En un nuevo escándalo que sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), dos empleadas de la fuerza quedaron detenidas en las últimas horas por su vinculación con la introducción de celulares a la Cárcel de Bouwer.
Los teléfonos están prohibidos en los establecimientos penitenciarios principalmente para los presos como para los propios guardias. Es una normativa que nadie puede ignorar.
De hecho, los celulares son usados en los presidios, por lo general, para la concreción de numerosas estafas contra personas en Córdoba y otras provincias. Un aparato, dentro de la cárcel, es revendido desde 500 mil pesos hasta $ 1 millón, en promedio.
La Provincia informó que en las últimas horas, y en el marco de una requisa en el Complejo Carcelario N° 1 Padre Francisco Luchesse (Bouwer) se descubrió que una empleada penitenciaria (subayudante enfermera) intentaba ingresar al establecimiento dos cajas con teléfonos celulares y accesorios en su mochila.
Luego, el personal de requisa de la misma fuerza le encontró otro teléfono en el portaobjetos de la puerta del conductor.
Al verse cercada, la agente entregó un tercer teléfono que ocultaba en el bolsillo derecho de su campera antes de que se revisara su vestimenta.
Posteriormente, se detuvo a otra empleada del SPC.
De manera oficial se constató que la operadora del escáner (colocado en el ingreso al complejo precisamente para evitar el ingreso de drogas y celulares) no advirtió los dos teléfonos celulares que estaban en el interior de la mochila de su camarada.
A fin de corroborar si había sido un descuido, un accidente o si era complicidad, el personal de requisa controló la imagen del escáner.
Fue así que se descubrió con claridad las imágenes de las plaquetas electrónicas de los teléfonos celulares.
Como resultado de este descubrimiento, la penitenciaria (de cargo subadjutor auxiliar) también quedó detenida.
Tras las detenciones y el secuestro de los aparatos, se alertó a la Subdirección de Control de Conducta y Gestión Penitenciaria y a la Fiscalía en lo Penal Económico de Feria.
Ambas empleadas penitenciarias quedaron presas por encubrimiento y, en lo administrativo, en situación pasiva.
El caso no es aislado, sino que se agrega a una serie de escándalos similares protagonizados en los últimos tiempos por empleados penitenciarios y policías que son detenidos por ingresar celulares o drogas. Por lo general, son varones.
En abril pasado, y en procedimientos inconexos, fueron sorprendidos dos efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) intentando introducir de contrabando dosis de drogas y celulares en prisiones.
En Cruz del Eje, un penitenciario fue descubierto cuando llevaba dosis de cocaína y marihuana en un bolso.
En Bouwer, en tanto, un subadjutor había intentado meter 95 gramos de marihuana, un teléfono celular, un cargador con cable y dos tarjetas SIM. Llevaba todo en la mochila.
Desde junio pasado, el SPC tiene a una jefa. Se trata de Carolina Funes, quien reemplazó a Gustavo Vidal Lascano que había sido nombrado como interventor de la fuerza tras la detención de Juan Bouvier y otros altos exoficiales por presuntos hechos de corrupción en la fuerza.
Funes se comprometió a dar pelea contra la corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba.
