El sistema de verificación policial del automotor en Córdoba fue, hasta hace pocas semanas, el centro de una fuerte polémica. A principios de agosto, este medio expuso el descalabro que significaba la existencia de un circuito paralelo al oficial, donde algunos policías adicionales cobraban por realizar el trámite “fuera de planta”.
La tarifa se repartía entre el verificador, los gestores o las concesionarias, en un mecanismo que estaba formalmente habilitado por la Provincia pero que abría la puerta a la especulación.
Las cifras en pesos eran altas en comparación con los costos en planta.
Mientras que el costo oficial del trámite rondaba los 13 mil pesos más el formulario 12 (que se conseguía a valores de entre 20 mil y 22 mil pesos), en el sistema paralelo los conductores podían llegar a pagar hasta 110 mil pesos.
Los automovilistas que debían vender su vehículo se veían en la práctica obligados a acudir a este circuito privado, por el simple hecho de que no encontraban turnos en la vía oficial, donde las citas demoraban entre 30 y 40 días.
La situación escaló hasta la Legislatura. El presidente del bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, Rodrigo Agrelo, presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, exigiendo explicaciones sobre la legalidad de este circuito paralelo, si la Provincia había tercerizado de hecho la verificación y a dónde iban los fondos que se cobraban a los usuarios.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad dio un giro radical.
Desde el 1° de septiembre se implementó una serie de medidas que cambiaron drásticamente el panorama. Y el impacto es evidente: este viernes, La Voz pudo constatar que había disponibilidad de turnos casi inmediata, para el lunes siguiente por la tarde.
El contraste con la espera anterior de más de un mes es notorio.
Además, las autoridades aplicaron mecanismos para evitar que se repitiera una maniobra que había sido advertida con el sistema anterior: la “acaparamiento de turnos” por parte de terceros, que luego no los utilizaban y dejaban el sistema vacío en la práctica, mientras el ciudadano no conseguía cita.
Los cambios en el sistema de verificación policial del automotor
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, decidió eliminar el sistema de verificación “fuera de planta”, que si bien era legal, provocaba la saturación del circuito oficial y alentaba la proliferación de gestiones paralelas.
“Verificar un vehículo no puede ser un dolor de cabeza para el ciudadano. Lo que no funciona correctamente debe revisarse y cambiarse, evaluando técnicamente los resultados y con la decisión política de avanzar con los cambios que sean necesarios”, dijo en diálogo con este medio.
El nuevo sistema se apoya en un turnero digital con reglas más estrictas.
A partir de ahora, una persona solo puede gestionar un turno por CUIL. Además, debe abonar la tasa correspondiente dentro de la hora siguiente a la reserva, de lo contrario el turno se libera automáticamente.
De esta forma se bloquea la posibilidad de que los gestores acumulen citas de manera especulativa.
También quedó eliminada la modalidad “verificación exprés”, que ofrecía turnos inmediatos a cambio de un pago extra.
“La verificación tiene una función muy importante que tiene que ver con prevenir distintos delitos relacionados al robo y comercialización de vehículos, autopartes, motopartes, a la adulteración de documentos, y a todo lo que hace al correcto control registral”, recordó Quinteros, al justificar la decisión de cortar de raíz los privilegios.
Ampliación de infraestructura: ahora la verificación sólo se hace en planta
El cambio no se limitó al esquema digital. El Gobierno provincial destinó recursos para reforzar la infraestructura y el personal.
En las dos plantas principales de Córdoba capital, ubicadas en barrio Las Palmas (Yavi al 4100) y barrio Patricios (Julio de Vedia al 3250), se duplicaron las cabinas de verificación, que pasaron de siete a 15 en total.
También se adquirieron nuevas computadoras y se incorporaron verificadores, según la información oficial.
Las plantas ampliaron el horario de atención: ahora abren a las 7 de la mañana y cierran a las 20, lo que representa una extensión de jornada inédita, porque antes operaban en medio turno.
Según datos oficiales, previo a las modificaciones se atendían 108 vehículos por día en promedio. Hoy, la cifra trepa a 494.
El salto equivale a un aumento del 457% en la capacidad de atención.
En el interior, en cambio, todo se mantiene igual. Según fuentes oficiales, allí no se perciben los problemas que sí se observaban en la ciudad capital.
“Acompañé a mi tía a verificar el auto en Alta Gracia y conseguimos turno en una semana. El trámite fue rápido y en media hora estaba resuelto”, relató un vecino, consultado en una de las plantas del interior.
Quinteros valoró especialmente el refuerzo en la infraestructura: “Duplicar las cabinas y el horario fue clave para revertir el malestar social. No podíamos tener plantas vacías y usuarios esperando un mes”.
Ampliación horaria y nuevos procedimientos
Uno de los puntos centrales del rediseño fue la extensión horaria. Tanto en Las Palmas como en Patricios, los puestos pasaron a trabajar corrido hasta las 20.
A su vez, se incrementó el plantel de verificadores, lo que permitió atender más autos en paralelo.
Otra novedad importante es la obligatoriedad de abonar la tasa en el mismo acto de la reserva. Esto evita que se genere un stock artificial de turnos bloqueados que luego nunca se usan.
Con la misma lógica, quedó prohibido acumular reservas desde un mismo CUIL y se eliminó la posibilidad de verificaciones extraordinarias.
El resultado se percibe con claridad: este viernes el sistema ofrecía turnos para el lunes siguiente, cuando hace apenas dos meses los usuarios tenían que esperar más de un mes.
Averiguaciones administrativas por sistema “fuera de planta”
De manera extraoficial, este medio pudo confirmar que se realizaron averiguaciones administrativas internas a raíz de la situación anterior que sostenía un gran flujo de verificaciones por fuera de las plantas.
Los informes habrían detectado que había un beneficio económico adicional entre gestores y policías que cumplían tareas de adicionales en el circuito paralelo.
“Fue una medida poco popular dentro de la Policía, pero había un reclamo social. Prefirieron resolver un problema para la ciudadanía antes que sostener un sistema que beneficiaba a unos pocos”, indicaron fuentes ligadas al procedimiento de verificación.
Los números ilustran ese impacto. Según cifras oficiales, solo en septiembre y en la ciudad de Córdoba se verificaron casi 9 mil vehículos.
Antes, esa cifra era impensada. El salto no sólo transparentó el sistema, sino que multiplicó las posibilidades para los ciudadanos que necesitan cumplir con este trámite indispensable para transferir un vehículo.
