La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se encuentra en el centro de una investigación judicial y administrativa tras una denuncia sobre el presunto uso indebido de sus recursos y servicios. Esta situación involucra a cinco profesionales que prestan servicios en la institución y están vinculados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El Consejo Directivo de la UNRC resolvió este viernes suspender preventivamente a los cinco profesionales por un plazo de 30 días. Esta medida no debe interpretarse como una sanción, sino como una acción cautelar adoptada en el ámbito administrativo mientras avanza la causa judicial paralela.
Según explicó la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, la situación surge de una relación de doble empleo que involucra tanto al ámbito público (como docentes o investigadores de la UNRC) como al Conicet.
La ley impone la obligación de tramitar un sumario administrativo para investigar los hechos y determinar las responsabilidades en estos casos.
Vínculo entre el proceso administrativo y la causa penal
El proceso administrativo interno y el avance de la investigación penal están estrechamente relacionados. Hugo Abraham, representante legal de la casa de altos estudios, detalló que cualquier persona condenada por la justicia no puede mantener una relación de empleo en el ámbito público. Por ello, cualquier sanción administrativa que derive de la investigación interna tendrá un carácter provisorio, ya que la calificación final de la sanción estará vinculada a los resultados del proceso penal.
Las posibles sanciones podrían incluir la exoneración de los implicados.
Detalles de la denuncia y los imputados en Río Cuarto
La denuncia se centra específicamente en el uso indebido del espacio físico de la universidad. Se alega que profesionales con vínculos con el Conicet, pero no directamente empleados por la UNRC, habrían hecho uso irregular de estas instalaciones.
La suspensión preventiva de 30 días incluye la prohibición de acceso a los espacios de la facultad para garantizar la transparencia del proceso. La responsabilidad, según Abraham, está ligada tanto a la relación laboral como al avance de la causa penal.
Los cinco profesionales señalados tienen vinculación laboral con la UNRC y/o el Conicet. Han sido identificados como Oscar Masciarelli, Judith Reinaga, Lucas Gallarato, Analía Llanes y Julia Iparraguirre.
Masciarelli, Reinaga y Gallarato pertenecen al personal de apoyo del Conicet, con uno de ellos teniendo además un contrato docente. Analía Llanes y Julia Iparraguirre son docentes de planta permanente de la facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
En cuanto a su situación actual, Maciarelli y Gallarato estuvieron detenidos durante aproximadamente tres semanas y recuperaron su libertad tras una fianza de $ 10 millones. Judith Reinaga permanece bajo arresto domiciliario. Las dos docentes, Llanes e Iparraguirre, se encuentran con licencia médica.
El decano de Ciencias Exactas, Germán Barros, confirmó que todas estas personas trabajaban dentro de la facultad, más allá de su vínculo contractual.
Postura institucional y apoyo a la denunciante
Las autoridades universitarias aseguraron que, si bien el caso es grave, no debe generalizarse la situación, considerándolo un hecho aislado.
La rectora Marisa Rovera señaló que la UNRC cuenta con más de 300 servicios a terceros, y este es un incidente puntual que requiere investigación detallada. Enfatizó que la universidad sigue siendo un referente en la calidad de sus investigaciones y su vinculación con el Conicet.
