Una nueva instancia surge en la causa judicial por la que está imputado el exlegislador Oscar González por el siniestro vial fatal de Altas Cumbres, ocurrido en octubre de 2022. En esa ocasión murió una docente y dos adolescentes quedaron con serias secuelas en su salud.
Ahora, la defensa del dirigente que ocupó distintos cargos politicos provinciales y nacionales, que está imputado de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”, propone resarcir económicamente a las víctimas del hecho mediante una “probation”.
Esa medida, de ser aceptada, implicaría el final del proceso y evitaría un juicio oral y público. De producirse el acuerdo, ofrece pagar en cuotas una suma que se estima altamente millonaria.
González hoy se encuentra con prisión domiciliaria en Villa Dolores, imputado en otra causa paralela de la Justicia Federal: la que le achaca “enriquecimiento ilícito”. Esta última se generó en una denuncia de la legisladora Luciana Echevarría en 2024.
El abogado Pedro Despouy Santoro representa ahora a González en la causa del siniestro vial.
En diálogo con La Voz, el letrado explicó: “La probation es un modo alternativo de resolver un conflicto penal, la idea central es reparar a las víctimas de un hecho sin analizar ni juzgar el fondo de la cuestión: si hay o no delito, quiénes son sus autores, qué grado de participación tiene cada uno, la mecánica del siniestro”.
Despouy Santoro destacó que la propuesta no implica reconocer su responsabilidad o culpabilidad en los hechos, sino atender a las necesidades de las víctimas de ahora en más.
Y agregó: “El señor González presentó su pedido de suspensión del proceso a prueba ofreciendo reparar integralmente a las víctimas del lamentable accidente en lo económico, someterse a reglas de conducta o realizar alguna tarea comunitaria que disponga el tribunal; cumplido todo esto, puede ser sobreseído”.
“González quiso reparar íntegramente los daños causados, sería lo que un juez civil consideraría una indemnización total de las víctimas, el 100 por ciento; es la salida alternativa más saludable desde lo humano y desde lo jurídico”, planteó Despouy Santoro.
“La querella puede aceptarlo o no. Si la querella dice que quiere más, es el tribunal el que tiene la facultad exclusiva de decir si es o no razonable”, dijo el abogado defensor, quien evitó mencionar el monto que implicaría el resarcimiento total ofrecido, pero se descuenta que es una muy alta suma, teniendo en cuenta la juventud de dos de las víctimas (14 y 15 años al momento del choque).
También precisó: “Lucro cesante, pérdida de chance, incapacidad vital, todos los rubros han sido contemplados en la definición de una suma que, creemos, es la que corresponde. Creemos que si hay un cuestionamiento de la querella en orden al importe, no tendría éxito, porque se ofrece una reparación integral, más de lo que se considera razonable y exige la ley penal”.
Negativa de la querella
El abogado Germán Romero Marcón, uno de los representantes de las víctimas, señaló este viernes, apenas confirmada la novedad: “Las familias quieren ir a un juicio, se busca una condena ejemplar y una reparación civil integral, y los fundamentos serán dados en la audiencia que fije el juez”.
Emiliano Binante y Lucas Cocha son otros querellantes de las víctimas.
El juez Santiago Camogli, de los tribunales de Villa Dolores, deberá definir una fecha para la próxima audiencia entre las partes.
Siniestro y escándalo
Hacia las 16 del sábado 29 de octubre de 2022, a 11 kilómetros de Mina Clavero, en el paraje Niña Paula, la camioneta BMW X1 que conducía González impactó de frente con un Renault Sandero.
En este vehículo se dirigían hacia Córdoba la docente Alejandra Bengoa, domiciliada en Nono, acompañada de su hija M. y de su amiga A., de 14 y 15 años. La conductora murió instantáneamente y las chicas salvaron por poco sus vidas. Una de las adolescentes quedo parapléjica y la otra sufre secuelas menores.
El dirigente del PJ de Traslasierra y entonces titular de la Unicameral sólo sufrió lesiones leves.
La fiscalía de Villa Cura Brochero imputó a González de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”.
El hecho implicó fuertes controversias de impacto político, para el entonces hombre fuerte del oficialismo provincial.
El vehículo que manejaba en situación judicial, la licencia de conducir en supuesta infracción, acumulación de multas y un aislamiento policial permeable del vehículo siniestrado fueron anomalías que convirtieron al hecho en un escándalo.
