- Una reunión entre policías en la Rotonda de las Américas y la orden de no usar la frecuencia policial
- dos de las claves.
- Se busca determinar si hubo más efectivos implicados en alterar la escena del crimen.
Con el paso de los días, la investigación judicial por el caso de gatillo fácil que conmociona a Córdoba, el asesinato de Valentino Blas Correas (17), continúa agregando cada vez más sospechas sobre el accionar policial.
El antes, el durante y el después del ataque a balazos que los uniformados perpetraron contra el Fiat Argo blanco en el que viajaban los cinco adolescentes en los primeros minutos del jueves 6 de este mes asombran cada vez más tanto en Tribunales 2 como en la propia Jefatura de la Policía.
Pese a que en la causa que lleva adelante el fiscal José Mana rige el secreto de sumario, a través de diferentes fuentes judiciales, policiales y allegados a los jóvenes sobrevivientes, La Voz logró reconstruir cómo fue el momento del tiroteo y qué hicieron los policías después.
O sea, cómo fraguaron una persecución policial y comenzaron a tramar la idea de ensuciar a los jóvenes plantando un revólver en la escena del crimen de Blas.
Esta reconstrucción indica que, apenas pasada la medianoche del miércoles 5, el Fiat Argo con los cinco adolescentes que iba por la avenida Vélez Sársfield en dirección al Centro de la ciudad de Córdoba cruzó el puente de la avenida Cruz Roja y se detuvo ante la luz roja de un semáforo.
Los alumnos del colegio San José que iban en el auto advirtieron que unos 50 metros más adelante, a la altura del instituto Pablo Pizzurno, había un control policial: dos móviles cruzados sólo dejaban un carril libre en contra del cordón de la vereda.
El semáforo se puso en verde. Mientras el auto iba avanzando hacia los policías, los jóvenes comenzaron a ponerse sus barbijos. Al llegar al control, un uniformado, a pie, les hizo señas para que frenaran. En una mano, de manera llamativa e inusual, ya tenía la pistola reglamentaria.
El que manejaba, lejos de frenar, aceleró y evadió el control. La secuencia, filmada a partir de las cámaras de los móviles (cuatro en cada uno) y de la zona, indica que, cuando el auto ya había pasado, dos de los cuatro policías apostados en ese control comenzaron a disparar. Se trataba de los cabos primero Lucas Gómez y Javier Alarcón, mientras que sus “duplas”, la agente Wanda Esquivel y la sargento ayudante Yamila Martínez, se quedaron en situación pasiva.
Según las fuentes consultadas, Gómez se paró detrás del auto, en línea recta, y disparó con el brazo también recto. Alarcón comenzó a apretar el gatillo desde un costado.
Cinco balazos impactaron en el Argo, todos en la parte trasera. El dato no es menor: señala que no había ningún tipo de peligro para los policías porque el auto ya había pasado.
Dos de los proyectiles ingresaron por la luneta, otro dio en el techo y otros dos impactaron entre el baúl y una rueda.
Para esta semana se espera que los peritos de Balística de la Policía Judicial terminen un análisis clave: de qué arma policial salió el balazo que mató a Blas.
Tanto en Jefatura como en Tribunales, las fuentes coinciden en advertir que los estudios preliminares ya indican que el disparo habría salido de la pistola de Gómez.
El dato es sensible: Gómez está esperando por ser juzgado en la Cámara 8ª del Crimen, acusado desde 2017 junto con otros tres policías por haber encubierto al violador serial de La Calera, Leandro Castañares, ya condenado por seis ataques sexuales.
O sea, no hay una explicación oficial sólida que permita responder el motivo por el que Gómez estaba esa noche armado en un control callejero, ya que los efectivos imputados siempre son separados de manera preventiva.
Incluso, el Tribunal de Conducta Policial sí sancionó a los otros tres policías involucrados en la misma acusación. ¿Por qué a él se le permitió volver? El interrogante interpela cada vez más.
El mismo peritaje, que aún no está concluido, advierte que Alarcón no habría disparado sólo hacia abajo (lo que podría haber atenuado su responsabilidad).
Persecución a ningún lado
Mientras los jóvenes del Fiat Argo continuaban por la Rotonda de las Américas y bajaban por Ambrosio Olmos en busca de la Chacabuco y el sanatorio Aconcagua, los policías que acababan de tirotear al auto se subieron a sus respectivas patrullas.
