Casi 10 meses después de que se desatara el escándalo por una denuncia de posibles filtraciones en un concurso para cargos en el Ministerio Público de la Defensa de la Justicia provincial, Eduardo Santiago Caeiro (51) decidió alejarse de su cargo de funcionario.
La dimisión a su cargo de defensor público se hará efectiva a partir del 1º de octubre próximo y se debe a razones personales y familiares, según lo manifiesta el texto de la renuncia presentada por doble vía al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Poder Ejecutivo Provincial.
Trascendió en el mediodía de este jueves que los vocales del TSJ aceptaban la renuncia y que esto sería plasmado en las próximas horas en el texto de una acordada.
Se espera que desde el Ejecutivo tomen la misma determinación, con lo cual Caeiro dejará de ser funcionario de la Justicia provincial.
No obstante, Caeiro sigue imputado por el delito de “violación de secreto”, acusado de filtrar preguntas de exámenes a cuatro empleadas de Tribunales 2 que participaban de esa compulsa para acceder al cargo de auxiliar de la defensa, con el rango de prosecretaria letrada.
A partir de los cuestionamientos a Caeiro, se puso bajo sospecha la transparencia de algunos concursos, al punto que se analizó la posibilidad de que se haya brindado ayuda en otros concursos de la Justicia provincial. De hecho, el fiscal Enrique Gavier, que inició investigación a la denuncia, avanzó en la averiguación de posibles irregularidades en al menos dos concursos más para el acceso a cargos en Tribunales 2.
La acusación a Caeiro es sobre la posibilidad de que haya suministrado ayuda a cuatro empleadas de Tribunales 2: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini.
En el resultado de la prueba escrita las cuatro obtuvieron mucho mejor puntaje que el resto de los postulantes. El TSJ terminó anulando ese tramo de la evaluación.
Dos de las empleadas cuestionadas, Sonzini Astudillo y Zuliani, pidieron licencia extraordinaria, sin goce de haberes.
Las tres vías de investigación
A la denuncia que se inició con una presentación del gremio de empleados, le sucedió el inicio de una investigación interna. El TSJ, con la iniciativa de su presidente Luis Angulo y del vocal Sebastián López Peña, dio directivas al titular de la Secretaría de Sumarios Administrativos, Tristán Quiles, para analizar la presentación y avanzar en una posible acusación.
Quiles dio trámite a un proceso que incluyó la toma de testimonios, la incorporación de de prueba de diverso tipo, los alegatos de las defensas -Caeiro y las cuatro empleadas- y cerró el expediente con la acusación que se supone probada, más el pedido de dictamen al fiscal general para una eventual acusación.
Paralelamente, como segunda vía, existe un pedido de jury a Caeiro ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia de Córdoba, que funciona en el seno legislativo.
Pero mediados de noviembre de 2024, el propio fiscal general Juan Manuel Delgado había enviado las primeras actuaciones de Sumarios al fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, para la investigación penal.
Gavier terminó allanando el despacho de Caeiro el 6 de diciembre y, a comienzos de abril, le pidió al juez de control José Milton Peralta que impute al funcionario y le inicie investigación junto con las cuatro empleadas que habrían resultado beneficiadas con la filtración.
El juez Peralta imputó, tomó las indagatorias y avanzó en la investigación.
Actualmente, la defensa de Caeiro -a cargo de Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán- realizó una serie de planteos a la investigación, entre ellos una cuestión de atipicidad en la figura penal de la imputación. Esos cuestionamientos deben ser resueltos por el tribunal de alzada, la Cámara de Acusación de Córdoba.
Cambio de escenario
A partir de la renuncia de Caeiro, de estas tres vías sólo queda vigente una.
Sin ser más funcionario, no puede ser destituido por el jury ni tampoco le pueden hacer una investigación interna (administrativa) si desde octubre ya no pertenecerá al Poder Judicial.
Sí permanece vigente el proceso penal, como a cualquier ciudadano, donde Caeiro debe responder por violación de secreto.
Pero, ahora, si el expediente sigue avanzando, ya no será necesaria la realización de un jury, por lo que se hace más expeditivo el proceso y la posible realización de un juicio.
