El médico penitenciario que dictaminó la primera “medida de contención” contra César Moreno (50) en la cárcel de Bouwer se presentó este viernes ante la Justicia y quedó detenido, completando así la lista de los nueve miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) imputados por el delito de “tortura seguida de muerte”.
Se trata del profesional de la psiquiatría que ordenó sujetar a la víctima el 16 de septiembre del año pasado. Moreno pasó 48 horas sujetado y sufrió un paro cardiorrespiratorio, del cual nunca pudo salir y finalmente murió.
Las nueve imputaciones fueron instruidas por el fiscal a cargo de la causa, José Alberto Mana, quien tiene bajo su jurisdicción todos los hechos que suceden dentro de las unidades de encierro.
Las acusaciones pesan sobre un directivo del SPC, una psiquiatra, seis guardias y el médico que acaba de entregarse.
Los imputados deberán establecer sus defensas y tendrán ahora la oportunidad de responder ante los hechos que se les endilgan.
Los investigadores aseguran que podría haber nuevos imputados y detenciones en las próximas horas.
El interventor del SPC, Gustavo Vidal Lascano, se mostró sorprendido por las derivaciones del caso. En diálogo con La Voz explicó que por aquel episodio, del cual ellos estaban en conocimiento por la pronta intervención de la Justicia, habían sancionado a un guardia de seguridad por haber puesto su pie sobre el cuerpo de la víctima, en un abuso en un momento en que era reducido por un brote psicótico.
Es uno de los ahora imputados, que se encontraba en funciones pasivas. Es que para el SPC sí se produjeron altercados previo a la muerte de Moreno, sólo que hay divergencias con las dimensiones que los hechos tienen para la fiscalía.
“Entregamos 48 horas de grabaciones en las cuales no se ven instancias de agresiones. De ninguna manera el interno estuvo desatendido o no tuvo comida. Se le ofreció alimento y él lo rechazó, pero después comió”, detalló el funcionario.
Las contrariedades
Apoyado por un detallado informe que tiene en su escritorio, Vidal Lascano dijo que un médico forense constató 12 heridas o lastimaduras previas al primer encierro, que se produjo en la Unidad de Contenidos de Aprehendidos (UCA), el 14 de septiembre, tras haberse provocado un altercado entre Moreno y tres empleados de una panadería del barrio de Nueva Córdoba, zona céntrica de la ciudad.
Las evaluaciones forenses a las que tuvo acceso este medio hablan de moretones, manchas, irritaciones de la piel e hinchazones leves, propias de forcejeos o peleas (en términos médicos, son escoriaciones, eritemas y equimosis). Según la evaluación forense, esas marcas son compatibles con golpes producidos por un elemento contundente, pero con consecuencias leves.
Vidal Lascano señala estas indicaciones como una muestra de que el hombre ya venía golpeado desde antes de ingresar a la penitenciaría bajo su órbita.
“El Servicio Penitenciario no recibe internos sin un servicio médico previo. Es necesario y esencial para recibir a alguien”, expresó.
También se señaló que luego del ingreso al primer centro de detención donde fue a parar Moreno, la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA), pensó en atentar contra su propia vida. Por ello fue indicada una medida de contención mecánica que lo inmovilizó.
Al otro día, fue controlado y enviado al Centro Psico Asistencial (CPA), donde se realizó una nueva valoración que indicó tratamiento psiquiátrico ambulatorio, hizo constar los antecedentes en psiquiatría de Moreno y concluyó que se encontraba en estado de tranquilidad, tal como lo reflejó este medio.
Y en este punto comienzan las diferencias. Para la fiscalía de Rubén Caro, a cargo de la primera etapa de instrucción (antes de la muerte de Moreno), el preso tuvo un altercado en la UCA, donde le clavó una lapicera en el labio a un guardia.
Con ese antecedente habría ido a Bouwer, donde otros guardias le habrían pegado.
Pero en el informe que Vidal Lascano tiene en su escritorio se advierte que Moreno le pegó en la nariz a uno de los guardias, cuando ya estaba en la cárcel, ocasionando al vigilante una herida de seriedad.
Esto habría sucedido en el momento en que se lo habría querido encerrar. Moreno se habría resistido, a pesar de que ya venía de la UCA, donde permaneció encerrado durante dos días.
Desde la oficina del fiscal Mana prefirieron no hacer comentarios sobre los golpes. Respetan un estricto secreto de sumario, típico en esta etapa de instrucción, y se mantienen en el hermetismo.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron que las nueve imputaciones se realizaron, más que por los golpes que sufrió Moreno, que sí están acreditados en la causa, por las medidas de sujeción.
“El fiscal puso el foco en la colocación de las medidas de sujeción, en sí mismas, y en la forma en que se realizó, luego de la cual se produjo la muerte. La colocación de las medidas de sujeción fueron las medidas de tortura, y no como puede llegar a pensarse en un preso sentado y siendo golpeado por sus guardias”, dijeron por baja voz los pesquisas que trabajan en el hecho.
El hecho
Moreno protagonizó un altercado en una panadería de la calle San Lorenzo al 70, en barrio Nueva Córdoba, zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Los empleados lo sacaron a empujones y llamaron a la Policía.
Momentos después fue detenido y aprehendido. Cayó a la UCA y luego prosiguió una serie de evaluaciones psiquiátricas. La fiscalía de Caro lo mandó a Bouwer, puesto que allí hay un centro de atención médica más dotado que el de la Alcaldía.
En la cárcel de máxima seguridad fue atado de tal manera que para la fiscalía se significó una práctica de “tortura”. Estuvo allí durante 48 horas, hasta que murió, a pesar de los esfuerzos médicos por recuperar su agravado estado de salud.
Era paciente psiquiátrico y para la familia tuvo un brote psicótico en la panadería.
El abogado Alejandro Pérez Moreno, que representa a Soledad González, la expareja de Moreno, y a la hija de la víctima, dijo que se trata de un caso de “violencia institucional”.
“Es un indiscutible caso de violencia institucional. Se valieron de su función en una institución para someterlo, para provocarle tortura en un espacio de la institución, teniendo cargos y en sus horarios laborales dispuestos por esa institución, con los enseres propios que les son otorgados, con los médicos que estaban para cuidar y que lo desprotegieron. Nada en la institución funcionó para que esta persona no sea víctima de violencia”, dijo Pérez Moreno.
