“Hay mucha plata en juego. Si podés saber si está en una investigación, seguramente te van a dar una ‘cometa’”. El fiscal federal de Río Cuarto Rodolfo Cabanillas envió a juicio a un exsuboficial de la Fuerza Aérea que habría intentado coimear a un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que averiguara datos sobre Claudio Lorenzo Torres, “el Zar de la Droga”, implicado en el “narcoescándalo” de Río Cuarto y asesinado en 2019.
Si bien el instructor solicitó enviar a juicio al exsuboficial Cristian Fabián Pereyra en mayo último, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, confirmó la elevación hace algunas semanas y la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba convalidó el rechazo de una suspensión del proceso a prueba (probation).
“El Zar de la Droga”
En el submundo de las drogas, la figura de Torres, también conocido como “Lecayo”, sobresalió notoriamente: desde al menos 2014 y por unos cinco años, colideró una banda de narcotraficantes junto con los hermanos Andrés y Mariano Martín Rivarola, Gabriel Bossi (exyerno de José Vargas, condenado por el secuestro del joven desaparecido Nicolás Sabena) y Cristian Fabián Ortiz.
Para el juez Ochoa, la organización compraba marihuana y cocaína en Buenos Aires y en Santa Fe, la transportaba a Río Cuarto y la comercializaba en Córdoba, en Puerto Madryn, en San Luis o en Chile, para luego lavar las ganancias.
Los investigadores pudieron comprobar que la narcobanda había expandido su red de contactos y, como es habitual en una estructura criminal de estas características, requirió diferentes colaboraciones, de mayor especificidad y sofisticación.
Tras una filtración de escuchas de la Policía Federal y sospechas contra exjefes policiales de la Policía de Córdoba, la investigación pasó a manos de la PSA. Su titular y el propio juez Ochoa tuvieron una fuerte amenaza de muerte.
La PSA aceleró centenares de allanamientos, que derivaron en secuestros millonarios de vehículos, de joyas y de armas. Casi no se encontró droga en aquellos operativos, aunque, como se dijo, Mariano Rivarola y Ortiz sí tenían una vinculación con las toneladas de estupefacientes incautadas en la causa “Yerba mala” (fueron condenados).
Los pesquisas lograron determinar que la banda contaba con un “intermediario” paraguayo. Con aceitados contactos internacionales para el tráfico hacia la Argentina, el paraguayo Rodrigo Marcial Villar Benítez facilitó a la organización los vínculos y los contactos directos con proveedores de estupefacientes de Bolivia y de Paraguay, al igual que de Chile.
La causa alcanzó ribetes escandalosos, por lo que llegó a conocerse como el “narcoescándalo” de Río Cuarto, debido a la participación que tuvo en la banda Gustavo Osvaldo Oyarzábal, entonces jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia y mano derecha de todos los fiscales de Río Cuarto, que brindó información clave a los narcos. Su detención provocó el descabezamiento y la renovación de la cúpula policial de la Departamental Río Cuarto.
Años después, en 2019, sicarios asesinaron a balazos a Torres en la puerta de su casa. “El Zar” acababa de llegar desde Buenos Aires con Bossi (resultó ileso) en un Audi TT.
Finalmente, fueron condenados Ortiz y su novia, Gabriela Sueli Suárez; los Rivarola; Oyarzábal; el yerno de este, Jonathan Jesús Monserrat; Bossi; Jonathan Daniel Palacios; Cristián Andrés Schiaroli; Jonathan Nicolás Becerra; Cristian Andrés Berti; Franco Maximiliano Soffli (hijo del “Zar” Torres); Jorge Luis Etcharren; Mariano Nicolás Peirano; Samuel Marcelino “Sabo” Mansilla (entonces empleado de Cotreco); María Luz Montoya, y el paraguayo Villar Benítez.
¿Quisieron coimear a un oficial de la PSA por “el Zar” Torres?
Mientras en la Justicia provincial se realizará el juicio para determinar quién asesinó al “Zar” Torres (están acusados Ortiz, Mariano Rivarola, Palacios y el rosarino Néstor Robledo, vinculado a “Los Monos”), paralelamente y en otra causa el fiscal federal Cabanillas envió a juicio a Cristian Pereyra, el exsuboficial de la Fuerza Aérea.
Según la acusación, el 10 de julio de 2017 Pereyra –en ese momento, en su doble función como subfoficial y empleado de un estudio contable– habría ofrecido dinero (coima) a un investigador, a cambio de información vinculada a la causa de Torres, ya que el efectivo estaba abocado a la investigación.
