El fiscal N° 2, Carlos Casas Nóblega, no aceptó el acuerdo de reparación ofrecido por un empleado de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba que fue imputado por hurto y estafa tras apoderarse del teléfono celular de una compañera y transferir 455 mil pesos de la cuenta bancaria de esta a otras tres cuentas. A contramano del pedido de cerrar la causa, el fiscal profundizará la investigación sobre el accionar del involucrado.
El caso causó un escándalo en la torre tribunalicia, debido a que ocurrió en el seno de un juzgado e involucró al escribiente Nicolás Eduardo Aramayo (35).
Festejo, hurto y transferencia
La mañana del 1° de junio pasado, el acusado –escribiente de la Secretaría Civil del Juzgado N° 3– se apoderó del celular de su compañera mientras el resto del personal festejaba un cumpleaños en otro despacho del mismo octavo piso.
En la ventana horaria entre las 7.30 y las 8.05, tomó el Samsung Galaxy S20 FE que la víctima había dejado en el interior de su cartera. Con conocimiento de que su compañera tenía acreditado el sueldo en su caja de ahorro, ingresó con la clave de esta en la aplicación del Banco Nación (BNA+) y accedió a la tarjeta de débito vinculada a la cuenta.
Aramayo conocía los datos de la mujer porque lo unía una relación de amistad, según se desprende de la acusación. El vínculo era tal que, con anterioridad, su compañera le había facilitado el acceso a su celular para realizar los pagos de sus tarjetas de crédito (a través de BNA+).
Desde la app, realizó tres transferencias por 455 mil pesos en total, que según sospecha el fiscal había pactado previamente con los titulares de las cuentas a los que iban los fondos: una a nombre de Marcos Elías Fuertes (por $ 165 mil); otra a Patricio David Schrrab (también por $ 165 mil) y la tercera, a otro hombre (por $ 125 mil).
Esta última transferencia la realizó para abonar un monitor que había adquirido previamente Javier Axel Cohen Canals para Aramayo. El pago se hizo a través de esa tercera cuenta, cuyo titular no está imputado.
Tras vaciar la cuenta de su compañera, el escribiente escondió el celular de su amiga debajo de la heladera ubicada en la cocina del octavo piso y regresó a la oficina.
El escándalo estalló cuando la víctima constató el faltante y derivó en la presentación de una denuncia penal. El fiscal imputó a Aramayo como autor de hurto y estafa, mientras que Fuertes, Schrrab y Cohen fueron acusados como partícipes necesarios de estafa.
Pedido de acuerdo
Tras la declaración de los imputados, el penúltimo día hábil antes de la feria la defensa de Aramayo presentó un escrito ante el juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, para solicitar un acuerdo privado de reparación integral del daño con la conformidad de la damnificada, tras la restitución del dinero.
El convenio contempló la entrega de 655 mil pesos (ya abonados por el acusado) a cambio de la renuncia de la víctima a constituirse en querellante particular o actora civil, y se solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Sin embargo, el fiscal no aceptó el planteo. Para Casas Nóblega, el accionar del imputado no sólo afectó a la denunciante sino que también dañó la imagen del Poder Judicial de la Nación ante la sociedad y los medios.
“La gravedad de la sanción en expectativa no puede ser obviada con el mero trámite de un acuerdo económico con la víctima en desmedro de los intereses generales de la sociedad por lo que esta parte debe velar”, afirmó.
Qué resolvió Bustos Fierro
El juez resolvió no hacer lugar al pedido de homologación del acuerdo y extinción de la acción. De este modo, Aramayo seguirá imputado y el fiscal ahondará la investigación.
“Tratándose de un sistema acusatorio y siendo el Ministerio Público Fiscal quien ejerce la acción penal pública, resultando la conciliación o reparación integral del daño un supuesto de disponibilidad de la acción penal basada en criterios de oportunidad, considero que el dictamen emitido (por el fiscal, que rechazó el acuerdo) se torna vinculante para el órgano jurisdiccional, no pudiendo extinguir la acción penal sin el consentimiento del órgano acusador”, advirtió el juez.
“El fiscal, al fundamentar su negativa de extinguir la acción penal promovida en contra del imputado (…), por aplicación de la alternativa prevista (reparación), considera que los hechos imputados trascienden a una cuestión meramente patrimonial entre particulares. En primer lugar, debido al cargo que ocupa el principal investigado y el ámbito laboral donde se desempeña, esto es el Poder Judicial de la Nación”, resaltó.
Bustos Fierro indicó que el fiscal sostuvo que “los hechos imputados tienen una implicancia mucho mayor, que afecta un interés supraindividual y que no hacen mérito para una resolución rápida del conflicto (…) sino que el proceso penal debe transcurrir de manera normal, sin soluciones extraordinarias”.
Por otro lado, en función de los dichos de Aramayo sobre que transfirió los dos primeros montos a otras cuentas para compraventa de divisas extranjeras (por fuera del circuito legal), el juez notificó al Banco Central (que deberá abrir un sumario).
