Sigue causando conmoción en el sur del valle de Punilla la megaestafa inmobiliaria que denuncian decenas de personas y que el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba Enrique Gavier está investigando con 19 detenidos, entre ellos varios profesionales, como escribanos, contadores, abogados, ingenieros y funcionarios.
Los damnificados se quejan por el engaño al que fueron sometidos al venderles terrenos cuyos dueños ni se habían enterado de que estaban siendo comercializados. La banda liderada supuestamente por Juan Ignacio Coutsiers se valía de un trabajo de inteligencia que detectaba fracciones de tierra en la zona de Villa Carlos Paz, Bialet Masse, Villa Parque Síquiman, Cosquín y Tanti.
Los propietarios estaban alejados, habían dejado de pagar impuestos o tenían algún inconveniente en sus títulos.
Siempre según la acusación, tras esto, la banda colocaba cartelería, hacía publicaciones en Facebook –en el sitio Market Place o con perfiles personales falsos– o en otras redes sociales. Una vez que conseguían clientes, usaban poderes falsos de quienes eran los titulares registrales, concurrían a una escribanía donde realizaban diversas maniobras “documentales” para dar apariencia de legalidad a la venta y otorgando la ilusión de entregar un título perfecto.
Gavier adjudica a 19 personas estar dentro de una organización delictiva. Los acusados son: Juan Ignacio Coutsiers (quien actuaría como líder de la agrupación), su hermano Martín Esteban Coutsiers, el padre de ambos Carlos Pedro Coutsiers, la escribana pública María Rosario del Milagro Muto, Darío Ramón Vidal (vendedor y ”secretario” de la escribanía), Manuel Alfredo Rojas (abogado y escribano), el secretario de gobierno de Siquiman Jorge Gustavo Perchante, su esposa Alexandra Michelle Díaz Copello, el abogado Raúl Héctor Cano, el operador inmobiliario Miguel Ángel Hirles, los “falsos apoderados” Víctor Zárate y Rodolfo Román Quiroga y los vendedores inmobiliarios y comisionistas Rodrigo Emanuel Molina, Juan Carlos March, Alejandro Norberto Cersósimo, Javier Gustavo Perano, Julio Néstor Perano, Juan Ignacio Durand y Emanuel Vélez Britos.
El fiscal dice que conformaron esta organización o asociación ilícita con la intención predeterminada de cometer una pluralidad indeterminada de estafas y falsedades documentales, poniendo en marcha un negocio espurio mediante la venta aparente de una gran cantidad de terrenos “ajenos”.
División de tareas
Como en toda asociación ilícita, es requisito la división de tareas y la asignación de roles a cada uno de los integrantes.
Si bien está en análisis la prisión preventiva, investigadores comentaron a La Voz cuáles serían las funciones de cada uno de los miembros de esta organización de al menos 19 integrantes.
Tras la publicidad y captación de clientes, aparecían los intermediarios con falsos o inexistentes poderes de disposición de los dueños de los terrenos. Con esos “instrumentos apócrifos” se desviaba a las víctimas a una única escribanía argumentando que allí estaba la documentación para concretar la operación.
Una vez allí, los compradores eran recibidos por otros miembros de la organización y por una escribana que intervenía para celebrar contratos mediante la certificación y confección de instrumentos públicos, dando así credibilidad y confianza a la negociación.
Siempre según fuentes de la investigación, para el engaño, los miembros de la banda omitían informar quienes eran los verdaderos titulares registrales de los terrenos y sólo mencionaban o exhibían poderes falsos.
Roles
Juan Ignacio Coutsiers está acusado como presunto jefe de la organización y se indica que controló el Registro Notarial 185 a cargo de la escribana Muto Olmedo. En los hechos, ese lugar está señalado como oficina y centro de operaciones.
A Martín Esteban Coutsiers, hermano del anterior, se le adjudica haber proporcionado información clave por su empleo en las oficinas de Catastro de la ciudad de Villa Carlos Paz, lo que le permitió identificar y adquirir inmuebles “abandonados”.
