La Cámara de Acusación de Córdoba avaló la elevación a juicio contra tres médicos acusados por las muertes de seis bebés y las lesiones provocadas presuntamente a otro. Los hechos ocurrieron entre setiembre de 2011 y julio de 2013 en la clínica Sanagec de Córdoba.
La clínica pertenece desde 2004 a la obra social Osecac, entidad que nuclea a empleados de comercio de todo el país.
A partir del auto de elevación a juicio del fiscal Tomás Casas en 2023, confirmado en febrero pasado por la jueza de Control Anahí Hampartzounian, deben responder por supuesto homicidio culposo los siguientes acusados: Ricardo Antonio Chercoles (75), Ricardo Fidel Mansur (62) y José María Paisani (54).
A los dos primeros se les adjudican seis hechos de homicidio culposo, mientras que a Paisani la acusación es por cuatro resultados. Además, los tres deben responder por lesiones culposas por un séptimo caso de un bebé que fue trasladado y salvó su vida.
Esa decisión de la jueza Hampartzounian en febrero fue recurrida por el defensor Ernesto Gavier, quien apeló ante la Cámara de Acusación, tribunal que ahora ratifica la realización del juicio. En los próximos días, si no se casa la decisión, se debe sortear la causa para determinar qué cámara del crimen de Córdoba realizará el juicio.
Además de las seis muertes, hay un “séptimo hecho” que se refiere a las lesiones que sufrió uno de los bebés que sobrevivió y que había sido trasladado a otra clínica privada para su recuperación.
En la causa, actúa como querellante el abogado Carlos Nayi, quien representa a padres de bebés fallecidos. Lo mismo realiza este abogado como querellante en representación de madres por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. Pero, en este caso, se trata de homicidios considerados por la investigación como dolosos.
Este lunes se conoció que, por unanimidad, la Cámara de Acusación rechazó el recurso defensivo y confirmó la realización del debate. En tal sentido se pronunciaron los jueces Maximiliano Octavio Davies (autor del primer voto), Carlos Alberto Salazar y Patricia Alejandra Farías.
Si bien desde la defensa se señalaron elementos a favor de los acusados, el tribunal rechazó la argumentación a partir de su jurisprudencia: “La probabilidad exigida para elevar a juicio una causa (elementos de convicción suficientes) no requiere la ausencia de elementos de prueba negativos, ni que éstos sean cuantitativamente superiores a los primeros”.
Por eso, añaden que “la existencia de indicios de descargo, son válidos y deberán ser tenidos en cuenta en el debate, más son insuficientes para contrarrestar los numerosos indicios de cargo destacados” por el fiscal instructor y por la jueza.
Por eso, señalan los vocales de Acusación “que las bondades del plenario contribuirán seguramente a aclarar la verdad de los hechos y a disipar cualquier otra duda que se pudiera presentar sobre la presente investigación”.
Al borde de la prescripción
En agosto de 2022, la inquietud de este diario permitió “desempolvar” el expediente que investigaba la muerte de 18 bebés en una clínica privada de la ciudad de Córdoba y que tenía como presuntos responsables a cuatro médicos.
La Voz requirió información y la consulta ante la Fiscalía General generó que el fiscal actuante, Tomás Casas, buscara el expediente que tenía en su despacho y comprobara, según él informó a sus superiores, que había prescripto en sus manos.
Así lo informó en su momento la cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, según el informe que había formulado el propio instructor.
Cuando todo indicaba que la persecución penal ya no era posible y se señalaba que sólo restaba que la defensa de los galenos pidiera el sobreseimiento, apareció una novedad. Además de pedir informes al fiscal Casas, se solicitó lo mismo a quien tuvo la causa en primer término hasta que debió apartarse: el fiscal Rubén Caro (hoy jubilado).
Este funcionario judicial realizó un estudio minucioso y llegó a la conclusión, según sus constancias, de que en realidad había elementos para establecer que el expediente recién dejaba de tener vigor a comienzos de 2023. La causa no está prescripta, se informó de fuentes del Ministerio Público.
De inmediato, Casas reactivó las actuaciones y entonces cerró la investigación con la elevación a juicio.
En este caso, actuó desde el comienzo como querellante el abogado Carlos Nayi, en representación de las mamás de los bebés fallecidos. Desde el comienzo de la instrucción, batalló para que la investigación no cayera.
En un primer momento, Caro había planteado archivar las actuaciones, a lo que Nayi se opuso. Le dieron la razón al querellante el juez de Control que decidió que debía continuar investigando. Caro se apartó y giró las actuaciones a Garzón, pero después tomó la causa Casas. Una y otra vez se había planteado la insubsistencia de la acción penal por prescripción. En aquella oportunidad, la insistencia de Nayi consiguió rescatar la instrucción.
