El juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, dio por formalizadas las investigaciones a un contador que intervino una cooperativa portuaria, cuyos fondos inmovilizados judicialmente fueron girados por orden del también imputado exjuez federal Marcelo Bailaque a una entidad financiera vinculada al empresario Fernando Whpei, y contra un exfuncionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), por su rol en actos administrativos como sustento en la extorsión contra dos empresarios, maniobras por las que también están imputados Whpei y Bailaque.
Acusación en la causa del exjuez Bailaque
Según informó el Ministerio Público, el fiscal a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari, expuso verbalmente la imputación referida al contador público Roberto P., en su rol de interventor de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Limitada de Puerto General San Martín.
El fiscal señaló que “a partir del actuar coordinado con Bailaque y Whpei, en su rol de interventor (el contador) desplegó diversas maniobras para que los fondos inmovilizados en entidades bancarias terminaran depositados en instituciones del Grupo Unión SA, y de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de Santa Fe, donde Whpei tenía influencia”.
El representante del MPF encuadró esas conductas como constitutivas de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, en grado de autor, y como partícipe necesario de prevaricato.
El juez Rodrigues Da Cruz, de conformidad con la solicitud efectuada por el fiscal, ordenó que el contador fije domicilio y le impuso el deber de solicitar autorización si quisiera salir del país.
Según el fiscal, el accionar del contador imputado “se extendió desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021. Con la intermediación de Maximiliano D., a quien designó como su asesor legal, propició una reunión en mayo de 2020 entre asociados a la cooperativa y Whpei, en la que éste indicó que la causa vendría a Rosario, la tomaría un juez amigo y nombraría asesores ligados a él”.
El fiscal añadió que luego fueron nombradas tres personas de confianza de Whpei como asesores de la intervención, quienes mantuvieron reuniones con el contador. “Como resultado de esas gestiones el interventor le solicitó al juez el desbloqueo de los fondos depositados en entidades bancarias hacia otras más ventajosas en cuanto a las tasas ofrecidas, y priorizando a las locales”, recordó Reynares Solari.
También citó informes sobre el listado de llamadas telefónicas entre dos personas, una de ellas -sostuvo- que impuso Whpei en la cooperativa. Eso ocurrió al menos tres veces el 10 de diciembre de 2020, cuando Bailaque ordenó el desbloqueo de los fondos. Agregó que en abril de 2021 procedió del mismo modo respecto de fondos resguardados en los bancos Coinag, Macro y Galicia. De esa forma se transfirieron casi 1.150 millones de pesos.
Según explicó Reynares Solari, la tarea del interventor estuvo enfocada en “negociaciones incompatibles con la función pública. Se habla de negocios inmobiliarios o financieros, y en ningún momento del objeto social de la cooperativa. Son los elementos que tenemos para considerar que hubo confusión de intereses en coordinación con Whpei y Bailaque”.
“A partir del actuar coordinado con Bailaque y Whpei, en su rol de interventor (el contador) desplegó diversas maniobras para que los fondos inmovilizados en entidades bancarias terminaran depositados en instituciones del Grupo Unión SA, y de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia de Santa Fe, donde Whpei tenía influencia”, sostuvo Reynares Solari.
La imputación a un empleado jerárquico de la ex-Afip
En otra audiencia que se desdobló, el fiscal a cargo de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Argibay Molina, imputó al contador y empleado de la ex-Afip (hoy Arca), Fernando D.A. por supuesta extorsión y concusión; prevaricato; allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. También le atribuyó la autoría de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según la hipótesis de la fiscalía, el imputado realizó “una serie de acciones y omisiones orientadas a generar las condiciones necesarias para que (Carlos) Vaudagna, extitular de la Regional Santa Fe de Afip, Bailaque y Whpei concretaran, de 2019 al 22 de noviembre de 2024, actos para presionar y exigir dinero a (los empresarios Claudio) Iglesias y (Jorge) Oneto a cambio de influir en las actuaciones administrativas y en el expediente judicial que habían iniciado en su contra”.
El fiscal resaltó que, como parte de esa estrategia previamente coordinada, el contador simuló el 14 de agosto de 2019 la recepción de una denuncia anónima en la sede Rosario del organismo fiscal, a partir de la cual generó el caso administrativo Sefi N° 1400149, donde se afirmaba que Iglesias lavaba dinero proveniente del narcotráfico y mantenía vínculos con la organización criminal “Los Monos”.
Para el fiscal, Vaudagna “omitió procedimientos habituales para este tipo de presentaciones” y el mismo día radicó la denuncia penal falsa ante el juzgado a cargo de Bailaque, mientras el caso Sefi N° 1400149 de la ex-Afip fue signado al ahora imputado, Fernando D.A.
El representante del MPF indicó que, en la causa judicial generada por la denuncia fraguada, Bailaque solicitó el 10 de septiembre de 2019 a la ex-Afip el resultado de las tareas de fiscalización de las personas denunciadas, pero que ese requerimiento judicial no se incorporó al caso Sefi.
Argibay Molina precisó que, en respuesta al pedido, el 17 de septiembre el contador suscribió una nota en la cual únicamente adjuntó registros de Iglesias y Oneto. Y solicitó 60 días para completar el requerimiento ante la “complejidad de operatoria financiera, el entramado de 25 sociedades comerciales, y habiéndose constatado que efectuaron blanqueos”.
Al otro día, el caso fue desestimado en sede administrativa “por motivos operativos”, sin realizarse las medidas, y se remitió la nota 2968/2019 al juzgado de Bailaque, firmada por el jefe interino de la Sección Penal Tributaria y por Vaudagna, según describió el fiscal.
