- La jueza de Control de Río Cuarto no aceptó el trámite de oposición planteado por el fiscal Pizarro por las objeciones del viudo.
- En menos de 24 horas
- consideró que
- al no haber una apelación formal de la defensa
- quedó clausurada la investigación.
La jueza de Control de la ciudad de Río Cuarto, Luciana Natalia Alba, consideró firme la elevación a juicio de la causa contra Marcelo Macarrón como presunto instigador del asesinato de su mujer, Nora Dalmasso (51), ocurrido hace casi 13 años.
Por “falta de jurisdicción”, la jueza no se pronunció sobre el pedido del fiscal Luis Pizarro para darle trámite de oposición a una serie de objeciones planteadas por el viudo.
Como se recordará, Macarrón no cuestionó formalmente que lo mandaran a juicio por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria. Dijo querer demostrar su inocencia “cuanto antes”. Pero dejó sentada una serie de objeciones en un escrito de 39 páginas.
Ante esto, Pizarro, para evitar que luego surjan reclamos por nulidades, pidió la intervención de la jueza, según anunció este martes en una conferencia de prensa.
Sólo 24 horas después, la jueza Alba indicó que no correspondía que ella opinara al respecto, por lo que cualquier planteo de las partes, formulado tras la clausura de la investigación, “deberá ser resuelto por el órgano que posea jurisdicción en la nueva etapa (la Cámara del Crimen)”.
“Corresponde que este tribunal se abstenga de conocer en los presentes actuados, los que deberán ser remitidos en devolución a la fiscalía de origen”, expresó la magistrada”.
Alba argumentó que como jueza “no puede actuar libremente y juzgar sobre lo que se le plazca”, sino que está sometida “a una serie de ataduras que estrechan su ámbito”. Remarcó que “la investigación penal preparatoria queda clausurada cuando se dicta el decreto de remisión a juicio y que, con ella, finaliza la jurisdicción del Juzgado de Control”.
Valoraciones
“La jueza fue impecable jurídicamente porque pone de manifiesto el grave yerro jurídico del fiscal, uno más en la retahíla de errores en este proceso. El fiscal sabe que, una vez que se agotó su competencia, materialmente tiene que desprenderse de la causa”, opinó Marcelo Brito, defensor de Macarrón.
Insistió en que “el control de nulidades (para establecer si la acusación reúne los requisitos formales) es primera tarea que tiene que hacer el tribunal de juicio, antes de citar a las partes, de acuerdo con lo establecido en la primera parte del artículo 361 del Código Procesal Penal”.
Brito señaló que la defensa puede plantear nulidades hasta en los alegatos. Y dejó entrever que tiene varios cuestionamientos, y hasta denuncias, en carpeta.
¿En otra ciudad?
El abogado de Macarrón insistió en defender el derecho de su cliente a que se garantizara la imparcialidad de los jurados populares. Citó tratados internacionales con rango constitucional.
Admitió que existe un vacío legal en la legislación cordobesa, pero aseguró que, en la práctica, en algunas cámaras es habitual una audiencia preliminar en la que el presidente y las partes interrogan a los jurados para aventar temores de parcialidad.
Citó, como antecedente, el juicio por el asesinato del productor César del Corral de Chucul, realizado en Río Cuarto en 2009. Dijo que, cuando fueron interrogados los jurados en la Cámara 1, una maestra admitió dificultades para ser imparcial y finalmente no participó del proceso.
También mencionó el juicio al intendente de Pilar, donde a tres jurados se les detectó, por redes sociales, filiación política, pese a que lo habían negado.
Se espera que antes de fin de año asuman los dos vocales que faltan en la Cámara del Crimen 1.
Brito admitió la resonancia que tuvo el caso Dalmasso en todo el país, pero no descartó que para asegurar que los jurados no tengan una posición tomada (podrían revisar si han manifestado opinión públicamente o participado de marchas, por ejemplo) hasta podrían plantear la necesidad de hacer el juicio fuera de esa ciudad.
