El dato llamó la atención de los investigadores cuando allanaron la casa 13 del country Las Cortaderas, en la localidad de Rodeo de la Cruz, en Mendoza. Durante el operativo en la vivienda de la despachante de aduana Gabriela Lourdes Pontoni, observaron notas de crédito y facturas de exportación del año 2020 quemadas.
Pontoni (42) es una de las 43 personas de Córdoba, Misiones, Buenos Aires y Mendoza imputadas en la investigación que lleva adelante el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari. El año pasado comenzó a seguir los rastros de una asociación ilícita que habría cometido delitos aduaneros, fiscales, cambiarios y lavado de activos durante casi 10 años.
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba revocó la excarcelación y ordenó que continuara con prisión domiciliaria. Entre los elementos valorados que apoyaron la decisión, surge la sospechosa quema de datos que pudieran haber tenido un valor probatorio incriminatorio.
Empresas
Desde enero de 2011 y hasta fines de 2020, la asociación ilícita, presuntamente liderada por el contador Leonardo Gustavo Vicente (de Alta Gracia) y por Jorge Rolando Weiss (de Misiones), habría creado compañías insolventes. Ambos están detenidos con domiciliaria. La Cámara debe resolver ahora si los mantiene en esa condición o, en cambio, les otorga la libertad, según explicó una calificada fuente judicial a La Voz.
La organización habría comenzado a operar a partir de la constitución de la firma Al Quintal SA, integrada por Normando Claudinio Sánchez y Marta Elisa Giussiani, asesorada por el propio Vicente. Pero habría utilizado para sus operaciones ilegales al menos 14 empresas falsas o irregulares, como publicó inicialmente Perfil.
La banda habría constituido falsas pymes a través de figuras societarias ficticias e insolventes (denominadas “carpetas”), con socios prestanombres igualmente insolventes, cuya actividad declarada mayormente era la venta de productos primarios (ajo, cebolla, porotos y soja desactivada).
La mercadería era adquirida en el mercado interno, sin la justificación sobre el origen de los fondos. Luego se exportaba, presuntamente a Uruguay, declarando valores inferiores al promedio de mercado (subfacturación).
Posteriormente, las empresas habrían triangulado la facturación y el pago de las exportaciones con empresas radicadas en países de baja tributación y con escaso control cambiario, como Uruguay. Pero, en realidad, la mercadería habría terminado en Brasil.
Las maniobras también habrían afectado el mercado cambiario, porque las empresas insolventes habrían exportado eludiendo la liquidación de las divisas obtenidas del exterior. De esta manera, la finalidad habría sido ingresar a la Argentina dinero de forma clandestina para, luego, insertarlo en el mercado “negro” de compraventa de moneda extranjera (dólar paralelo).
El recorrido de las ganancias de la banda habría desembocado en el lavado de activos.
Facturas truchas
La organización, además, habría realizado operaciones comerciales reales y falsas. Habría emitido facturas truchas fingiendo compraventas o exportaciones de productos primarios, con lo que habría posibilitado “camuflar” operaciones marginales de comercio, en perjuicio del fisco.
La Afip se veía perjudicada porque no se generaban débitos fiscales de IVA y de Ganancias por ventas reales, generando para el comprador créditos fiscales apócrifos que nunca ingresaban al fisco.
Por otro lado, la Afip también se habría visto perjudicada por el manejo de los fraudulentos saldos de libre disponibilidad generados por los contribuyentes falsos. Esos saldos se generaban, ya que la banda pedía su devolución o la transferencia a otros contribuyentes.
Por su parte, el fiscal sospecha que a través de la emisión y la venta de facturas truchas (“usinas”), simulando operaciones de comercio interno, los “clientes” que las adquirían buscaban evadir el pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, registrándose deducciones de Ganancias y créditos fiscales de IVA.
La despachante y los papeles quemados
En el contexto de algunas de las maniobras aparece el nombre de la despachante de aduana Pontoni, de Mendoza. Está sospechada de haber participado de la asociación ilícita como integrante, al igual que otras 22 personas, bajo el supuesto liderazgo del contador Vicente y Weiss.
Habría tenido injerencia en la comercialización de las mercaderías a Brasil, ya que actuó como despachante de Agrocordoba SRL, TOP Cerealera SRL, Paulo Giovani Dos Santos y Martínez Agro Export y Import SA.
