Una fabulosa estafa gestada desde Rosario y Córdoba, y un perjuicio fiscal millonario. La hipótesis investigativa que abona la presunción de que dos empresas acopiadoras de cereales defraudaron a siete empresas y 12 productores sumó un nuevo capítulo en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
La Sala A confirmó el fallo del juez de Bell Ville, Sergio Pinto, que había procesado a los empresarios Sebastián Grimaldi y Eduardo Héctor Nannini, y a los contadores María de los Ángeles Cavallero, Araceli Susana Nannini (hija de Nannini) y Fernando Gabriel Herrera por supuesta estafa y defraudación por administración fraudulenta.
También confirmó el procesamiento a Cavallero y a Grimaldi por presunta apropiación indebida de tributos como autora y partícipe necesario, respectivamente. Asimismo, les dictó la falta de mérito a Nannini y a Herrera respecto a este delito y deberá profundizarse su eventual rol delictivo o su desestimación.
Los camaristas además revocaron los procesamientos de Grimaldi, los Nannini, Cavallero y Herrera por asociación ilícita y dispusieron la falta de mérito, con lo que seguirán bajo investigación.
Cómo habría sido pergeñada la estafa
La denuncia fue presentada por productores agropecuarios en marzo de 2019, luego de que vendieran sus cereales a Leones Agropecuaria SRL y a Sebastián Grimaldi SA. Las compañías posteriormente dejaron de funcionar (en enero) sin abonarles.
Cavallero y Eduardo Nannini, como responsables de Leones Agropecuaria, radicada en Leones, en presunta connivencia con Grimaldi, presidente de Grimaldi SA, y Nelson “Pichi” Bertero habrían logrado que los productores entregaran los granos a partir de la celebración de contratos de compraventa de cereal y oleaginosas.
Bertero los habría “seducido” para operar con Leones debido a su rol “del comercial” (captador de clientes), por el cual tenía amplia credibilidad por su experiencia en el rubro.
Mediante una supuesta publicidad engañosa, que habría consistido en garantizar mejores oportunidades de negocios para la comercialización de cereales muy superiores a las de otras empresas, los productores habrían accedido a firmar los acuerdos (que no habrían sido suscriptos por Leones Agropecuaria ni sellados en la Bolsa de Cereales).
En la mecánica, los damnificados entregaban los cereales a Leones Agropecuaria que luego vendía los granos al exportador por intermedio del corredor, Grimaldi SA. Esta última firma habría funcionado como “correacopio” a cambio de una comisión de entre el 0,5% y el 1%.
Asimismo, Leones Agropecuaria, como depositaria de los cereales, realizaba presuntamente la certificación electrónica de granos (depósito, cantidad y calidad entregado por cada productor).
Si bien el contrato con los productores que decidían vender a futuro y a valor dólar estaba firmado por Grimaldi, no estaba avalado y suscripto por la Bolsa de Comercio, según surgió de la investigación del fiscal José María Uriarte. “No se preocupe, no hay problema”, habría intentado convencerlos “Pichi” Bertero. Pero nunca cobraron lo establecido en los contratos.
Sin embargo, Leones Agropecuaria cerró sus oficinas, con lo que se habría apropiado de los réditos económicos de los productores sin pagarles por la mercadería entregada.
Posteriormente, la acopiadora, con la intermediación de Grimaldi SA, habría comercializado los granos a las exportadoras Ammagi Argentina, Cargill, ADM, Molinos Agro, Vicentin y Cofco.
De esta forma, habrían acumulado ganancias desfalcando a los productores y a la Administración de Ingresos Públicos (Afip), mediante la apropiación o retención de los fondos en concepto de impuestos.
Leones se habría apropiado indebidamente de $ 769.960 (retenciones) a Ganancias del período fiscal 12/2018, $ 8.840.765 y de 815.285 por retenciones al IVA de los períodos 1 y 2 de 2019, respectivamente.
No obstante, la empresa obtuvo importantes acreditaciones bancarias e ingresos por ventas de bienes de uso de propiedad de la sociedad y liquidaciones por el movimiento de hacienda por $ 5.491.046.
Roles y sospechas
El fiscal Uriarte advirtió un entrecruzamiento de accionistas y cuotapartistas: integrantes de Sebastián Grimaldi SA fungían en Leones Agropecuaria como directivos y auditores.
