Tras recobrar su libertad en agosto, el empresario Marcos Javier Baldovino, encargado de algunas franquicias de las heladerías Cremolatti y Creambury en Córdoba, recibió un revés en la Cámara Federal de Apelaciones. La Sala B confirmó su procesamiento como uno de los presuntos jefes de una supuesta asociación ilícita fiscal que habría pergeñado varios delitos, entre ellos, lavado de activos.
La causa a cargo del fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, comenzó hace varios meses cuando imputó a 13 personas, entre ellas, a los hermanos y empresarios Germán Rocca (42) y Joaquín Rocca (44), y a Baldovino (41; liberado el mes pasado), expareja de la conocida bailarina Noelia Marzol. Los acusó de haber liderado una supuesta banda que habría consumado varios delitos.
En febrero, el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, procesó a Baldovino; los Rocca, Rosa Marta Micoli (71, madre de Germán Rocca) y al contador Mauro Ezequiel Falvo (40) por asociación ilícita. Pero sobreseyó a su hermano Joaquín Rocca y a Micoli por lavado.
Por estas horas, la Cámara confirmó los procesamientos de los principales acusados, lo que los coloca más cera del juicio.
La causa
Las maniobras se habrían producido desde el período fiscal 2016, cuando los Rocca y Baldovino presuntamente montaron la asociación ilícita fiscal para obtener una mayor rentabilidad económica. Así, habrían ocultado la verdadera dimensión de su actividad comercial (las franquicias de Cremolatti y de Creambury) y la cantidad de empleados contratados a través de cinco aparentes maniobras.
La hipótesis acusatoria apunta a que habrían dispuesto la creación de una serie de empresas, entre SA y (SAS) –Pullman, Amsa, Eletea 1086, Suertudo, Mopa 1086, Wadiya, Andalao y Noplag– para concretar operatorias sospechosas.
A su vez, habrían abierto distintas franquicias de Cremolatti, de Creambury y de Panicafé en la ciudad de Córdoba, habilitándolas, presuntamente, a nombre de aquellas empresas (Pullman…) y de algunas personas físicas. La particularidad habría radicado en que ninguna de ellas habría tenido la capacidad económica, patrimonial ni financiera para desarrollar esas actividades.
Otra de las maniobras habría consistido en no pagar, o en hacerlo sólo de forma parcial, las deudas impositivas o previsionales de las empresas, con lo que se dejaban inactivas las firmas involucradas para crear nuevas empresas y continuar con su actividad comercial.
El fiscal sospecha, además, que algunos empleados no habrían sido debidamente registrados ante los organismos oficiales; y sobre aquellos que sí habrían registrado, se informaban remuneraciones inferiores al salario mínimo.
Los Rocca y el exnovio de Marzol habrían omitido ingresar al fisco aportes por al menos 13,3 millones de pesos. Esas circunstancias fueron advertidas a partir de una denuncia periodística del sitio ADN, que alertó sobre las gestiones de los empleados para obtener el ingreso familiar de emergencia (IFE). Senestrari estimó que los empresarios les habrían solicitado a sus empleados no registrados que gestionaran el IFE para luego restarles el beneficio de los sueldos.
Al procesarlos Bustos Fierro –en sintonía con la acusación del fiscal–, los empresarios no habrían declarado empleados, y los que sí estaban registrados, habrían sido incluidos en la nómina salarial por remuneraciones menores. También habrían creado sociedades a nombre de terceros simulando que estos eran los dueños y los beneficiarios para evadir impuestos y cargas previsionales.
Sobre la presunta evasión de los 13,3 millones, el juez sostuvo que, debido a que parte de ese monto fue formulado como deuda presunta y aún resta el informe final de inspección de la Afip (lleva demorado cinco meses), decidió ordenar la falta de mérito (sin elementos para procesar o para sobreseer) a los Roca y a Baldovino. Con el escrito de la Afip, el magistrado deberá resolver la situación procesal.
¿Lavado?
Baldovino quedó bajo sospecha por presuntamente haber lavado en 2019 más de 1,2 millones de pesos con la compraventa de bienes muebles, que habría adquirido o transferido ocultando su participación en Colectivo 60, constituida por él. Así, para darle un “ropaje” legal al dinero, habría adquirido una Volkswagen Amarok (inscripta a nombre de Colectivo 60) por esa cifra millonaria.