Esquivel y Alarcón en un móvil, y Gómez y Martínez en el otro. Y, fuera de cualquier protocolo, simularon un principio de persecución a ningún lado. En la Rotonda de las América doblaron hacia la Ciudad Universitaria y minutos después regresarían sin haber visto jamás al Argo.
En esos minutos, Alarcón y Gómez comenzaron a mandarse mensajes por celular, según contaría luego una de las policías que iba con ellos. Además, por la frecuencia policial, comenzaron a advertir de un tiroteo en persecución a un Argo sospechoso, algo que en realidad no había sido tal como lo describían.
Fue entonces cuando en la radio azul se oyó la voz de un superior que ordenó continuar por “línea baja”. En la jerga policial, significa utilizar los teléfonos particulares y no la frecuencia: o sea, no dejar rastros públicos de esos diálogos.
En la fiscalía de Mana se ha comenzado a resaltar el trabajo de los detectives de Investigaciones Criminales. Es que, desde un primer momento, se puso bajo la lupa el hecho de que fueran policías los que investigaran a sus propios compañeros. Pero en Tribunales se destaca que el material hasta ahora receptado ha sido muy valioso.
En el registro de las cámaras se observa cómo los dos móviles regresan a la Rotonda de las Américas. Frenan a pocos metros de allí y se encuentran con un tercer móvil, en el que habría ido el subcomisario Sergio Alejandro González.
Las fuentes consultadas aseguran que en esas imágenes se advierte cómo todos se bajan a dialogar unos minutos. Que luego González vuelve a su vehículo y se retira. En ese momento, uno de los policías varones, que sería Alarcón, va al baúl de su móvil y extrae un viejo revólver.
Los investigadores sostienen que, en ese instante, se acercó a su “dupla”, Wanda Esquivel, y le entregó esa arma. Le dijo que él iba a manejar la patrulla y que ella tenía que arrojar el revólver desde la ventanilla cerca de la escena del crimen de Blas, siempre de acuerdo con la reconstrucción que guía la investigación hasta ahora.
“La involucró a la chica policía, que tiene menos de dos años en la fuerza y es mamá de una beba, para dejarla ‘pegada’ y que no hablara”, graficó uno de los informantes.
En la secuencia analizada a través de las cámaras, se observa cómo el viejo revólver sale volando de la patrulla y cae en un descampado.
Minutos después, Alarcón y otro policía lo encontrarían “gracias a un llamado anónimo al 101”, tal como se inventó en el relato oficial, y le avisarían al subcomisario González. Se sospecha que en realidad fue otro uniformado el que llamó al 101 haciéndose pasar como un taxista anónimo que dijo haber visto cómo desde un Fiat Argo arrojaban un objeto hacia un descampado. El autor de esta llamada aún no fue identificado.
El peritaje sobre este revólver reveló días atrás que no era operativo. Un arma vieja, oxidada y a la que le faltaban piezas para poder funcionar. Pero hasta ahora la investigación no logró revelar su origen. Desde hace un tiempo sobrevuelan sospechas sobre el faltante de armas en el depósito oficial, lo que provocó una denuncia penal hace dos años.
A esa altura, en la escena del tiroteo ya había varios policías que lo único que hicieron fue contaminar ese lugar, según se sospecha.
“Todo el movimiento policial que hubo después de la balacera no pudo ser autónomo. Hay jefes que debieron estar al tanto”, analizó una fuente que conoce muy bien cómo opera la Policía.
Movimientos veloces
Un detalle: todos estos presuntos movimientos descriptos hasta aquí se realizaron en contados minutos. La maquinaria para ensuciar la escena del crimen, “plantar pruebas falsas” y generar una persecución inexistente funcionó de manera muy aceitada.
Gómez, de 35 años, y Alarcón, de 31, están presos, acusados de homicidio calificado y de cuatro intentos de homicidio (uno por cada sobreviviente del Argo).
Esquivel también fue detenida por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público. Su defensa pide prisión domiciliaria para que pueda atender a su pequeña hija.
Desde el viernes último, similar imputación soporta la oficial ayudante Martínez, de 23 años, que está libre por el momento, ya que se hizo a tenor del artículo 306, que supone un grado de sospecha un tanto más leve.
Ese mismo día, el subcomisario González fue notificado de la misma imputación que Martínez. El Tribunal de Conducta Policial ya le quitó el arma y lo puso en situación pasiva.
Las próximas horas serán claves para determinar no sólo si González continúa libre, sino para establecer si habrá más policías bajo sospecha.
