Una caja fuerte con dinero, una foto de un auto robado hace siete años, profusa documentación apócrifa y el amplio consenso vecinal de que eran “estafadores”. Un hombre, su esposa e hijo fueron enviados a juicio acusados de haber montado una “pyme” delictiva dedicada a perpetrar múltiples delitos; entre ellos, estafas con la venta de camionetas “mellizas” en Córdoba.
Entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, Favio José Torres (34), sus padres, Gabriela Inés Gallardo y Favio Torres, y otras personas (no identificadas) habrían conformado una banda para consumar y encubrir delitos vinculados con estafas a particulares.
Camionetas “mellizas”
Las operatorias habrían comenzado con la recepción de vehículos robados y sus autopartes adulteradas. Los investigadores, bajo la dirección de la fiscal federal de Villa María en Córdoba, María Schianni, determinaron que, con la ayuda de terceros, gestionaban ante la Dirección Nacional de Registro del Automotor (DNRPA) consultas de dominio para obtener los datos registrales de los rodados que luego serían los “mellizos”, falsificando la documentación.
Se valían, incluso, de la DNRPA para conseguir la “materia prima” suficiente para elaborar los documentos públicos (formularios, cédulas verdes, títulos, etcétera). También obtuvieron recibos de pago emitidos por el registro, pólizas de seguro, boletos de compraventa, formularios en blanco, sobres para plastificar, impresoras y otros elementos.
Para perfeccionar las maniobras, habrían utilizado los datos de los titulares auténticos de los vehículos para ofertar los “mellizos” a través de una plataforma comercial online. Usaban como teléfonos de contacto líneas prepagas a nombre de otras personas.
Los “dueños” que nunca llegaban
Así, mediante esa plataforma, WhatsApp o teléfono negociaban con los “clientes” (posteriores damnificados). Como en todas las defraudaciones del rubro automotor, a último momento el “titular” del rodado ofertado (“mellizo”), es decir, el estafador (ya que el dueño del rodado original ignoraba que usaban sus datos para vender el “gemelo”) “no podía asistir” y, en su lugar, concurría un “familiar” (integrante de la organización), siempre según la acusación.
Para evitar ser descubierta, la familia Torres creó un usuario en una plataforma de comercio electrónico a nombre del dueño real de una Volkswagen Amarok (porque contaban con sus datos), sin que este lo supiera. Así, a fines de 2019, habrían ofrecido una Amarok robada (“melliza”), con patentes y número de chasis y motor falsos.
De esta forma, bajo el nombre del titular real (sin que este supiera), y con documentación falsa o adulterada, habrían engañado a un interesado. Pactaron encontrarse en Embalse y cerrar el trato a cambio de U$S 8.300, $ 99 mil y un Renault Fluence. El damnificado siempre creyó que había recibido una Amarok “legal” cuando, en realidad, no era otra cosa que una “melliza”.
Con el mismo modus operandi, los Torre-Gallardo habrían encubierto el robo de otra Amarok, sustraída a una mujer en la ciudad bonaerense de General Belgrano, en septiembre de 2019. Casi un año después, la familia habría estafado a una pareja interesada en comprarla lícitamente por U$S 10.400.
Para aparentemente no ser descubierta y aumentar la eficacia de los ardides, la banda habría actuado en diferentes zonas geográficas del país, muy distantes entre ellas. Así, acordaron cerrar la venta de esa Amarok en una estación de servicio de Pergamino.
Ese día, casualmente, tampoco pudo asistir el “dueño”, por lo que en su reemplazo fue su “hermano”, “Ariel”. Los damnificados recibieron la camioneta “gemela”, con las patentes y los papeles apócrifos.
La estafa se descubrió, según la acusación, cuando quisieron transferir la flamante camioneta en un registro porteño y allí se anoticiaron de las irregularidades en la documentación.
Dos elementos fueron claves en ese hecho. Por un lado, una de las víctimas logró identificar a Torres (h) como quien le entregó la Amarok “gemela” en Pergamino. Por el otro, una gestora reconoció que fue el mismo joven imputado quien le encargó la obtención del informe de dominio de la Amarok original (sustraída en General Belgrano), usado para gestar la “melliza”.
Elementos sugestivos
Cuando allanaron la casa de Torres (h), en Río Cuarto, los efectivos encontraron 71 sobres para plastificar, listos para falsificar cédulas verdes, llaves de autos, impresoras y la cédula burdamente falsificada de un vehículo. También descubrieron una pistola oculta en un calefactor, por cuya tenencia ilegítima había sido condenado en otra causa.
En el domicilio de sus padres, secuestraron un sello de la DNRPA ilegítimo, documentación de diversos rodados (entre ellos, de la camioneta de General Belgrano), dinero en una caja fuerte y computadoras. Sugestivamente, en una notebook hallaron una foto del chasis de un auto sustraído en 2017 y un programa de diseño probablemente utilizado para falsificar documentación.
El concepto vecinal sobre la familia reforzó las sospechas de la fiscal: todos fueron coincidentes en que se trataba de conocidos “estafadores”. Otro de los indicios sobre las operatorias de la organización y su vinculación con otros delitos fueron los boletos de compraventa a nombre de dos “vendedores” o “compradores”, también investigados por presunta comercialización ilegal de autos robados.
No fue menor para los investigadores que el servicio de internet instalado en la casa de Torres (h) estaba a nombre de su madre. Desde esa vivienda, se habrían realizado parte de las estafas.
Aunque habrían usado diversos chips prepagos para consumar las maniobras, la señal de las llamadas que los imputados realizaron (en la fecha de las estafas) impactó en las antenas telefónicas en la zona de cobertura donde tienen sus domicilios, lo que sumó otro elemento al cuadro probatorio.
La fiscal pidió al juez federal de Villa María, Roque Rebak, la elevación a juicio de la familia por múltiples delitos: presunta asociación ilícita; conservación de material para falsificar; encubrimiento del hurto con escalamiento, con ánimo de lucro; estafa; uso de documentos públicos y privados adulterados, agravado por estar destinado a acreditar la identidad del dominio; falsificación y alteración de la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley; encubrimiento de falsificación, y alteración de la numeración de un objeto registrado.
