A tres meses de ser detenido, el empresario del sur cordobés Alicio Dagatti recibió la peor noticia. El fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, le dictó la prisión preventiva, al igual que a su hijo Ignacio y a otras tres personas, en la causa relacionada con el llamado “camión narco”, interceptado hace dos años en la cárcel de Bouwer. en la periferia sur de la Capital provincial.
En la acusación a la que tuvo acceso este medio, Gavier sostiene que el empresario Dagatti se encargaba de reclutar a diferentes personas, operarios y funcionarios penitenciarios (…) “a quienes los instruía sobre la manera en la que debían llevar a cabo el ingreso clandestino de los elementos prohibidos, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, intimidándolos (…) en caso que se negaran a cumplir las tareas encomendadas”.
Dagatti es dueño de tres frigoríficos y presidente del club Asociación Atlética Estudiantes, de Río Cuarto.
La causa se disparó en diciembre de 2023, cuando un transporte con medias reses del frigorífico Livorno, de Dagatti, fue interceptado en el establecimiento penitenciario de Bouwer con teléfonos, droga y alcohol entre las medias reses.
Entonces, hacía apenas 14 días que Gavier había detenido al exjefe penitenciario Juan María Bouvier, por sospechas de corrupción.
Un año después, el 4 de diciembre de 2024, Alicio Dagatti, su hijo Ignacio y un empleado del frigorífico, Luis Mina, fueron detenidos en Río Cuarto.
Gavier los acusó de ser jefes y organizadores de una asociación ilícita. También imputó como miembros del grupo a un empleado del transporte (Maximiliano Gastón Irusta) y a un guardiacárcel (Ramón Alexis Farías). Luego de que Dagatti accediera a declarar durante más de tres horas días atrás, esta semana el fiscal decidió dictar la prisión preventiva a los cinco detenidos.
La Voz tuvo acceso a los hechos descriptos en la acusación.
Allí, Gavier afirma que desde una fecha que no se ha logrado precisar, “al menos desde 2015, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba resultó inmerso en una severa crisis motivada en la conformación de numerosas asociaciones ilícitas integradas por funcionarios públicos penitenciarios, empleados de la institución y operadores externos”.
Para el fiscal de Delitos Complejos, “por lo menos desde 2023, Alicio Dagatti, Ignacio Dagatti (dueños de Livorno SA) y Luis María Mina, director de la firma (…) presumiblemente con fines de lucro, se habrían asociado con vocación permanente hasta el día de sus detenciones, complotados con funcionarios del Servicio Penitenciario, para ingresar clandestinamente a los establecimientos carcelarios diversos elementos prohibidos, destinados a la comisión de múltiples e indeterminados delitos”.
Cómo operaba la banda, según el fiscal
“En esta asociación criminal, Alicio Osvaldo Dagatti, Alicio Ignacio Dagatti, como dueños de la empresa frigorífica, y Luis María Mina, como director de Livorno SA, asumieron el papel de jefes de la organización”, acusa el fiscal Gavier.
Sostiene que responsables de Livorno, “valiéndose por su parte del control de la empresa frigorífica, establecieron un mecanismo muy bien aceitado para el ingreso clandestino de los elementos prohibidos; entre otros, teléfonos celulares, fuentes de alimentación, cables USB, auriculares, plaquetas de cargador para teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes para los internos”.
“De esta manera, con la cobertura que les otorgaba su condición de proveedores de carne del Servicio Penitenciario, donde también se conducían ilícitamente, posiblemente asociados con la cúpula del Servicio Penitenciario, aprovecharon las facilidades que este escenario les brindaba para asumir la provisión de elementos prohibidos destinados a los reclusos”, expresa la acusación.
El fiscal considera que tales elementos “eran utilizados para llevar adelante la comisión de fraudes telefónicos sumamente lucrativos, que como ya se ha desarrollado en otras líneas investigativas, eran la base económica del resto del comercio irregular que se desarrollaba en el interior de los establecimientos penitenciarios”.
Gavier pone de relieve que dicho accionar habría redundado en una “grave afectación del debido tratamiento penitenciario de los individuos privados de su libertad, la seguridad de las cárceles, el regular funcionamiento de la administración pública, la propiedad privada de terceros y la salud de los internos”.
La acusación
Para la Fiscalía actuante, Alicio e Ignacio Dagatti y Luis Mina, “con el fin de llevar a cabo su actividad criminal, se valían de contactos con funcionarios penitenciarios y operadores externos, a quienes impartían las instrucciones relativas a esta cuestión”. En este sentido, se menciona a los otros dos imputados: Ramón Alexis Farías, funcionario penitenciario con jerarquía de subadjutor auxiliar técnico superior, y Maximiliano Gastón Irusta, empleado de la empresa encargada de trasladar los productos cárnicos.
Gavier puntualiza que “Alicio Osvaldo Dagatti además se encargaba de reclutar a diferentes personas, operarios de la empresa Livorno SA, empleados de la empresa de transporte de Oscar Alberto Bravo, y a otros funcionarios penitenciarios (…) a quienes instruía sobre la manera en la que debían llevar a cabo el ingreso clandestino de los elementos prohibidos, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, intimidándolos, como se verá, en caso de que se negaran a cumplir las tareas encomendadas”.
Sostiene que Dagatti y Mina, “de modo funcional a las actividades ilícitas desplegadas por la organización y en cumplimiento de su rol, particularmente valiéndose del control de la empresa frigorífica, soslayaron el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para llevar a cabo el transporte de los productos cárnicos, de modo que eficazmente lograban ocultar que los elementos prohibidos eran insertados en medias reses al momento de la carga de estas al transporte, todo ello dentro del frigorífico Livorno”.
Según describe la investigación, “empleados de la empresa frigorífica cuya identidad se procura establecer, dentro de la cámara frigorífica, insertaban paquetes con elementos prohibidos dentro de las medias reses, que luego ingresaban al camión que llevaba a cabo el transporte hacia las cárceles”.
Gavier agrega que, a esos fines, “contaron con la complicidad permanente de los funcionarios penitenciarios como el imputado Ramón Alexis Farías, quienes con conocimiento de la actividad ilícita, presumiblemente con fines de lucro, valiéndose de su función como ecónomos en el complejo carcelario (…) realizaron las acciones necesarias tendientes a garantizar el ingreso de los elementos prohibidos”.