Cano está como supuesto miembro, pero podría recibir un rol más determinante porque aportaba asesoramiento jurídica a la maniobra delictiva.
La escribana Muto Olmedo, Rojas, Perchante, Díaz Copello, Carlos Pedro Coutsiers, Durand, Vidal, Hirles, Molina, March, Zárate, Cersósimo, Javier Gustavo Perano, Julio Néstor Perano, Quiroga y Vélez Britos, se sumaron a las actividades principales dando su aporte específico.
La escribana Muto Olmedo era importante para la banda. Desde su condición de notaria de registro e instrumentadora de los negocios fraudulentos, contribuía a darle aparente regularidad y legalidad a las operaciones materializadas por la asociación criminal en contra de las víctimas. Se asegura que “en la mayoría de los casos recibía a las víctimas que eran derivadas por otros miembros de la organización en la sede del registro a su cargo para la instrumentación del negocio fraudulento”. Otras veces “permitía que sus dependientes autorizaran escrituras a su nombre en locaciones distintas a las del registro, haciendo constar falsamente que fueron hechas en su presencia”.
El abogado Rojas, escribano asistente, colaboró al confeccionar instrumentos falsos que contenían negocios fraudulentos para luego ser autorizados por la notaria. Actuaba en la sede de la escribanía, en Ayacucho 72, ciudad de Córdoba. Según datos de la causa, él también recibía, atendía y asesoraba a las víctimas, a las que convencía de la legalidad de la operación y ponía excusas por la inscripción de las ventas en el Registro de la Propiedad.
Vidal, el “secretario” de la escribana, se encargó de la atención de las víctimas y en ocasiones leyó los instrumentos a los clientes. Se considera que “prestó colaboración a la empresa delictiva montando una “sucursal” del Registro Notarial N° 185 en un departamento ubicado en Marcos Pellegrini 350, edificio “Miralejos 9″, de Carlos Paz. Allí, los interesados iban con la expectativa de comprar “a derecho” y con un “título perfecto”. Actuaba “en reemplazo de la escribana”, para lo cual esgrimía diversas excusas.
El ingeniero civil Carlos Pedro Coutsiers –padre de Juan Ignacio y Martín Esteban– fue presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Córdoba y, al ser detenido, era vicepresidente de esa institución. Está sospechado de haber brindado a los cabecillas información sobre inmuebles que les permitió identificar cuáles estaban en condiciones de ser vendidos. Además, habría dado dinero para comprar terrenos en el emprendimiento Villa Yuspe.
Perchante y su pareja Díaz Copello compraron lotes en la ampliación de Villa Yuspe, ubicada en San Buena (Punilla), según la Justicia. Este emprendimiento provenía de un remate cuyo comprador no pudo perfeccionar la adquisición. A ambos se les adjudica haber comprado otros terrenos de adquisición fraudulenta. Perchante habría intimidado a las víctimas para que, una vez advertidos de la maniobra fraudulenta, no realicen reclamos o desistan de los ya interpuestos arguyendo conservar influencias por haber trabajado en la Policía Federal
Durand habría ofrecido lotes fraudulentamente adquiridos, presentándose en ocasiones como dueño de los inmuebles y en otras como intermediario.
Zarate y Quiroga sirvieron de apoderados de los verdaderos titulares registrales de los inmuebles comercializados valiéndose para ello de la utilización de instrumentos apócrifos o inexistentes, según la fiscalía. March intimidaba a las víctimas para que cesaran los reclamos, de acuerdo a la sospecha fiscal.
Britos, Molina, Hirles, Javier Gustavo Perano, Quiroga, Julio Néstor Perano y Cersósimo, contribuyeron con el ofrecimiento de los terrenos con acciones de difusión y publidad.
A su vez, Molina y Hirles ocuparon inmuebles a través de acciones violentas, personalmente o contratando a otras personas aún no identificadas, según la Justicia.
