Otra fuerte conmoción provocó este jueves en el seno del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) la novedad de la detención del extitular del área de Seguridad, Darío José Tello Pajón (51), desplazado de su función a fines de setiembre tras la primera oleada de allanamientos iniciados por el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier.
El miércoles, a última hora, tras el intenso y prolongado allanamiento a la sede de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Córdoba, en el Centro de Córdoba, se produjo la detención del exfuncionario Tello Pajón.
La imputación que le impuso el fiscal es la de “asociación ilícita” y “tentativa de extorsión”.
Por el secreto de sumario que impera en la causa apenas producida la privación de la libertad, sólo pudo conocerse de fuentes con acceso al expediente que el accionar cuestionado a este exagente del SPC es su relación con los movimientos de Sergio Guzmán, el primer detenido, cuando era nada menos que uno de los subdirectores de la cárcel de Bouwer.
Tello Pajón ya había sido desplazado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. En su lugar, fue designado el prefecto técnico superior Diego Marín Ayala como “responsable de la seguridad de todos los establecimientos penitenciarios de la Provincia”.
“La decisión se tomó porque los hechos de público conocimiento están vinculados al área de seguridad. Evidentemente hubo falencias, que hemos advertido desde el propio Servicio Penitenciario”, confió en ese momento Cecilia Lanzarotti, secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria.
La medida se tomó después de que Julio Heredia, director del Establecimiento Penitenciario N° 9 (la UCA) fuera sancionado y separado de su cargo por haber tenido trato preferencial con Guzmán, cuando estuvo alojado allí.
Puntapié inicial
De las pocas precisiones que se obtienen de este tramo de la causa, trascendió en Tribunales 2 que Tello Pajón fue investigado a partir de informes suministrados por el Tribunal de Conducta de las Fuerzas Policiales, el organismo del Ministerio Público Fiscal que analiza el desempeño y supuestas irregularidades de los policías y penitenciarios de la Provincia.
Una consulta de este medio con fuentes de ese tribunal confirmó que habían brindado sus conclusiones de la investigación interna a la fiscalía de Gavier.
Si bien no es posible recibir mayores precisiones de qué irregularidades supuestas se le atribuyeron a Tello Pajón, se indicó que es habitual que cuando un agente policial o penitenciario con investigación “positiva” es de rigor que esos datos se aporten a la fiscalía interviniente.
Siempre con el hermetismo del caso, un miembro de ese tribunal amplió que se viene analizando la conducta de los penitenciarios en el marco de esta investigación. La primera reflexión es que existe un “descontrol” y una suerte de “anarquía” en la fuerza todavía difícil de cuantificar en todas sus dimensiones.
El surgimiento de “quioscos”, exigencias de dinero a cambios de favores, “peajes” para pasar teléfonos celulares, permisos de salida transitorios y toda una serie de irregularidades difíciles de controlar intramuros, son algunos de los “bienes” que suelen negociar quienes se corrompen con el uniforme de guardiacárcel. Para ello, de acuerdo a lo que surge de la presente investigación, se valen de civiles, como abogados o particulares que tienen llegada con los presos o sus familiares.
Cinco penitenciarios detenidos
En la causa Bouwer, que abarca también irregularidades cometidas con el liderazgo de Guzmán en ese penal, en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y en la cárcel de Cruz del Eje, ya suman siete los detenidos por el fiscal Gavier.
Además de Tello Pajón y Guzmán, en la causa también están detenidos tres abogados penalistas -Alfredo Ciocca, Julio César Páez y Gustavo Murga- y dos “particulares” que habrían oficiado de intermediarios, Ramón Salas (exempleado provincial) y Aldo Florencio Campos.
Pero, por otra parte, Gavier inició otro tramo de investigación que involucra otra industria delictiva en los penales provinciales, el call center “tumbero” de la cárcel de Villa María. Allí se “descabezó” a los máximas autoridades de ese penal: el director de ese Establecimiento Penitenciario N° 5, Andrés Américo Aciar (45); el subjefe de Operaciones de ese presidio, Edgar Ezequiel Arroyo (40); y el jefe de Seguridad, Néstor Gómez (40).
Además, en ese operativo ejecutado a mediados de setiembre, cayeron seis presos que tenían vía libre para hacer llamadas para estafar a ciudadanos de todo el país y 11 personas vinculadas como los nexos en el exterior que necesitaban los presos para consumar los delitos.
De este modo, entre los siete detenidos por la causa de Bouwer y los 20 de Villa María, hay cinco altos funcionarios del SPC involucrados como líderes de las maniobras de corrupción en los penales provinciales.
