“Escúcheme, ¿cómo era el arma con la que los apuntaron?”.
Era la mañana de aquel caluroso viernes y un nuevo drama fatal se acababa de escribir en Córdoba capital.
Un asalto domiciliario a una familia había terminado con uno de los delincuentes abatidos por la Policía en una vivienda de barrio Urca. Muerto con un tiro en la cabeza.
Y allí se encontraba el fiscal Juan Pablo Klinger, junto con sus colaboradores, entrevistando a las víctimas del asalto domiciliario.
“¿Cómo era el arma que usaban los ladrones?”, insistió el fiscal.
“No, doctor... No usaban armas. Ninguno. Nos pegaban con sus manos y nos ataban, pero no había armas”, respondió el hombre. Su esposa asentía.
Los investigadores se miraron. Llamativa la afirmación.
Sobre todo porque el ladrón ultimado en la cocina tenía un revólver en su mano derecha.
El siguiente punto llamativo de la historia fue cuando el forense confirmó la autopsia. “El disparo a la cabeza no fue de adelante para atrás. Fue de atrás para adelante. El impacto fue a la nuca”, concluyó.
El último punto que encendió las alertas fue cuando el padre del asaltante ultimado bramó: “Mi hijo era ladrón y robaba, sí, robaba… Pero no daba para que lo mataran así. ¡Además, era zurdo y apareció con el arma en la mano derecha!”, gritó.
Ese mismo 18 de diciembre de 2020, tres policías quedaron bajo la lupa de la fiscalía: uno por matar, dos por encubrir y desviar la causa.
Un año después, el fiscal terminó mandando a juicio a siete policías.
Entre ellos, un comisario.
En las últimas horas, el Juzgado de Control 1° de Córdoba ratificó la acusación del fiscal: uno de los uniformados deberá responder por homicidio con exceso en la legítima defensa, mientras que los seis restantes, por encubrimiento agravado.
¿Encubrimiento? Buscaron un viejo revólver y “plantaron un arma” en la mano equivocada, según la causa.
Hay un punto no menor en toda esta terrible historia.
En aquel 2020, cuatro meses antes, la misma Policía de Córdoba había matado a Blas Correas (17), en un operativo callejero. Lo había matado y le había “plantado” un arma para desviar la investigación.
Matar por la espalda
El caso de Urca ocurrió a las 5 de la mañana de aquel viernes 18 de diciembre de 2020.
Con datos aportados por un guardia de seguridad de la barriada (quien fue detenido y enviado a juicio), varios delincuentes sorprendieron a un vecino cuando sacaba el auto de su casa, en calle Borda al 1200.
Los delincuentes golpearon a la víctima y redujeron también a su esposa y a un hijo.
Alguien alcanzó a llamar al 101 y, a los pocos instantes, arribó el primer móvil cuando los delincuentes estaban en plena faena delictiva.
En esas circunstancias, el sargento ayudante Ariel Esteban Adavid entró armado a la casa y enfrentó a uno de los delincuentes en la cocina de nueve metros cuadrados.
Isaías Daniel Luna, el ladrón, estaba desarmado y sin escapatoria.
“¡Policía, alto, parate ahí, quedate ahí!”, se escuchó gritar al uniformado.
Acto seguido, un balazo de la pistola policial Bersa dio en la nuca de Luna.
El joven cayó muerto.
“Plantar” un arma y mentir
Según la investigación, lo que sobrevino después por parte de los compañeros del CAP 10 fue un plan criminal delictivo para desviar la investigación y eludir a la Justicia.
De acuerdo con la causa, el oficial inspector Jonathan David Tabares habría mandado a su subalterno Adrián Aníbal Carranza para que fuera a su casa, en barrio San José y en un móvil, a buscar un arma de fuego trucha (un revólver 38 limado).
Eso sí: antes de ir, había que cambiar de ubicación a un patrullero que estaba estacionado frente al domicilio de Urca porque tenía cámaras en el techo de la carrocería.
Esa filmación podía complicarlos.
Según el fiscal Klinger, los policías fueron y volvieron con un arma y se la colocaron al delincuente muerto (que estaba en la cocina) en su mano derecha y le pusieron un dedo en el gatillo. El joven era zurdo.
Todo esto habría sido avalado por el comisario Fernando José Navarro, junto con otros subalternos, ya presentes en la casa de barrio Urca.
De acuerdo con la acusación judicial, y para no tener eventuales testigos, los policías se demoraron un buen rato en llamar a la ambulancia.
No fuera cosa que el cuerpo médico observara los movimientos.
Además de “plantar” el arma, los policías que participaron del procedimiento se confabularon para mentir ante la autoridad judicial. Sobre todo, cuando fueron a declarar a la unidad judicial de Robos y Hurtos.
Siete policías imputados
- Homicidio con exceso en la legítima defensa. Por el crimen del ladrón, está acusado el sargento ayudante Ariel Esteban Adavid. Quedó acusado por exceso (una figura equiparable al homicidio culposo).
- Encubrimiento agravado y falso testimonio. Pedro Manuel Benka, Sebastián Raúl del Valle Colella, Jorge Raúl Aguirre, Jonathan David Tabares, Adrián Aníbal Carranza y Fernando José Navarro.
Sólo Tabares está preso y con prisión preventiva.
Tiene dos causas pendientes por graves procedimientos. En uno de ellos, se plantó un arma también, según la Justicia.
Otros acusados
Cabe consignar que dos supuestos cómplices del ladrón abatido y un guardia de seguridad fueron enviados a juicio por robo.
Apelación
En las últimas horas, una de las defensas apeló la resolución del juez de Control y la causa pasó a la Cámara de Acusación.
