César Moreno murió el pasado 18 de septiembre por un paro cardiorrespiratorio tras haber sido enviado a una cama de sujeción en la cárcel de Bouwer. Pero ahora, desde el entorno de los acusados aseguraron que los nueve detenidos por esta causa “cumplieron con el protocolo” y no cometieron “ninguna falta” que pudiera guardar relación con el fatal desenlace.
A su vez, hay una consecuencia operativa: tras las detenciones se registró la renuncia de parte del personal médico que trabaja en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Los directivos tuvieron que contratar una empresa de prestaciones de salud tercerizada y armar un esquema de contingencia, con guardias de 24 horas y no de 12 entre quienes siguen trabajando en el “hospitalito” y los consultorios de los cuatro pabellones de varones y el módulo de mujeres en Bouwer.
En la cárcel aseguran que se impuso el temor entre los profesionales y que por eso decidieron “dejar un trabajo antes que caer presos”.
“Nadie sabe quién puede ser el próximo en caer tras las rejas si actúa como el protocolo lo indica, como pasó en este caso”, expresaron fuentes vinculadas al funcionamiento del penal.
Las autoridades del SPC confirmaron que se debió acudir a la tercerización, pero intentaron minimizar el impacto de las renuncias, asegurando que no son masivas.
Para el fiscal a cargo del caso, José Alberto Mana, hay elementos sobrados para sostener las imputaciones por “tortura seguida de muerte”, una figura que se castiga con prisión perpetua.
Los ojos de los pesquisas están puestos en las llamadas “medidas de contención”, que en este caso fueron ordenadas el 16 de septiembre por el médico de guardia, Eduardo Segovia, y luego fueron confirmadas por la psiquiatra Ana Laura Grassi.
Según se desprende de las primeras investigaciones, la víctima fue atada con telas similares a “tiras de sábana”. Esto se decidió porque Moreno habría protagonizado un altercado con un guardacárcel y se habría encontrado en estado de “alteración”.
Mana ordenó realizar una autopsia siguiendo protocolos internacionales, para constatar las condiciones de sujeción, ante la duda de que pudieran haber constituido un hecho de tortura.
No puso el foco de la investigación en los golpes que podría haber recibido Moreno durante su detención, que en rigor se produjeron cuatro días antes de su muerte, el 14 de septiembre, cuando fue trasladado a la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA).
La exesposa de la víctima, Soledad González, sostuvo que el padre de su hija, con quien tenía una excelente relación, padecía un trastorno psiquiátrico. El hombre había abandonado el tratamiento y González aseguró que cuando fue detenido y trasladado a la Alcaldía estaba atravesando un brote psicótico.
Un informe que realizó el Centro Psico Asistencial (CPA) –solicitado por el fiscal que ordenó la detención, Rubén Caro– registró los antecedentes psiquiátricos de Moreno y recomendó su tratamiento ambulatorio.
Allegados a los guardiacárceles expresaron que actuaron según habían sido formados para ejercer su labor. “Nadie hizo nada fuera de lo correcto. El hombre estaba en un estado de mucha alteración y no lo podían frenar. Lo llevaron a enfermería y esa fue toda la intervención de los guardias”, aseguraron.
En tanto, fuentes vinculadas al médico Segovia aclararon que él no tiene especialidad en psiquiatría y que al momento de solicitar la “medida de contención” se encontraba cumpliendo funciones de guardia.
Lo que tenga para decir la psiquiatra Grassi sería lo más relevante, ya que, según explicaron desde su entorno, la profesional lo habría controlado en dos oportunidades y en la última ronda, el lunes 18 de septiembre, solicitó con carácter de “urgente” el traslado de Moreno al CPA.
“Ella había advertido que esta persona no podía continuar en Bouwer en esas condiciones. Realizó esa solicitud a primera hora del lunes y luego, cuando se terminó su turno de trabajo, se fue a su casa”, comentaron fuentes que accedieron a dialogar con La Voz.
Consultados sobre el procedimiento que el entorno de la psiquiatra mencionó, altas fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prefirieron no dar detalles para no entorpecer la investigación. También subrayaron que toda prueba requerida fue remitida a la fiscalía.
