La Procuración General de la provincia de Buenos Aires inició un sumario administrativo de oficio a la fiscal Sabrina Cladera por la decisión de liberar a T.G., el delincuente de 17 años que luego se convirtió en uno de los asesinos de Kim, la niña de 7 años que murió arrastrada debajo de un auto robado en La Plata.
La Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, a cargo de Miguel de Lezica, lleva adelante esta actuación habitual ante casos de inseguridad de alto impacto público, para investigar posibles irregularidades o fallas en la actuación de los fiscales.
Según publicó Infobae, la investigación busca determinar cómo actuó la fiscal Cladera ante un intento de asalto previo cometido por T.G.
El hecho, una tentativa de robo automotor, ocurrió el 1° de febrero. Debido a su edad y la pena en expectativa, la fiscal Cladera no solicitó la detención, y el delincuente fue entregado a sus padres.
T.G. había asaltado a una joven de 20 años junto a otros tres adolescentes. La policía detuvo a la banda, pero fueron liberados por orden de Cladera.
La defensa de la fiscal Cladera
Expertos consultados por Infobae admiten que difícilmente la fiscal Cladera reciba una sanción. La pena en expectativa por un robo de automotor en grado de tentativa es excarcelable. En principio, la conducta de la fiscal ha sido correcta.
Cladera aplicó el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que establece los criterios para otorgar la libertad. Ese artículo permite a la fiscal liberar a un aprehendido si estima que no solicitará la prisión preventiva, siempre y cuando el imputado fije un domicilio y se comprometa a comparecer ante cualquier llamado.
El alcance de la investigación
El Departamento de Control Disciplinario de la Procuración busca descartar cualquier presunción de irregularidad. Se investigará si la fiscal aplicó correctamente las leyes, no la evolución de los acontecimientos posteriores.
La sanción máxima que podría enfrentar la fiscal, en caso de comprobarse un error o falla, es una suspensión de hasta 30 días. Si se comprueba un delito, interviene la Secretaría de Enjuiciamiento.
