En esta ocasión, el fiscal federal Enrique José Senestrari (62) estará del otro lado del escritorio: se sentará como supuesto autor del delito de “violación de los deberes de funcionario público” para ser indagado por una presunta conducta dolosa en la investigación por el secuestro extorsivo del adolescente Santiago Aguilera Allende en 2022 en Villa Dolores, quien en pocos días terminó siendo ejecutado por sus captores.
Así lo determinó el fiscal general de la Procuración General de la Nación, Pablo Nicolás Turano, quien analizó la denuncia de los padres de la víctima, Carlos César Aguilar y Mónica Lucía Allende, representados por el penalista cordobés Alejandro Dragotto y, tras el análisis de las constancias, determinó que Senestrari debe ser indagado por un juez como autor de una conducta dolosa.
Sorprendido por la novedad fuera del país, Dragotto le dijo el jueves por la noche a La Voz: “Lo que más quisiera destacar, es que esto es el fruto de una batalla perseverante de la familia Aguilera Allende. Mónica lo sintetizó en su momento: Santiago fue toda su vida un luchador. Si nosotros no luchamos igual, no somos dignos de ser sus padres”.
La presentación judicial de la familia del joven Aguilera previamente había tenido el aval de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La sala integrada por las vocales Liliana Navarro, Carolina Prado y Noel Costa apartó a Senestrari por “falta de objetividad”.
Terminó apartado al quedar en evidencia la conducta del fiscal durante los días previos a la ejecución.
Horas cruciales
La cronología de los hechos indica que la noche del martes 16 de agosto de 2022, Santiago, de 18 años, fue secuestrado bajo engaño por Walter Gil, quien lo entregó a sus captores.
Al día siguiente, Gil fue detenido y el jueves los policías de la Provincia investigadores especialistas en secuestros le insistieron al fiscal Senestrari que lo indagara, pero este desistió de hacerlo.
Según lo que se relata en las denuncias y surgió en el juicio que en junio pasado terminó con la condena de Gil, se le pidió a Senestrari que interrogue al detenido ese jueves en virtud de lo que dispone el artículo 41 ter del Código Penal. La normativa sostiene que puede advertírsele al detenido que si declara como arrepentido y colabora con la investigación una eventual pena se reduce siginificativamente a lo que corresponde a una tentativa de ese mismo delito.
Senestrari sabía por los padres que Santiago era trasplantado de riñón y no había llevado su medicación inmunosupresora. La demora en indagar a Gil conllevaba un severo riesgo de vida para la víctima que podía perder el órgano.
Si un paciente trasplantado de riñón no toma sus medicamentos inmunosupresores durante cinco días, la situación es potencialmente grave y constituye una urgencia médica.
De igual modo, los investigadores policiales, en varias oportunidades le habrían indicado al fiscal que era crucial indagar a Gil mientras Santiago podía estar con vida, pero sostienen que el viernes 19 Senestrari dispuso hacerlo recién el lunes 22 cuando lo trasladaran a Córdoba, según se indica en el expediente, porque el imputado todavía no había designado abogado defensor.
En esos momentos, Santiago estaba con vida.
Pero dos días después, el domingo 21, hallaron en un descampado el cadáver de Santiago, con signos de tortura y rastros de una muerte violenta. La autopsia indicó que murió el sábado.
“No es una negligencia”
El fiscal Turano sostiene en un tramo de su resolución conocida este jueves que este obrar “en ningún caso, (puede) considerarse como una negligencia”. Luego, aclara: “Me refiero a la decisión de Senestrari de no recibirle declaración en las primeras 24 horas al imputado ni notificarlo en ese plazo de las posibilidades que prevé el artículo 41 ter del Código Penal”. Agrega Turano que “lo que en el caso toma particular relevancia, a los efectos de evaluar el daño acontecido por tal incumplimiento, dado el resultado producido en las actuaciones en las que intervino: la muerte de la víctima, Santiago Aguilera Allende”.
Luego, el representante del Ministerio Público ante la Procuraduría sostiene: “Se debe advertir que esto no resulta ser un mero retraso, sino el liso y llano incumplimiento de sus deberes: recibirle declaración al imputado en un plazo acotado y hacerle saber, en ese plazo, de las posibilidades que le acuerda” ese artículo. Luego, Turano añade que esos deberes “justamente, fueron establecidos a efectos de hacer frente a la premura que requieren los casos de secuestros extorsivos como el que el imputado tenía a su cargo en ese momento”.
Turano señala además en su resolucion que esa “decisión la tomó el fiscal de manera inconsulta, fuera de los márgenes legalmente establecidos, en detrimento del propio imputado y, como luego pudo verificarse, de la víctima”.
También cita el escrito de 16 páginas que los investigadores antisecuestros de la Policía de Córdoba le insistieron a Senestrari sobre la premura de la indagatoria, mientras Santiago estaba con vida, pero no tuvieron éxito.
Ellos fueron Augusto Lavalle -director de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Córdoba y en esa causa jefe del Departamento Antisecuestros de la misma fuerza- y Sergio Oradá, miembro de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Córdoba. Ambos declararon en el juicio y recordaron que “había una preocupación en el equipo por la falta de interrogatorio formal, y que, de hecho, (Lavalle) se lo manifestó al fiscal Senestrari”.
Pero, según su declaración, el fiscal le respondió: “Vamos a dejar que este muchacho reflexione y quiera colaborar”.
En este tramo del relato varios testigos insisten que Senestrari le llevó al detenido a su celda un pedazo de torta porque en la dependencia policial estaban festejando un cumpleaños.
Oradá también recordó que se le “advertía a Senestrari sobre un cuadro de situación que ameritaba la declaración urgente del imputado”.
Sobre esto último, el fiscal Turano concluye que estas advertencias “permiten acreditar también el dolo directo” en el actuar de Senestrari.
De modo concluyente, Turano remite copia de su dictamen al juez Alejandro Sánchez Freytes y le pide que le tome declaración indagatoria por los hechos relatados, en función del articulo 248 del Código Penal.