Los abogados que hasta ahora han sido fijados por los acusados van a mantener una misma postura: han recomendado a sus representados que se abstengan de declarar en la causa hasta tanto se levante el secreto de sumario, tal como informó Tomás Aramayo (defensor de Segovia), Sebastián Lascano (representa a Grassi) y Darío Parisotto (abogado del guardia Lucas Argüello).
Los tres aseguraron que, una vez que haya acceso al expediente, sus representantes “van a hablar”.
Renuncias y contrato de una empresa tercerizada
“Luego de que se llevaron adelante las detenciones hubo renuncias por parte de monotributistas, y entre ellos de los médicos, porque se atemorizaron. Vieron que sus compañeros actuaron bajo protocolo y que les soltaron la mano”, dijeron allegados a los trabajadores del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
Consultada sobre una presunta renuncia masiva, una alta fuente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoció que “ha habido algunas renuncias” pero aseguró que la situación es “normal”.
Se informó que para evitar cualquier impacto el SPC debió contratar un servicio tercerizado de atención de la salud. “Los reemplazos no son tan rápidos y para garantizar el servicio se subcontrató a una empresa para que garantice los turnos. La cobertura de salud de los internos está garantizada”, señaló y agregó que “la cantidad de gente que ha renunciado no es masiva”.
Denuncian que la detención fue “una emboscada”
Además, los familiares de los detenidos expresaron su descontento por la manera en que se llevó a cabo el procedimiento: “Los citaron a una reunión informativa y cuando llegaron, supuestamente a trabajar, les dijeron que los estaba esperando la División de Homicidios y que iban a quedar detenidos”, comentaron.
La Justicia cuenta con la potestad de llevar a cabo órdenes de detenciones como lo crea más apropiado. Es decir, si un acusado representa un peligro porque podría estar armado, por ejemplo, la orden de detención podría ejecutarse durante la noche y bajo estricta cautela. En otros casos, se podría dar que un grupo de acusados fueran citados a un mismo punto para cumplir un oficio.
Sin embargo, para los familiares se trató de “una emboscada”.
La cartera de Justicia confirmó que el fiscal libró un oficio solicitando al SPC que citen a los imputados a las 10. Los directivos actuaron para responder al oficio judicial. En la fiscalía, por su parte, optaron por esta opción para reducir al máximo cualquier tipo de exposición de los acusados.
El caso y la figura de “violencia institucional”
Por el lado de la víctima, tanto la exesposa de Moreno, González, como el abogado de ella, Alejandro Pérez Moreno, sostienen que lo que pasó con el hombre encuadra en la figura de “violencia institucional”.
“Mi exmarido viajó el 14 de septiembre hacia Córdoba, desde Villa María (donde es oriundo), para acompañar a un amigo. A las 12 se quedó solo en la ciudad de Córdoba y entró a una panadería. En medio de una discusión que tuvo con los empleados lo agarró la Policía y me llamó para decirme que estaba todo bien, porque en realidad se encontraba perdido, atravesando un brote psicótico”, planteó la mujer.
Tal como surge de su relato, hay videos donde se ve a Moreno salir de la panadería a los empujones. Hay versiones que aseguran que no respetó la fila y que insultó a un mozo de la panadería de barrio Nueva Córdoba.
Según el parte policial, el hombre agredió físicamente a tres empleados y rompió una balanza digital.
Por este comportamiento que fue considerado como una “falta leve”, fue detenido en la UCA, donde horas más tardes habría cometido una agresión contra un guardia.
Según surge de la información que tramitaron las oficinas del fiscal Caro, quien instruyó la detención y el traslado a Bouwer, el hombre le habría clavado una lapicera en la boca a un guardia.
En ese momento –de acuerdo a la versión del SPC– Moreno fue sujetado por primera vez. Luego la fiscalía pidió una consideración a cargo del CPA, cuya valoración arrojó que no debía quedar internado y que debía apegarse a un tratamiento ambulatorio.
Con esos indicios, Caro firmó su traslado a Bouwer, sitio donde Moreno murió.
Según Pérez Moreno, el caso se encuadra en un hecho de “violencia institucional”, dado que los operadores que deberían haberse ocupado de velar por la integridad del detenido habrían hecho todo lo contrario.
