Ante la reiteración de denuncias que apuntan a describir un mismo modus operandi detrás de los robos de motos y de autos secuestrados por la Justicia en el predio de Potrero del Estado, ubicado en jurisdicción de la comuna de Bouwer, el fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, ordenó que un solo fiscal de instrucción se ocupara de aglutinar todas las causas, que hasta ahora estaban desparramadas en diferentes fiscalías.
Desde hace varios meses, La Voz viene alertando de manera periódica sobre la sucesión de casos similares, todo con el predio oficial como escenario principal. Se trata de un complejo estatal en el que hay motos y autos secuestrados por la Justicia provincial. Vehículos que fueron retirados de la vía pública por diferentes cuestiones: falta de documentación, un choque, un recupero o una sospecha. Cuenta con custodia policial las 24 horas y los siete días de la semana, y cualquier ingreso o egreso de un vehículo debe contar con el aval judicial.
Sin embargo, desde mediados de 2020 hasta hoy, ya se presentaron casi 15 denuncias penales por episodios que desnudan un mismo patrón delictivo: motos, sobre todo, que directamente “desaparecen” de Potrero del Estado o que sufren el robo de varias de sus partes.
En las diferentes denuncias que los propietarios de estos vehículos presentaron en cada momento, se analizan los mismos delitos: “hurto”, “violación a los deberes de funcionario público”, “omisión de denuncia” y “abuso de autoridad”.
Este derrotero tiene otro factor clave: las largas demoras de cada sector judicial para “devolver” pronto los vehículos secuestrados. Burocracia que se agravó desde el comienzo de la cuarentena, en marzo de 2020, y que hasta ahora no se logró resolver. Cuando los propietarios de estos rodados logran culminar todos los trámites de rigor, suelen recibir “turnos” para retirar los vehículos desde cuatro meses en adelante, según denuncian.
Las causas por los robos dentro de Potrero del Estado, desperdigadas en diferentes fiscalías de la ciudad de Córdoba, aún duermen el sueño de los injustos, tal como lo reveló este medio en un informe publicado semanas atrás. Aún la Justicia cordobesa no investiga la trama en común que une a cada uno de estos robos, pese a que en cada denuncia se observa el mismo patrón delictivo.
El abogado Carlos Nayi, que reúne la representación de la mayoría de los denunciantes, el miércoles de la semana pasada presentó una nota al fiscal General en la que solicitó que hubiera un mayor compromiso judicial al momento de investigar estos robos.
“Le solicité al señor fiscal General que, en función de las facultades que le confiere la ley del Ministerio Público Fiscal 7.826, disponga asignar una fiscalía de intervención en todas las investigaciones por la gravedad de los hechos denunciados en razón de que se verifican dentro de un predio oficial con custodia policial las 24 horas de los 365 días del año, por ser alcanzado un segmento social particularmente vulnerable y por la gravedad institucional que denota la reiteración de estos sucesos. Cuestiones de orden práctico a nivel de políticas de persecución criminal sugieren que un mismo fiscal dirija la investigación a los fines de llegar a la verdad real y de determinar todos los niveles de responsabilidad”, explicó en esa oportunidad.
Ante esto, en los últimos días, el fiscal General, Juan Manuel Delgado, resolvió que todas las “investigaciones vinculadas a la sustracción de vehículos, o sus partes, secuestrados por orden judicial en el depósito Potrero del Estado, hechos en los que eventualmente tendrían responsabilidad funcionarios públicos a cargo de su custodia”, sean analizadas por un solo fiscal, el titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico y Anticorrupción de Primera Nominación, Matías Bornancini.
Bornancini ya sabe lo que significa lidiar con la corrupción policial: luego de la jubilación del anterior fiscal anticorrupción, Hugo Amayusco, quedó a cargo de la causa por el escándalo del robo de al menos 72 pistolas oficiales que fueron sustraídas de la propia Jefatura de Policía en los primeros meses de 2015. Si bien varias pistolas fueron encontradas por casualidad en diferentes operativos en los últimos años, la causa nunca logró establecer, hasta ahora, las reales responsabilidades policiales. En ese sentido, siempre desde esa fiscalía se subrayó que el pacto de silencio azul en torno a este tema había sido inquebrantable.
