El jueves próximo, a las 12.30, se escuchará la última palabra en el juicio por la explosión de la ambulancia del servicio de emergencia municipal 107. Pocas horas después, se conocerá el veredicto de una causa que demoró casi 11 años en obtener respuesta de la Justicia.
Siempre se especula sobre los perjuicios que ocasiona el retardo de justicia, al punto que llega a decirse que "la justicia tardía no es justicia". Hoy, resulta interesante analizar lo que sucedió en este prolongado lapso en torno a los protagonistas y hechos de esta trágica historia.
Todo comenzó el mediodía del martes 26 de setiembre de 2006, cuando la ambulancia que había concurrido al sudeste de la ciudad de Córdoba a socorrer a dos policías que se habían accidentado estalló por una explosión que terminó por consumirla en llamas.
Como saldo trágico, quedaron cuatro víctimas fatales y dos heridos graves. Los fallecidos fueron la enfermera Ada Camozzi, el médico Gustavo Botta y los policías Rodrigo Maximiliano López (oficial) y María del Valle José Padilla (cabo).
Además, padecieron secuelas, pero sobrevivieron, el chofer de la ambulancia, Rubén Alberto Peralta, y el policía Luis Fernando Monserrat, quienes estaban en la parte delantera.
Tiempo después, fueron imputados como responsables del estallido quien era director de Emergencias de la Municipalidad de Córdoba, Claudio Marcelo Gómez (médico); los empleados comunales Carlos Navarro (del área de Logística) y Pablo Federico Olmos (colaborador).
El cuadro de acusados se completa con las personas relacionadas con la empresa que carrozó
la ambulancia: Ricardo Alberto Vallé y Omar Alfredo Vallé (socios gerentes de la firma Vallé), Víctor Enrique Scienza (empleado), Pablo Perotti (ingeniero) y Héctor Alberto Seveso (ingeniero asesor).
Muertos sin veredicto
A la penosa realidad que vienen sufriendo desde hace tantos años quienes resultaron heridos y los familiares de los muertos, más aquellos que soportan el peso de semejante acusación, en todos estos años se les han sumado algunos acontecimientos que contribuyen no sólo a esos pesares, sino también a aumentar el sinsabor de injusticia.
Tras aquel martes fatídico, en noviembre de 2007 se produjo una muerte más entre los allegados a las víctimas. El también policía, agente Oscar Padilla (30), se quitó la vida presumiblemente por no poder superar la muerte de su hermana, la cabo María José Padilla (31).
En ese momento, un superior suyo declaró que el policía sufría depresión y problemas relacionados con la muerte de su hermana en la explosión de la ambulancia.
Este episodio violento no sería el último que deberían sufrir los Padilla, porque otra hermana de los anteriores tuvo un final trágico: en octubre del año pasado, Natalia Padilla (41) fue asesinada de una puñalada por su pareja, según investiga la Justicia provincial, en la punta de línea del transporte de pasajeros Ersa, en barrio Artigas.
La víctima de femicidio, esposa de un chofer de colectivos de esa empresa, venía transitando con indignación el proceso judicial de su hermana. Al cumplirse el último aniversario de la tragedia del 107, Natalia escribió en su cuenta de Facebook: "Un día como hoy y a esta misma hora, hace un tiempo atrás todo cambió... lo que no cambió es la falta de justicia".
Entre los acusados, hay otro fallecido que tampoco pudo acceder al veredicto de la verdad judicial. El imputado empresario y titular de la firma carrocera, Omar Alfredo Vallé, murió por causas naturales a mediados de mayo de 2015. Terminó su vida sin haber resuelto sus cuentas con la Justicia. O sin que la Justicia las resolviera.
Además de las desapariciones físicas de allegados a las víctimas y de uno de los imputados, también debió lamentarse la destrucción de los restos de la ambulancia 107.
La Fiat Ducato que estaba guardada en el depósito de Potrero del Estado, bajo custodia, fue compactada y reducida a chatarra.
Cuando la jueza del juicio, Susana Beatriz Cordi Moreno, dio la orden de ubicar el motovehículo para realizar un nuevo peritaje por pedido de defensores, se dieron con que ni siquiera era ubicable esa chatarra.
Desde el Poder Judicial se explicó que no es necesario conservar esa prueba porque los peritajes ya se realizaron. Hasta hoy subsiste el entredicho entre quienes coinciden con esto y aquellos que entienden que se destruyó prueba.
Veredicto
En todo este lapso de demora, se han sucedido no pocos hechos. El jueves que viene se escuchará la esperada sentencia.
Para mensurar las posibilidades del resultado de este juicio, conviene repasar los pedidos de pena de la fiscal de la Cámara 1ª del Crimen María Dolores Romero Díaz.
En su alegato, la representante del Ministerio Público pidió la absolución del ingeniero asesor Seveso y condenas a los seis restantes, por homicidio culposo agravado (cuatro resultados) y lesiones culposas agravadas (dos resultados). Al gerente de la empresa carrocera Ricardo Alberto Vallé y al extitular de Emergencias Gómez les pidió cuatro años de prisión efectiva. Además, requirió que el primero sufra inhabilitación especial y el segundo inhabilitación absoluta.
Por los mismos cargos, para Scienza (exencargado de Calidad de la firma Vallé), Olmos y Navarro (jefe y subjefe de Logística municipal), la fiscal requirió tres años de prisión condicional; mientras que para Perotti (ingeniero de la carrocera), pidió dos años y medio de prisión en suspenso (sólo por homicidio culposo agravado, más inhabilitación especial).
Entre los querellantes, la Municipalidad adhirió a la petición fiscal, mientras que llamó la atención la postura del abogado Alejandro Zeverín, representante de los familiares de una de las víctimas, el policía Maximiliano López, quien centró la acusación en los municipales y exculpó a los miembros de la empresa Vallé.
Como era de esperar, los defensores han pedido las absoluciones.
Muchos de los retrasos se debieron a los recursos esgrimidos por las mismas partes, que postergaron varios años el inicio del debate.
Luego de idas y venidas para llegar al juicio, se discutió la designación de la jueza, ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia.
Durante la tarde del jueves próximo, se producirá en Tribunales 2 la "hora de la verdad" de una prolongada historia judicial.
Acaso sea el principio del fin de numerosos pesares de un colectivo de personas que quedaron atrapadas en el tiempo y en el intrincado recorrido de los vericuetos judiciales.
