El juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, declaró formalmente procedente la extradición de Diego Antonio Ortolanis (51) a España, donde se lo requiere por presuntos delitos tributarios, pero recomendó que sea juzgado en la Argentina como nacional por su situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El hombre nacido en Villa Carlos Paz y residente en la localidad de Bialet Massé es requerido desde hace años por la Justicia española por su supuesta participación delictiva en una serie de maniobras liderada por empresarios ibéricos.
El caso de Ortolanis
La Fiscalía de Valencia acusó al cordobés de haber sido “cooperador necesario” como “administrador” de la empresa ficticia Teknmum Alternativas SL, que habría proporcionado a los hermanos José Vicente Dubón López, Susana Dubón López y Francisco Javier Dubón López facturas para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales 2012 y 2013.
El importe de facturación apócrifa habría ascendido a 263.800 euros en 2012 y a 8.377 euros en 2013. Con su propio nombre, como persona física, les habría proporcionado facturas por 2.396 euros en 2013.
Fue imputado por falsedad documental como medio para cometer un delito contra la Hacienda Pública (fisco) y un delito continuado de falsedad documental. Las penas alcanzan hasta los cuatro años y seis meses de prisión y multas de 800 mil a 1,7 millones de euros, pérdida de ayudas estatales, beneficios fiscales y de seguridad social, debiendo indemnizar al fisco.
La jueza María Begoña Solaz Roldán, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, ordenó la realización de un juicio abreviado, por lo que solicitó la extradición de Ortolanis, residente en Bialet Massé.
El cordobés no es el único imputado, ya que los Dubón López fueron sindicados como los imputados principales en el entramado de fraude fiscal internacional. Los hermanos eran socios de Import Export Dubon Team SL, que giraba comercialmente bajo el nombre de Dubon Racing. Presuntamente se dedicaba al comercio de vehículos y accesorios como concesionario oficial de la marca de motos KTM.
Para evitar pagar el IVA y obtener indebidamente créditos fiscales, tanto Vicente Dubón López como Susana Dubón López actuaron en supuesta complicidad con los responsables de dos grupos de compañías falsas radicadas en España, Hungría y Rumania.
En España, figuraban Teknmum Alternativas SL (con Ortolandis como “administrador”), Aiducomers Si (del sospechoso Nikolay Lyubenov), Coronas del Mediterráneo SL (del investigado Ivanov Petrov Tsanko) y Bendis Motors SL (Ivana Marina Falon).
Pero los investigadores también detectaron que en Hungría habrían participado otras firmas falsas: Hilz Autodrome KFT, de la que eran representantes en España Ortolanis, David Cristian Celis Infante (que se hacía llamar “Christian Luben”) y un tal “Traian Basescu”. Finalmente, ATU Impex Internacional SRL y ATU Internacional SRL fueron registradas en Rumania.
De acuerdo con la acusación, todas estas sociedades eran ficticias, ya que no contaban con recursos personales y económicos, no tributaban y el único fin era proporcionar facturas falsas a otras empresas para simular operaciones comerciales irreales u ocultar la verdadera titularidad de actividades reales y eludir el pago de tributos por miles de euros.
Básicamente, estas operatorias ilícitas en Argentina se conocen popularmente como “usinas” de facturas truchas, algunas de las cuales tuvieron alto impacto en Córdoba por la cantidad de participantes, hechos y valores evadidos.
En el caso de los Dubón López, declararon y dedujeron el IVA reflejado en facturas emitidas por las empresas ficticias por supuestas compras de motos a esas firmas, sin haber soportado en realidad el impuesto.
También se habrían declarado entregas intracomunitarias inexistentes hacia sociedades húngaras y rumanas para evitar pagar el tributo, y se habrían repetido y duplicado operaciones en los libros contables.
Juicio de extradición
El juez Sánchez Freytes realizó el juicio de extradición, en el que analizó que la orden de detención internacional emitida por la Justicia española en 2020 sigue vigente.
La defensora pública oficial, Mercedes Crespi, en representación de Ortonalis, solicitó que se denegara la extradición porque es argentino nativo y pidió ser juzgado por los tribunales locales.
El fiscal N° 1, Enrique Senestrari, pidió que Ortolanis fuera juzgado en Argentina debido a su condición de nacional, sin necesidad de que la decisión sobre la extradición fuera tomada por la cancillería, ya que el juez puede decidir denegarla. También solicitó que se tuviera especial consideración por la extrema vulnerabilidad económica, cultural y afectiva del acusado.
El juez consideró que la opción de ser juzgado por tribunales locales como argentino nativo es válida, pero recordó que la Corte Suprema de Justicia local sentó criterio de que si un tratado faculta la extradición de nacionales, como en este caso, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Cancillería, debe resolver si hace o no lugar a la opción.
El magistrado valoró la situación de vulnerabilidad de Ortonalis relacionada con la baja educación (segundo grado del primario) y capacitación laboral (changarín de jardinería), dificultades para comprender, recordar, y precaria situación laboral.
Si bien declaró procedente la extradición a España por haberse cumplido los requisitos formales, por “razones humanitarias” exhortó a la Cancillería a que fuera juzgado en Argentina por la situación de vulnerabilidad.
