A pesar de invocar que la necesidad económica la empujó al mundo de la prostitución en Córdoba, Rosario y Chile, Patricia del Pilar Levy (55) fue procesada como presunta líder de una estructura ilícita dedicada a la explotación sexual de mujeres, sobre la que habría tenido el control absoluto.
“La estructura contaba con recursos humanos, materiales y logísticos articulados en función de la finalidad ilícita, siendo la imputada quien habría dirigido el negocio”, señaló el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro sobre Levy al procesarla (con prisión preventiva) por trata de personas mayores de 18 años.
La mujer estuvo prófuga durante más ocho años hasta que en septiembre último cayó detenida por Interpol en Montevideo, bajo una identidad falsa. Luego de su extradición, fue indagada y negó su participación en la explotación sexual de mujeres, aunque el magistrado ponderó varios elementos probatorios que se encausan en el sentido inverso.
En 2016, el Tribunal Oral N° 2 había sentenciado a su expareja, el chileno Claudio Antonio Santibáñez Ulloa (a cuatro años y ocho meses de prisión), y el fotógrafo Jaime Alberto Arrieta (a dos años y medio) como cómplices –necesario y no necesario, respectivamente– del delito de rufianería.
Tres años más tarde fueron condenados Malvina Soledad Serrano y Luis Alejandro González por promoción y facilitación de la prostitución ajena.
La sospecha sobre Levy
La investigación comenzó en septiembre de 2012 cuando una mujer denunció que su hija había sido captada por una supuesta red de trata que la había llevado a Chile. El fiscal N°1, Enrique Senestrari, pudo determinar que una mujer de nombre “Pato” le habría ofrecido el trabajo a la joven en el país trasandino.
A partir del teléfono de “Pato”, obtenido a través de una conocida de la hermana de la presunta víctima, los investigadores pudieron establecer que el titular de la línea era Santibáñez Ulloa, pareja de Levy.
La presunta explotadora habría ocupado un rol central en la supuesta trata, ya que habría controlado los “servicios” sexuales de las víctimas en los departamentos de Córdoba y Rosario (desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2014) donde al parecer las hacía figurar como locadoras.
En total, habría explotado a diez mujeres con la connivencia y participación de Santibáñez Ulloa. “Pato” se habría encargado de ofrecer los “servicios” de las mujeres a través de una web de Córdoba aportando los teléfonos que ella manejaba para atender a los clientes para concertar los encuentros.
Para mantener el control, Levy las habría sometido a constantes presiones, abusando de su sumisión por su imperiosa necesidad de trabajar, descontándoles dinero de sus “pases” para pagar el alquiler de los departamentos. Incluso, para obtener un rendimiento económico, les habría ofrecido drogas no solo con la finalidad de que las víctimas pudieran “soportar” más “clientes”, sino también para proveerles a ellos.
Santibáñez Ulloa era el responsable de retirar al final de cada jornada la recaudación y llevar a las víctimas que quedaran “trabajando” hasta tarde a sus casas, asegurándose que nadie se fuera con el dinero de los “pases”. También se habría encargado de comprar pasajes para las mujeres enviadas presuntamente a Rosario, confirmando que subieran a los colectivos y llegaran a destino.
Con los fondos, Levy habría coordinado los encuentros de las víctimas con Arrieta, quien era el encargado de tomarles a las víctimas las fotos y/o filmarlas en domicilios particulares o en lugares convenidos para luego editarlos en su estudio. Posteriormente, el contenido era subido a la web (de otro hombre) para la cual trabajaba como fotógrafo.
Levy también habría contado con la colaboración de Jesús Nahuel Lavandaio (absuelto), propietario de esta última web y de otra que habría funcionado en otra provincia sureña.
Qué resolvió el juez
Levy negó la acusación y señaló que sus problemas económicos la llevaron a involucrarse en la prostitución. Contó que a fines de 2005 vio un aviso sobre la búsqueda de promotoras. Al reunirse con una pareja, dijo, conoció cuál era en realidad el “trabajo”: “No era para promotora; era para prostitución para una página de internet pero no podía ponerlo en el diario”.
La propuesta consistía en viajar a Chile para trabajar “full time” durante 15 días a cambio de 1.000 dólares junto con otra joven, luego imputada y finalmente sobreseída en la causa por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba (por el aprovechamiento de Levy al hacerle firmar un boleto de compraventa y pagarés para la adquisición de una casa).
Al procesarla, el juez valoró el resultado de las intervenciones telefónicas, los elementos secuestrados en los, los informes oficiales y los testimonios de las presuntas víctimas, en especial el de la mujer sobreseída y el de Santibáñez Ulloa.
El hombre dijo que al tema “de la prostitución lo manejaba” Levy con su “socia” (la joven sobreseída). Negó haber formado parte de alguna organización aunque reconoció que pasaba por el departamento en Córdoba a buscar dinero o a llevar a algunas de las jóvenes a sus domicilios o a la Terminal, pero que lo hacía porque Levy le insistía, ya que ese no era su trabajo.
A pesar de negar qué actividad realizaban las mujeres o a dónde se dirigían, Santibáñez Ulloa fue condenado por rufianería, es decir, la explotación económica de la prostitución (aun con el consentimiento de la víctima).
“Sin perjuicio de la posición exculpatoria asumida por Santibañez Ulloa, con la finalidad de colocarse en una situación procesal más favorable, lo que dio resultado al momento de ser juzgado (…), lo cierto es que sus dichos no hacen más que evidenciar, aún más, que los hechos investigados habrían existido, por los menos en los términos de probabilidad requeridos en esta etapa procesal y en relación a Levy”, señaló Bustos Fierro.
“Ha quedado acreditada (…) la existencia de una estructura ilícita cuya finalidad era la explotación sexual de las presuntas víctimas, sobre la cual Levy habría tenido el absoluto control, operando por lo menos desde septiembre de 2012 hasta el 20 de febrero de 2014, para luego fugarse hasta ser captura en Uruguay (…) luego de haber sido condenados los coimputados (…) a través de fundamentos que se centran en declarar a Levy como la principal responsable”, añadió.
El juez aludió a que la estructura que habría comandado Levy contaba con recursos humanos (las víctimas), materiales (los departamentos en Córdoba y Rosario, las líneas telefónicas para pactar los encuentros con “clientes”, los vehículos para trasladar a las víctimas y el dinero de la explotación, utilizado para gastos y como ganancia de Levy) y logísticos (darle publicidad a los “servicios” sexuales en webs de Córdoba y Rosario).