Así, por ejemplo, Eduardo Nannini era vicepresidente de Grimaldi SA y directivo-socio mayoritario de Leones, mientras que su hija era la responsable financiera y apoderada de la SA.
La contadora Cavallero, a su vez, era la socia gerenta de Leones Agropecuaria. Su colega Herrera se desempeñaba como síndico de la SA, quien habría manejado el movimiento económico y financiero de ambas firmas.
También resultó llamativo que los cheques de pago a los productores (sin fondos) no solamente provenían de Leones sino, también de Grimaldi SA, cuando los pagos tendrían que haber sido efectuados por el remitente comercial en las cartas de porte: Leones Agropecuaria, vendedora y obligada a la entrega de los cereales a las exportadoras.
Compartían el mismo e-mail para que los productores las contactaran, las oficinas de Leones tenían el logo de Grimaldi SA y los empleados mencionaron que trabajaban para Grimaldi, un licenciado en Administración de Empresas de Rosario.
Para el fiscal, Grimaldi, Cavallero, los Nannini y Herrera montaron una asociación ilícita para perpetrar las maniobras. Al figurar como remitente comercial, Leones, por un lado, habría aglutinado todos los negocios con los productores en un único contrato general.
Por el otro, ya sin la intervención de ellos, habría negociado directamente la mercadería y obtenido un mejor precio de los exportadores debido al volumen de cereal, logrando, incluso, ciertos beneficios (cupos de descarga en los puertos).
Qué resolvió la Cámara en Córdoba
El camarista Ignacio Vélez Funes consideró “improbable” que Grimaldi, los Nannini, Cavallero y Herrera hubieran materializado un “acabado concierto de voluntades” para la conformación de una asociación ilícita “de carácter permanente”, ya que la banda solo habría operado durante un lapso exiguo (de finales de 2018 a principios de 2019).
“No es suficiente la comisión ocasional de delitos. La comisión de delitos tiene que ser el fin propio de la asociación. Deben quedar excluidas las asociaciones respecto de las cuales ello solo aparece como una actividad de rango secundario u ocasional”, opinó.
Sin embargo, sí confirmó los procesamientos por presunta estafa de los mismos imputados. Tanto Araceli Nannini como Herrera sostuvieron que su intervención se circunscribió a cumplir solo con su labor profesional y administrativa. Sin embargo, para el camarista, adaptaron “su conducta profesional a los designios criminales, en connivencia con los directivos” de Leones… y Sebastián Grimaldi SA (Nannini (p), Grimaldi y Cavallero).
“La negación del carácter de ‘tesorera’ de Araceli Nannini, pero la admisión de apoderada y gestora de fondos, como la negación de su carácter de contadora de la empresa, pero la admisión de su profesión de contadora pública nacional, no permiten modificar el temperamento adoptado” por el juez respecto de su intervención en las maniobras.
Ponderó, asimismo, que varios testimonios la colocaron como “encargada de las finanzas de la empresa y libradora de las órdenes de pago”, mientras que Herrera como contador, síndico, auditor y asesor impositivo de Grimaldi tenía “el conocimiento y el control de la dinámica económico-financiera del grupo societario”, lo que vislumbra “un accionar enderezado a la comisión de los delitos”.
Apropiación de tributos de la Afip
Vélez Funes sostuvo que los Nannini y Herrera no tenían injerencia directa sobre el destino, disposición y afectación de los fondos, mientras que Grimaldi “desde su omisión de pago” era quien “se habría constituido en garante de hecho del ingreso de dichos tributos, puesto que era quien disponía de los fondos de ambas entidades y decidía su destino”.
Esa “omisión”, según afirmó el camarista, no fue “salvada por la conducta esperada y obligada por ley a la socia-gerenta Cavallero, quien deliberadamente, existiendo fondos para satisfacer la acreencia del fisco, decidió darles un destino distinto”.
Finalmente, la Cámara –integrada además por Graciela Montesi y Eduardo Ávalos– por mayoría confirmó los procesamientos de Grimaldi, los Nannini, Cavallero y Herrera por presunta estafa y defraudación y, a su vez, de la propia Cavallero y Grimaldi por supuesta apropiación indebida de tributos.