También interactuó con JW Agro SRL y Nelson Abel Cuervas. Otra firma, Perello Silvero SRL, emitió facturación a nombre de Pontoni y Al Quintal SA, otra de las firmas sospechadas.
Cuando allanaron su casa en el country mendocino –que cuenta con una laguna artificial en el ingreso–, generó suspicacia el hallazgo de documentación incendiada (notas de crédito y facturas de exportación, entre otros papeles).
Se sospecha que, antes del allanamiento, su empleada doméstica prendió fuego las anotaciones, presumiblemente para ocultar su supuesto vínculo con las maniobras.
Al justificar la revocación de la excarcelación dictada por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, la camarista Graciela Montesi aludió a la quema de documentación y sostuvo que, de comprobarse la finalidad, sería un claro indicio de que Pontoni, estando en libertad, podría intentar desechar otros elementos probatorios y así entorpecer la investigación.
También valoró la posible participación de la mujer en los delitos, la cantidad de investigados y sus responsabilidades. De ese modo, concluyó que la despachante podría contar con medios suficientes (en noviembre percibió un ingreso de 1,6 millones de pesos) para obstaculizar la instrucción, por lo que consideró que existía un riesgo procesal.
El camarista Eduardo Ávalos compartió el criterio (con la disidencia de Ignacio Vélez Funes), y por mayoría, la Sala revocó la excarcelación y mantuvo la domiciliaria.
Los roles de la banda
Vicente habría constituido las empresas y habría realizado sus gestiones contables e impositivas. Su rol habría sido el de manejar y administrar las “carpetas” de las firmas de las que la banda, al parecer, se valía para las maniobras.
Habría fabricado facturas falsas y alistado la documentación para simular que las “usinas” concretaban exportaciones. También habría tramitado los “recuperos de IVA” a partir del uso de los comprobantes falsos comercializados y habría preparado todo para el pedido de concurso o de quiebra de esas compañías.
Weiss, por su lado, habría sido el “organizador financiero”, coordinador logístico y nexo con clientes en Brasil y con despachantes. Habría decidido sobre la adquisición de la mercadería, los valores de comercialización, la exportación y el dinero de la operatoria.
También habría intervenido en el movimiento de los fondos de las operaciones de la banda a través de financieras, en efectivo y cuentas bancarias.
Otros sospechados como integrantes de la asociación habrían tenido diferentes roles: Daniel Di Tomaso, en la confección de contratos con clientes del exterior y colocación de fondos; José Daniel Cristian Agüero, como “reclutador” de personas para la conformación de las empresas a cambio de montos mensuales y gestor de trámites; y Magdalena Valor, como colaboradora de Vicente en la presunta emisión de facturas apócrifas.
Surgen, además, Manuel Rubén Ontivero (junto con Vicente, se habría encargado de preparar y comercializar las boletas falsas), Normando Claudino Sánchez (habría sido el “reclutador”, colaborador de Weiss y miembro societario de Al Quintal) y Sandra Patricia Quiroga (formadora de empresas e integrante societaria de Al Quintal).
El brasileño, más complicado
El brasileño Paulo Giovani Dos Santos figura como exportador. Habría emitido facturas por más de 86 millones de pesos (casi 1,2 millones de dólares). Registra viajes con Weiss, quien lo habría tenido entre sus colaboradores de confianza. La situación de Dos Santos se complicó, con ampliación de la imputación, según apuntó una fuente judicial a La Voz, aunque las precisiones se mantienen en reserva por el avance de la instrucción.
De la nómina de imputados surgen datos llamativos: Janet Emelí Alasia figura como socia de Expocordoba, una de las presuntas “usinas” de facturas.
Lo sugestivo es que Alasia no posee bienes registrables ni acreditaciones bancarias, declaraciones juradas ni pagos a la Afip, pero es “socia” de esa empresa que aparece con facturaciones por exportaciones por más de 43,5 millones de pesos en seis meses.
La presunción es que sería una prestanombre, al igual que Axel Benjamín Bloch. El hombre funge como socio de JW Agro SRL (vinculada a Vicente), pero su situación económica resulta “incompatible” con los montos operados por la firma: más de 350 millones de pesos.
