Carlos Lascano, presidente del Tribunal Oral Federal número 2, de Córdoba, rechazó este lunes el acuerdo de juicio abreviado propuesto por el Fiscal General, Carlos Gonella, y los abogados de los 13 imputados en el “narcoescándalo” de Río Cuarto.
Manifestó sus discrepancias con la calificación legal y consideró la necesidad de “un mejor conocimiento de los hechos ilícitos que se le endilgan a los imputados, lo que implica consecuentemente la necesidad de la realización del juicio, donde el Tribunal recepte las pruebas y las partes puedan alegar”.
La investigación del narcolavado en Río Cuarto se inició en 2014. Pero se aceleró en 2019, tras el asesinato del llamado “zar de la droga”, Claudio Torres, acribillado a balazos en la puerta de su casa, en barrio Fénix. Entonces, el juez riocuartense Carlos Ochoa dispuso un centenar de allanamientos simultáneos. Secuestró autos, bienes suntuarios y ordenó la detención de los presuntos cómplices de Torres, entre los que figura un jefe policial.
A juicio por coautoría
En 2021, Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Gabriel Bossi y Cristian Ortiz llegaron a juicio en calidad de presuntos coautores del delito de organización y financiamiento de narcolavado.
En tanto, Cristian Berti, Franco Soffli, Jorge Etcharren, Mariano Peirano, Marcelino Mansilla, Luz Montoya, María López de Bravo, Rodrigo Marcial Villar Benítez y Gustavo Osvaldo Oyarzabal (ex jefe de la División Investigaciones de la Departamental de Policía) fueron procesados como cómplices primarios.
El 29 octubre pasado, cuando debía iniciarse el juicio en el TOF 2, el fiscal Carlos Gonella informó sobre un acuerdo con las partes. Cambió la carátula de “organización y financiación de narcolavado” a “asociación ilícita”. Los acusados reconocieron los hechos y a cambio acordaron penas menores a los cinco años y cuatro meses de prisión y un millonario decomiso de bienes.
Cambió la interpretación de la prueba, se consideró que en algunos casos no había habido “habitualidad” en el lavado de activos, sino sólo “hechos puntuales” y se solicitó la absolución por narcotráfico de uno de los supuestos cabecillas de la organización: Andrés Rivarola.
Todo parecía indicar que la causa que había revelado más de cinco años de tráfico de droga y un millonario lavado de activos en el sur provincial llegaba a su fin. La hija de Torres, Claudia, salió a reclamar: “Es una burla lo que hicieron en la Justicia. Sólo les interesa la plata, sacar los bienes. Les dieron muy poca pena y de la muerte de mi papá no se sabe nada”, le dijo a este diario.
Aunque nunca se constituyó como querellante, pidió públicamente que se haga el juicio oral y no un abreviado. En la familia sospechan que a Torres lo mataron porque “si iba preso podía caer un pez gordo” o “alguna gente importante podía verse perjudicada”.
“Discrepancia insalvable”
Este lunes se conoció una resolución del presidente del TOF 2, Carlos Lascano, quien expresa “una discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada en el convenio celebrado” entre el fiscal y las partes.
El magistrado rechazó la nueva calificación de asociación Ilícita, que por tener una pena menor a seis años permitía el trámite abreviado. Consideró correcta la carátula anterior que aludía a la “organización y financiamiento” de actividades propias del narcotráfico. Advirtió que además debe declararse la reincidencia a los procesados Mariano Rivarola, Cristian Ortiz, Samuel Mansilla y Gabriel Bossi (con condenas anteriores por robo y otros delitos).
Y citó que, en el caso de Mariano Rivarola y Cristian Ortiz, deberían responder por el delito de organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, “en concurso real con el transporte de estupefacientes agravado”, porque habrían actuado como coordinadores del transporte de 3,5 toneladas de marihuana desde Misiones a Córdoba (causa “Yerba Mala”).
¿Cómo sigue la causa?
El Código Procesal Penal de la Nación, en el artículo 431 bis, establece que para que sea admisible la solicitud de juicio abreviado los imputados deben reconocer los hechos y su participación. Eso se produjo en la audiencia de visu, en octubre.
El inciso 3 de la misma norme dispone que el tribunal de juicio puede rechazar la solicitud por “la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida”. En ese caso, se prevé que deben remitirse las actuaciones al tribunal de juicio que le siga en turno y actuarse “según las reglas del procedimiento común (art. 431 bis, inc. 4 CPPN)”.
Fuentes tribunalicias daban cuenta de que no es habitual que se rechace un acuerdo y que el Fiscal General puede recurrir ahora la decisión del juez.
