Luego de que la Justicia federal excarcelara a investigadores acusados de uso ilegal de laboratorios en la UNRC, la denunciante pidió protección por temor a sufrir hostigamientos y represalias.
Según trascendió, la mujer trabaja en los mismos laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas donde los investigadores imputados supuestamente hacían trabajos privados.
La docente denunció a sus pares en mayo del 2024 en la UNRC. Sostuvo que equipamiento de alta tecnología y hasta insumos universitarios eran utilizados para análisis particulares. Con el argumento de que los denunciados no pertenecían a la planta universitaria sino al Conicet, el área jurídicas no resolvió sobre su situación.
La Justicia federal actuó de oficio este año. El 28 de abril, tras un allanamiento en el campus fueron detenidos los especialistas Oscar Masciarelli y Lucas Gallarato. Luego se ordenó la detención de la investigadora Judith Reynaga, a la que se le concedió prisión domiciliaria.
Finalmente, hubo tres imputaciones más: las investigadoras universitarias Analía Llanes y Julia Iparraguirre y un presunto encubridor, ajeno a la UNRC (que habría ayudado a ocultar pruebas a un imputado).
Al conocer que Masciarelli y Gallarato fueron liberados, la semana anterior, la denunciante hizo una presentación judicial. Advirtió que volver a trabajar con ellos implicaría una situación de violencia moral y dejó sentado, ante la Fiscalía Federal, su temor a que potencialmente pudiera ser amedrentada u hostigada por haber cumplido con el deber de denunciar.
En principio, la Justicia justificaba las detenciones porque hubo indicios de que algunos imputados intentaron ocultar pruebas. Al disponer las excarcelaciones, fijaron las condiciones de rigor, por ejemplo que no salgan de la ciudad sin avisar.
Pero ahora trascendió que la Justicia dispuso nuevas medidas. Si bien desde el Juzgado no dieron ningún tipo de información oficial, pudo saberse que el juez Ochoa ordenó la la prohibición de acercamiento y de trabajo en el mismo ámbito laboral de la denunciante con los denunciados para prevenir cualquier acto de intimidación u hostigamiento.
Además, con el mismo fin, el magistrado pidió al decano dela Facultad de Ciencias Exactas y, por su intermedio a la UNRC, que, mientras dure la investigación, “se evite que presten servicios laborales en los mismos espacios”.
Al recibir la notificación, el decano Germán Barros, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Exactas para este jueves 29 de mayo a las 14.30. “Según el régimen de Consejo Directivo de la FCEFQyN en su artículo 13 se debe hacer con al menos 48 horas de anticipación el aviso dado que recién recibimos el dictamen de Asuntos Jurídicos. El tema a tratar será: informe de la fiscalía recibido en el marco de la causa de público conocimiento y dictamen de la Dirección Asuntos Jurídicos. Allí se evaluarán los pasos a seguir”, anticipó.
Si bien tiempo atrás ya se habían arbitrado medidas para que no trabajen en el mismo ámbito la denunciante y los sospechados, ahora algún laboratorio está cerrado y la UNRC debe analizar qué curso seguir, porque el caso también atañe al Conicet y aún se está lejos de una sentencia definitiva.
