La muerte de Guillermo Bustamante (39) durante un operativo policial en una estación de servicio de barrio Villa Páez de Córdoba, el pasado 24 de marzo, volvió a poner en el centro de la polémica el accionar de la fuerza de seguridad. Por ese caso, en un primer momento fueron detenidos cinco policías: tres por homicidio calificado por abuso funcional y otros dos por encubrimiento y omisión de los deberes.
Luego, tras conocer la autopsia, el fiscal Guillermo González dispuso liberar a los cinco efectivos y “bajar” la acusación contra tres de ellos: pasó a imputarlos por presunto homicidio preterintencional.
Es decir, cuando se mata sin querer.
Una semana después, ya este martes, la Policía de Córdoba exhibió de manera pública los protocolos de actuación que se aplican durante detenciones problemáticas en las calles.
Este esquema de acción se seguirá utilizando, se indicó.
En la muestra, que tuvo lugar en la Escuela de Oficiales de la Policía en barrio Don Bosco, se pudo observar con claridad cuáles son los pasos que deberían dar los uniformados cuando una persona opone resistencia, ya sea cuando atraviesa una situación de alteración o trastorno de salud mental o bien cuando se muestra en oposición a un posible arresto.
Durante la exhibición de los protocolos estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, integrantes del Estado Mayor de la Policía de Córdoba y varios miembros del Ministerio Público Fiscal.
Entre los fiscales presentes estuvo precisamente González, quien hasta se mostró interesado en el funcionamiento de las pistolas que lanzan postas de gas pimienta llamadas Byrna.
Las actividades estuvieron a cargo del personal de la Dirección de Entrenamiento Policial Permanente. En la oportunidad “se reafirmó el compromiso de una Policía profesionalizada para el bienestar de la ciudadanía”, sostuvieron las autoridades.
Protocolo de actuaciones callejeras
En tres escenas se exhibieron potenciales arrestos conflictivos en los que la Policía debió apelar al uso progresivo de la fuerza.
En una de las situaciones planteadas, los uniformados se bajaron de un patrullero y les dieron la voz de alto a un individuo con la intención de que acataran la orden.
Fue entonces que esta persona comenzó a gritar, dar golpes, patadas y hasta exhibió un arma blanca. Fue así que, en plena demostración, los policías demostraron cómo se debe intervenir “de manera escalonada” en el uso de la fuerza.
En el primer caso, ante los gritos y las quejas, los efectivos intentaron disuadir y luego lograron detenerlo a pesar de que intentó resistirse a golpes, sin utilizar armas.
Ya en una segunda situación, cuando el hombre exhibió un arma blanca, los policías le solicitaron que “depusiera” su actitud. Finalmente, le dispararon con armas de menor letalidad.
El individuo, que interpretaba a un hombre que agredía a su mujer con un machete, se vio ahogado con la acción del gas pimienta lanzado por las cápsulas de las pistolas Byrna y decidió entregarse.
Finalmente, una escena mostró qué ocurre cuando una persona tiene un cuadro psicótico o un ataque de nervios: primero llega la ambulancia y, ante el impedimento de traslado, arriba la Policía.
Durante la escena, los uniformados sólo utilizaron la fuerza física cuando el hombre comenzó a golpearlos.
Muerte en la estación de servicio
Aquella madrugada del 24 de marzo, Guillermo Bustamante había llegado a la estación de servicio y, tras cargar combustible, se había negado a pagar 10 mil pesos.
El playero llamó a un policía conocido que llegó en una patrulla. Luego llegaron los refuerzos.
Fue un violento operativo. Filmaciones de cámaras de seguridad, según dijeron fuentes de la causa, mostraron que los policías golpearon al hombre quien estaba exaltado. La autopsia determinó que había tomado cocaína.
En un primer momento, el fiscal González detuvo a cinco uniformados.
A tres de ellos los acusó por presunto homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales.
A otro oficial lo imputó por supuesto encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor; y a un quinto por omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor.
En un primer momento, incluso, se dijo que era un caso de “violencia institucional”.
Sin embargo, el pasado miércoles 16 de abril la investigación dio un giro y González ordenó liberar a los cinco y morigeró cargos.
Los tres efectivos iniciales pasaron a ser acusados por supuesto homicidio preterintencional.
Mónica Picco es abogada del cabo Juan Andrés Martín.
“Fue un acto de sensatez del fiscal, como suele ocurrir con él, que haya ordenado las libertades antes de las indagatorias. Y es también una señal de la contundencia de la prueba. Ahora vamos a solicitar que sean sobreseídos, porque Martín actuó en función de los protocolos establecidos”, dijo.
Picco sostuvo que su representado no cometió ningún exceso y que incluso la actual imputación “es improcedente”.
Para la abogada, el protocolo de actuación policial se cumplió en detalle.
Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi, quien representa a la viuda de Bustamante, dijo que aportará un “peritaje independiente” y estima que las conclusiones serán “sensiblemente diferentes a las de los peritos actuantes”.
A su vez, la fiscalía continúa trabajando en el repaso de las comunicaciones que se realizaron esa noche en la que murió el hombre. Se quiere determinar si los policías llamaron a sus autoridades.
Pesquisas aseguraron que esperan una ampliación de la autopsia porque habría dudas sobre “faltantes de datos”.
Los investigadores quieren estar completamente seguros de que tienen todos los detalles sobre posibles lesiones en el cuerpo de Bustamante.
La abogada Picco aseguró haber tenido acceso al resultado del peritaje y sostuvo que no se evidenciaron lesiones.
“Es clara en su conclusión final sobre la causa eficiente de la muerte de Bustamante. Por eso estimo que el homicidio preterintencional ya está prácticamente descartado”, sostuvo.
En la fiscalía hay un convencimiento: “No hubo intención directa de matar”, dicen fuentes con acceso a la causa. Sin embargo, prevalece una duda sobre el grado de responsabilidad de cada uniformado en la muerte de la víctima.
El fiscal en la exhibición
González escuchó este martes con atención las directivas que recibieron los policías durante la exhibición y recorrió el stand de armas de baja letalidad.
Al respecto, consideró que estas instancias son fructíferas para que la Policía pueda conocer en detalle los protocolos de actuación en situaciones complejas y tuvo palabras de elogio hacia los procedimientos.
No obstante, reconoció que en la práctica puede haber alteraciones, aunque evitó comparar la exhibición con el caso que investiga.
Para los investigadores está claro desde un primer momento que cuando Bustamante fue reducido por la Policía hubo múltiples golpes. En cambio, durante la exhibición los uniformados evitaron dar golpes de puño, o de pie, a quienes encarnaron el papel de los detenidos.
Para los pesquisas que entienden en la causa de Bustamante, está claro que el exceso y el uso indebido de la fuerza no es una práctica promovida por la cúpula.
