A las 7.30 de este martes aterrizó en el aeropuerto Ministro Pistarini, de Ezeiza, el avión que trajo desde Madrid, España, al empresario cordobés Marcelo Eduardo Finkelberg (56), quien debe responder en juicio por el supuesto vaciamiento de una empresa agropecuaria en perjuicio de un fideicomiso de siembra.
La solicitud de extradición corresponde a la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, que el año pasado, cuando iba a realizar el juicio, descubrió que ya no estaba “a disposición” del tribunal y lo declaró prófugo.
Una vez que Finkelberg pisó suelo argentino, lo esperaba una comisión policial que había viajado desde Córdoba hasta Ezeiza. Por vía terrestre, los efectivos del grupo Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendables) trasladaron y custodiaron al extraditado hasta Córdoba.
Tras recorrer 750 kilómetros, en horas de la tarde, el empresario fue conducido hasta la Jefatura de Policía y a la Unidad Judicial de Delitos Económicos –a cargo del ayudante fiscal Pablo Bazán– para ser fichado.
Minutos más tarde, fue trasladado hasta la cárcel de Bouwer.
Ahora, el procesado queda a disposición del tribunal a la espera del juicio que se realizará “cuanto antes”, según anticiparon fuentes judiciales. La expresión puede significar que el juicio se desarrolle durante el segundo semestre del año.
El pasado 2 de marzo, Finkelberg había sido detenido por agentes de Interpol de Madrid, España, que lo identificaron y constataron que sobre él pesaba un pedido de captura internacional desde la Justicia de Córdoba, la de Argentina.
El pedido de Tribunales 2 se debe a que Finkelberg tiene pendiente un juicio por “defraudación por vaciamiento de empresa”, según el artículo 173, inciso 12 de nuestro Código Penal. Lo esperan desde la Cámara 10ª del Crimen, tribunal que perdió todo contacto con él cuando en julio pasado estaban haciendo los preparativos para el debate oral y público.
La causa
Finkelberg es administrador de empresas.
Junto con el contador Julio César Murga (63) deben responder por presuntamente haber estafado a numerosos integrantes de un fideicomiso agropecuario con sede en Villa Allende, por el sistema de pool de siembra, cuyos socios (fiduciantes) aportan capital para que los administren quienes crearon el grupo.
Murga y Finkelberg habían constituido la empresa Amanal SA, que en 2007 modificó su objeto social hacia la administración de fideicomisos. Así, se creó el Fideicomiso de Granos del Centro I, que atrajo a numerosos inversores que hicieron su aporte de capital.
La causa judicial se inició ante la denuncia de uno de los fiduciantes, Bernardo María Llorens, quien consiguió que el entonces fiscal del fuero Penal Económico y Anticorrupción, Hugo Amayusco, imputara a Murga y a Finkelberg por “defraudación fiduciaria”.
Ese instructor describió en su momento la maniobra que habrían realizado ambos empresarios como una situación de “promiscuidad”, al hacer movimientos de giro comercial y documental entre Amanal y el fideicomiso, por los cuales –a grandes rasgos– los beneficios se dirigían a la primera y los gastos se imputaban a la segunda.
En su momento, Amayusco mencionó a decenas de fiduciantes o aportantes de capital –entre ellos, Llorens– que vieron esfumarse su inversión cuando les comunicaron que por “mal resultado de la cosecha” habían perdido sus fondos.
En septiembre de 2016, el fiscal señaló que “el beneficio efectivamente percibido por los imputados” sería de “aproximadamente” $ 1.824.000, a valores históricos de fines de la primera década de 2000.
El instructor agregó que Murga dispuso de los fondos del fideicomiso en virtud de un “plan malicioso”, contando para esto con la colaboración de Finkelberg, a quien consideró partícipe necesario del delito de “defraudación fiduciaria”.
Tras el pedido de elevación a juicio del fuero Penal Económico, la causa tuvo un largo recorrido de recursos, pandemia mediante. La instrucción de Amayusco (jubilado en 2018) fue confirmada luego por el juez de Control Esteban Díaz Reyna y, finalmente, por el pleno de la Cámara de Acusación.
Luego de estas instancias, quedó firme la elevación a juicio con la figura de “defraudación por vaciamiento de empresa”.
Fuga y búsqueda
A mediados de 2022 se estaban realizando los actos preparatorios en la Cámara 10ª del Crimen para realizar el juicio oral y público. Pero un comisionado policial advirtió al tribunal que, cuando fue a llevar una comunicación a Finkelberg, le indicaron que ya no vivía en su domicilio habitual y no era posible ubicarlo.
Allí comenzó la búsqueda, infructuosa, hasta que se dictó la captura internacional.
La pesquisa se valió de un dato de un familiar cercano, lo que permitió determinar que el administrador de empresas estaba en Europa, muy probablemente en España. El dato se fue afinando, hasta que se llegó al lugar preciso: Finkelberg estaba viviendo en Palma de Mallorca.
La colaboración de Interpol permitió llegar hasta la persona buscada y lograr la detención del argentino prófugo.
En dos meses y medio, quedaron solucionados todos los trámites para completar la extradición.