¿Cómo es que Pereyra conocía a este investigador identificado como P.? De acuerdo con el expediente, ambos habían coincidido en el casino de Suboficiales de la Fuerza Aérea, donde compartieron espacios comunes y entablaron una amistad. “Pereyra se valió de ese vínculo forjado con P., en el marco del cual pudo conocer qué actividad y a qué fuerza policial pertenecía para luego llevar a cabo el ofrecimiento de dinero a cambio de información”, sostuvo el fiscal.
La pesquisa indica que tras consultarle unos datos de referencia sobre un hotel en Cancún, como “introducción” al tema que habría sido el verdadero objetivo de la conversación, le dijo en un mensaje de WhatsApp: “Escuchá esto: si me podés ayudar o no… Si no, no hay ningún drama. Yo estoy trabajando con mi jefe, amigo y contador. Resulta que uno de los clientes más grandes que tiene (NdR.: presuntamente, Torres) no sé en qué cosa rara anda; lo estaban filmando. Cuando se le acercaron, eran dos agentes de la PSA. Le tomaron el número de patente, pero no sabe qué andan buscando. Y mi jefe quiere conseguir los datos o algo de este loco (NdR: agentes de la PSA) para ‘arreglar’”.
“Se ve que hay mucha plata en juego. Por eso te pregunto si con la patente podés saber qué onda o si está en una investigación. O si no, le digo al amigo mío que trabaja conmigo que te llame y arreglará ‘eso’. Si hay mucha plata, seguramente te van a dar una ‘cometa’. Pero no dije nada yo, no quiero meterme mucho. No sé en qué andan y además tampoco quiero ensuciar tus principios, porque vos sí laburás ahí. Te pregunto de onda. Si no, no hay drama, que lo arreglen ellos”, le amplió, siempre según lo investigado.
La pesquisa agrega que P. le preguntó cómo sabía que eran policías, y Pereyra le respondió que ese “cliente” del estudio (por Torres) había observado a los efectivos con “el uniforme de la PSA, mepa. Y el auto está radicado en Ezeiza, mepa”. Y seguidamente le envió la patente en la que los efectivos circulaban. Eso coincidió con los datos de la investigación, ya que Torres se les acercó y, con la excusa de preguntarles por una calle, tomó una foto al Volkswagen Gol oscuro de la PSA.
Increíblemente, dos días después y mientras P. se encontraba prestando declaración testimonial ante el juez Ochoa en el marco de la causa contra el narco Torres, Pereyra le envió un nuevo mensaje en el que le preguntó: “Hermano, ¿cómo andás? ¿Pudiste averiguar algo?”.
El fiscal Cabanillas pudo confirmar que los mensajes efectivamente provinieron de la línea a nombre de Pereyra. A eso se sumó la declaración de Farid Yasser Hid, en la que corroboró que Pereyra fue su compañero en la Universidad Siglo XXI, donde estudiaron para contador.
Yasser Hid trabajó dos años en el estudio contable de su tío, Julián Hid, socio de Martín Boiero. Ambos contadores fueron investigados (luego Boiero fue sobreseído) en la causa de Torres por supuestas maniobras vinculadas al lavado del narcoesdándalo. El juez probó que Boiero había pedido ante la Afip el “blanqueo de capitales” para Dorotea Sosa, madre de Torres, pero “no se pudo corroborar que haya sido efectivamente el contador de Torres” ni tampoco que Pereyra haya trabajado allí.
Si bien la fiscal anterior del caso, Alicia Cena, había dictaminado a favor de conceder una suspensión del juicio a prueba (probation), como Pereyra había solicitado (había ofrecido reparar el daño y la realización de tareas comunitarias), el juez Ochoa la rechazó.
La defensa apeló y el caso llegó a la Cámara Federal, que confirmó la decisión del magistrado, al considerar infundada la postura de Cena, pero sí válida la posición de su sucesor, el fiscal Cabanillas, quien se opuso al otorgamiento de la probation.
Al respecto, sostuvo que no podía concederse el beneficio porque Pereyra, al momento del hecho, era funcionario público, habría sido netamente un acto de corrupción y que, por una resolución de la Procuración General de la Nación, los fiscales deben oponerse (por la política criminal fijada) a la procedencia de un beneficio ante un delito de estas características.
Cabanillas solicitó enviar a juicio a Pereyra (negó el hecho) por cohecho activo, y hace algunas semanas el juez Ochoa confirmó la elevación.
