Este miércoles, el fiscal Juan Pablo Klinger solicitó al Juzgado de Control que inicie una investigación contra el fiscal de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de las sedes judiciales de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje, Raúl Ramírez. Es en el marco de la causa que investiga a la cúpula de la FPA en el interior de Córdoba por presunta asociación ilícita.
La investigación que instruye Klinger desde febrero se inició por la desaparición de un cargamento de cocaína y marihuana que había sido incautado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El propio jefe de la FPA, Adrián Salcedo, detectó la inconsistencia entre un inventario y la cantidad de droga que debía estar depositada y a resguardo de la fiscalía. Denunció el hallazgo, y esa denuncia desató un cimbronazo en la cúpula de su propia fuerza.
El fiscal encontró que altos comisarios y sus subalternos utilizaban esos cargamentos incautados para “pagar” a “buchones” o “informantes”, según fuentes de la causa. Los civiles entregaban información, recibían droga y señalaban a quienes se dedicaban a la venta de estupefacientes, según el resultado de las pesquisas que organiza Klinger.
Todo repercutió en una doble acusación. Por un lado, el fiscal imputó al secretario de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Cruz del Eje y al exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Cruz del Eje, Mauricio Oyola, por el faltante de esa droga.
Según el fiscal, habrían incurrido en los delitos de violación de prueba a título culposo, reiterada; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.
Por otro lado, cayeron tras las rejas quien al momento de los hechos era jefe de la brigada de Deán Funes (actualmente exjefe de la brigada de Cruz del Eje), Néstor Márquez, y el agente Raúl Moreno, de la misma delegación.
También fueron presos quienes integraban al momento de los hechos la brigada de Cruz del Eje: el segundo jefe del pelotón, Sergio Ruiz, y su hermano, Eduardo Ruiz, más otros dos agentes: Luis Benavídez e Isidro Rivero; al igual que los dos “dateros” de los pelotones.
Todos fueron imputados por supuesta asociación ilícita, en calidad de miembros, y dos de ellos por la figura de entrega de estupefacientes agravada por la calidad de funcionario público encargado de la persecución de los delitos previstos por la ley 23.737.
El fiscal ya ordenó la prisión preventiva a los 10 imputados. Uno de ellos reconoció que pertenecía al pelotón de Cruz del Eje y confesó el hecho de pertenecer a una asociación ilícita, según informaron fuentes de la investigación. Otros acusados solicitaron formalmente ampliar su declaración.
Ampliación de la causa
Pero ahora el funcionario determinó, en grado de sospecha, que Raúl Ramírez habría formado parte de ese concierto de voluntades delictivas. Al tener fueros por ser funcionario de la Justicia, Klinger no lo puede investigar.
Por eso la fiscalía le requirió al juez de control que realice los procedimientos. Por ahora, no se conoce ninguna expresión por parte del fiscal Ramírez.
Las justificaciones de Klinger se basan en que luego de analizar la evidencia recabada pudo concluir que hay razones para sospechar que el funcionario, junto al secretario y Oyola (ambos ya imputados y en libertad) habrían tomado conocimiento de la sustracción de cantidades significativas de estupefacientes secuestrados.
Pese a saberlo, explicaron fuentes allegadas a la investigación, habrían evitado la persecución y la penalización de este acto. Dicho de otro modo: se habrían quedado con la información y no habrían individualizado a los autores de ese delito, siempre según las fuentes de la causa.
Para los pesquisas, esta manera de proceder constituye un posible abuso de funciones. A su vez, en los pasillos de Tribunales se remarca que las conductas de estos funcionarios judiciales encuadrarían en los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos y abuso de autoridad.
Para el exjefe de la Brigada de Investigación de Cruz del Eje cabe la imputación de violación de prueba a título culposo e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad, según las fuentes de la investigación.
