios o la productividad que generan, deben contribuir directamente a la financiación de las pensiones es una faceta de este debate complejo y en evolución. Junto a la discusión fiscal, se consideran otras herramientas como la Renta Básica Universal o la necesidad de reformular los sistemas tributarios para el nuevo orden digital.
