Mientras los asaltos contra choferes de Uber y otras aplicaciones como Didi no dejan de repetirse en la ciudad de Córdoba, la Policía y la Justicia trabajan para esclarecer los casos y dar con los supuestos autores. En ese marco, 59 jóvenes han sido detenidos en los últimos años por su supuesta vinculación a ataques de este tipo cometidos en la zona sudeste de la Capital.
Las investigaciones han sido realizadas por la fiscalía encabezada por Florencia Espósito y personal de Investigaciones Criminales de la Policía cordobesa, en conjunto con representantes de las plataformas de transporte.
Lo que llama la atención es la gran cantidad de operativos que condujeron a superar el medio centenar de detenciones por este tipo de hechos marcando así la gravedad y organización de estos delitos que llegaron a la ciudad de Córdoba para quedarse.
Los asaltos han ocurrido en la zona sur y sudeste de la Capital en barrios como Villa Inés, Maldonado, Campo de la Rivera, Müller, Renacimiento, Colonia Lola y Miralta.
Se verifica una multiplicidad de delitos que van desde robos simples hasta complejas asociaciones ilícitas con participación de menores de edad y uso de armas de fuego.
En total, entre los 59 imputados se cuentan 12 personas acusadas de asociación ilícita combinada con robo calificado, un imputado por encubrimiento simple, un imputado por encubrimiento agravado junto con tenencia de arma y un imputado por encubrimiento y tenencia de arma.
Además, hay cinco imputados por robo simple, cuatro que están acusados de robo agravado con participación de menores, dos imputados por robo agravado con menor involucrado y tres por robo calificado por uso de arma y participación de menor.
La cifra abrumadora es la de 30 imputados por robo calificado por uso de arma. Es decir, que en casi todos los ataques se registra el uso de armamento.
Los cargos impuestos por la fiscalía reflejan un entramado en el que la violencia y la participación de grupos organizados son la constante, con una fuerte incidencia de armas de fuego y la complicidad entre mayores y menores para la comisión de delitos.
Condenas por asaltos a Uber
De las 59 personas detenidas, 31 ya fueron condenadas.
La metodología delictiva es simple: por lo general, alguien llama a un conductor de aplicación para un viaje. Cuando el chofer llega, es abordado por varios ladrones que, en cuestión de segundos, se apoderan de dinero, celulares y hasta el rodado.
En otras ocasiones, el falso pasajero reduce al chofer y lo lleva a un lugar donde lo esperan sus cómplices.
Varios choferes han terminado heridos en medio de violentos robos.
Entre los 31 sentenciados, seis casos fueron mediante juicios abreviados iniciales, un procedimiento que permite una sentencia rápida ante la aceptación de cargos, acortando así el proceso judicial tradicional.
Los otros detenidos se encuentran en diferentes etapas procesales. Quince de ellos tienen cursada la elevación a juicio.
Otros cuatro se encuentran con prisión preventiva, lo que implica que están detenidos mientras se espera que avance la causa.
Los nueve restantes permanecen detenidos a la espera de que se definan sus situaciones procesales.
La distribución de estas situaciones muestra el avance parcial de los procesos judiciales y la complejidad de los mismos, que incluyen casos con múltiples imputados y pruebas de distintos tipos.
Las penas que fueron impuestas a los condenados también son un reflejo de la gravedad de los delitos y las circunstancias en que se cometieron.
La pena más leve aplicada ronda los ocho meses de prisión, mientras que la más alta alcanza los 12 años.
El promedio de las condenas está entre tres y cinco años de cárcel, con múltiples casos en los que la violencia y la participación de menores agravan la responsabilidad penal y, por ende, la pena impuesta.
“Hay algunas causas que tienen muchísimos hechos y hemos detectado, por el momento, tres asociaciones ilícitas. Otras causas están en el periodo de la reunión de prueba para poder establecer si se trata de una misma banda”, explicaron fuentes con acceso a las actuaciones.
Robos con armas
Entre las condenas más destacadas figura una sentencia de 12 años de prisión por robo calificado con uso de armas, en casos en que además se evidenció la participación de menores. Luego hay condenas de entre cinco y seis años para quienes cometieron robos calificados con armas.
También hubo penas de tres años para hechos con agravantes menores o en los que la participación directa fue reducida.
La mayoría de las condenas fueron dictadas mediante juicios abreviados, modalidad que acelera la resolución judicial con aceptación de culpabilidad. La mayoría de los condenados enfrentó la acusación de robo calificado con arma y recibió penas de entre tres y 12 años.
En cuanto al delito de asociación ilícita con robo calificado, hay hasta ahora 12 imputados con condenas o en proceso de juicio por esta modalidad delictiva.
Sin embargo, en la fiscalía encabezada por Espósito aclararon que el curso de las investigaciones continúa avanzando. Podría haber nuevas bandas identificadas en los próximos días.
Por encubrimiento agravado y tenencia de armas hubo tres imputados que están procesados por estos delitos relacionados, con penas aún por determinar en varios casos.
Además, se cuenta con imputados con penas menores por robo simple o agravado con participación de menores, que implican penas más breves pero que no dejan de ser relevantes dentro del entramado delictivo.
Participación de menores de edad: el factor agravante en los asaltos a Uber y Didi
Uno de los aspectos más preocupantes de esta red delictiva es la constante participación de menores de edad que actúan de forma independiente o como parte del plan criminal organizado por adultos.
En muchos hechos, los menores están directamente involucrados en la comisión de los robos, lo que dificulta su imputabilidad penal, ya que la legislación vigente no contempla responsabilidad plena para ciertos grupos de edad.
La participación de menores con adultos agrava las penas para los mayores, quienes son responsabilizados por haber involucrado a personas inimputables o con responsabilidad limitada.
La modalidad operativa incluye el reclutamiento de jóvenes para acciones delictivas, quienes en ocasiones actúan como señuelos o para la reducción de elementos robados.
Este fenómeno configura un mecanismo de criminalidad que utiliza la vulnerabilidad legal de los menores para dificultar la investigación y la persecución penal, aumentando la gravedad del problema social.