Por otro lado, apuntó contra Germán Rocca por presuntamente blanquear casi 1,5 millones (con la compra de una Ducati Supersport S) y lo procesó como organizador de asociación ilícita y de lavado.
El contador Falvo, asimismo, fue procesado como autor de la asociación, porque habría asesorado a los supuestos cabecillas en las maniobras y luego coordinado las presentaciones fiscales de las personas físicas y empresas de las que era su contador.
Revés para Baldovino, los Roca y Micoli
La Sala B de la Cámara revocó el sobreseimiento de Joaquín Rocca y de Micoli por el lavado (el fiscal había apelado), con lo que ordenó que se profundizara la investigación. Bustos Fierro entendió que el Passat 2.0 TSI DSG (modelo 2017) había sido adquirido al menos seis meses antes de la presunta evasión, por lo que no podía sostenerse que hubiera sido comprado con fondos ilícitos.
Sin embargo, el camarista Abel Sánchez Torres advirtió que resta la producción de prueba respecto de la evasión de recursos de la seguridad social y que, teniendo en cuenta que ambos están procesados por asociación ilícita fiscal, no puede descartarse de forma definitiva que los fondos con los que se adquirió el auto hayan provenido de algún delito.
Por su parte, Sánchez Torres y sus pares, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes, confirmaron los procesamientos de Baldovino y de los Roca como organizadores de la asociación ilícita, y de Micoli como integrante. Si bien la defensa había sostenido que no había elementos para mantener la calificación y la participación, además, de Joaquín Rocca y de Micoli, los vocales avalaron la medida de primera instancia.
“Respecto de los argumentos defensivos relativos a la existencia de infracciones administrativas y no de delitos tributarios, reitero que la asociación ilícita no requiere la concreta comisión de algún delito tributario, sino tan sólo la existencia de una asociación que tenga entre sus fines u objetivos la realización de los mismos, sin que sea necesario que esos fines se lleven a cabo”, recordó Sánchez Torres.
El magistrado resaltó que “una determinada franquicia era explotada por distintas sociedades que continuaban con el negocio luego de la disolución o inactivación de la precedente, y que tanto a unas como a otras se encontraban vinculados, de distinta manera, los imputados Joaquín Rocca, Germán Rocca, Baldovino y Micoli”.
Además, remarcó que, al momento de los allanamientos en los locales, muchos de los empleados del grupo no estaban registrados formalmente. “Es prematuro negar de forma absoluta la existencia y la responsabilidad de los imputados en el delito de evasión de recursos de la seguridad”, razonó.
Vehículos de Baldovino y de Germán Rocca
Asimismo, confirmaron el procesamiento de Baldovino por lavado agravado respecto de los más de 1,2 millones de pesos que habría blanqueado en 2019 con la compra de la Amarok mediante la firma Colectivo 60 (constituida solo por él). La camioneta pertenecía al empresario antes de la adquisición por parte de esa empresa.
El nivel de ingresos que declaró “no le habría permitido ser propietario, hasta 2019, de una camioneta de alta gama, por lo que es fácil advertir que los fondos con que tal vehículo se habría adquirido serían de origen ilícito”, señaló el camarista. Y advirtió que Colectivo 60 tampoco tenía capacidad económica para adquirirla, con lo que, nuevamente, la sospecha apunta al blanqueo.
A su vez, confirmaron el procesamiento de Germán Rocca por lavado a través de la compra de la Ducatti Supersport S. Para los jueces, la adquisición no se condice con sus ingresos. Respecto de la evasión de aportes (se le dictó la falta de mérito), se espera la obtención de una prueba para definir su situación procesal.
Por último, declararon la nulidad del procesamiento de Falvo (por asociación ilícita fiscal) al considerar que Bustos Fierro “no efectuó un análisis y una relación de la prueba con el hecho atribuido a Falvo, sino que se limitó a señalar que las empresas investigadas tenían al mismo asesor contable y concluyó que (…) en su carácter de contador, habría asesorado a los imputados para llevar a cabo las maniobras (…) y habría coordinado las actuaciones y presentaciones fiscales de los imputados”.
