En 2002, fue una pieza clave en la banda que lideraba Martín “el Porteño” Luzi. Participó del secuestro de María del Carmen López de Barceló, episodio delictivo que tuvo en vilo a toda aquella provincia entre el 9 y el 13 de agosto de 2002, cuando la organización criminal fue desbaratada y la mujer terminó rescatada por la Policía.
Antes, ya había sido condenado por un asalto cometido contra un banco en Villa Mercedes, San Luis.
En 2004, con sus cómplices detenidos por aquel secuestro, intentaron escapar de la cárcel sanjuanina de Chimbas a través de un boquete. Fueron sorprendidos justo a tiempo.
Debió esperar 10 años más para lograr, al fin, su plan de huir de la cárcel. En octubre de 2014, escapó el mismo día en que lo llevaron a un régimen de prisión de semilibertad, en la localidad cordobesa de Monte Cristo.
Sólo cuatro meses después, en febrero de 2015, habría formado parte de la banda que, simulando un operativo policial, secuestró al padre de un empresario de la zona sur de la ciudad de Córdoba.
A las ocho semanas de aquel caso, en abril de 2015, también fue la voz que guió las negociaciones contra un hombre secuestrado en barrio José Ignacio Díaz, investigación que apuntó hacia las sombras de un narcosecuestro y que le valió una condena de 13 años de prisión. Se trató del secuestro de Carlos Córdoba (de entonces 65 años), quien es padre de un supuesto informante (“buchón”) de la ex Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, Daniel Córdoba, pieza clave en el llamado “narcoescándalo” de 2013.
Ya recapturado, luego de ser sorprendido cuando circulaba en un Fiat 147 robado y con una pistola encima, fue llevado a San Juan, donde los jueces le sumaron todas las sentencias en su contra: 30 años de prisión.
En mayo del año pasado, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria aduciendo que temía contagiarse de coronavirus en el pabellón de la penitenciaría. Los jueces no sólo le negaron la solicitud, sino que remarcaron que se trataba de una persona reincidente, abocada a uno de los delitos más execrables y que la última vez que le habían morigerado las condiciones de encierro no esperó ni un día para escaparse.
Hoy, desde una cárcel, dice que no quiere pasar en prisión lo que le queda de vida. Las tres décadas de pena se pueden prolongar aún más si es encontrado culpable en el juicio que comenzará a desarrollarse a partir de este viernes, el último de los procesos en su contra que aún no tiene sentencia.
Se trata de Aldo Ramón Villafañe, un hombre próximo a cumplir 54 años, que, cuando debe responder la formalidad de sus “condiciones personales” ante algún instructor judicial, repite: pintor y tornero. Pero a quien los investigadores policiales hace tiempo sindican como un “secuestrador”.
En su última intervención ante la Justicia, Villafañe dijo sentir mucho por su familia todo lo que hizo hasta ahora en su vida. Sabía, agregó, que le habían dado una nueva oportunidad que él no supo aprovechar, por lo que estaba arrepentido. Piedad y perdón fueron sus pedidos, ya que en el horizonte de lo que le queda de vida sólo observa las rejas de una prisión.
Otro juicio en contra
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian fue el que cerró la investigación en su contra por el secuestro contra el padre del empresario. Según el expediente, el 13 de febrero de 2015, entre cuatro y ocho delincuentes vestidos con algunos pertrechos policiales llegaron hasta el predio donde el empresario Gustavo Lobos guardaba máquinas y herramientas, en barrio Vipro, al sur de la ciudad de Córdoba.
Allí, aguardaron en las inmediaciones unos minutos, hasta que cerca de las 18 vieron llegar en un auto al blanco de su plan criminal, quien iba acompañado por su padre, Basilio Lobos (de entonces 75). Los falsos policiales se les fueron encima y los encañonaron.
Gustavo ensayó una resistencia, hasta que dos pistolas apuntadas en dirección a su cabeza lo convencieron de que no lo hiciera. Al final, los delincuentes le pusieron una bolsa en la cabeza al padre, Basilio, y se lo llevaron cautivo.
El empresario llamó a la Policía y la división Antisecuestros comenzó a ocuparse del asunto. A las 20 se produjo la primera de varias llamadas extorsivas. Del otro lado de la línea, siempre se escuchó la misma voz. De los 500 mil pesos iniciales terminaron pactando para el mediodía siguiente la entrega de 80 mil pesos y joyas. El botín fue abandonado por los familiares de Lobos debajo de un puente de la Circunvalación, entre el acceso a la ruta 9 sur y la continuación de calle Chirino de Posadas.
Cuando los delincuentes se lo llevaron, el hombre fue abandonado en la zona de barrio Ferreyra, en ese mismo sector de la ciudad.
Para el fiscal, existieron notables coincidencias entre este secuestro y que el que se produjo sólo dos meses después, el 10 de abril siguiente en la Cuarta sección de José Ignacio Díaz. Un peritaje de Gendarmería detectó notables coincidencias al analizar las voces de los extorsionadores en ambos casos, además de resaltar que se repetían modismos y expresiones como “escúchame, yuta, cómo y viejo”.
También se valoró que en los dos secuestros las víctimas fueron personas mayores, padres de los apuntados por la banda como sus reales objetivos para extorsionar; que siempre los delincuentes intentaron resolver pronto las negociaciones, por lo que bajaron rápido las abultadas pretensiones económicas iniciales y también pidieron joyas, y que los sucesos tuvieron como geografía la zona sudeste de la ciudad.
Y, sobre todo, que para cometer los secuestros simularon allanamientos policiales. Llevaban armas y chalecos antibalas y gritaban que se trataba de un allanamiento.
A partir de este viernes, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, de nuevo Villafañe estará del lado de los acusados. Es el único que ha sido identificado en la acusación. Ahora, detrás de una pantalla, clamará que le tengan piedad. Sabe que las perspectivas de volver a la libertad para él son cada vez más escasas.
