Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, la esposa de Adolfo “Fito” Macías, detenida en un country de Córdoba y deportada a Ecuador, no es una ama de casa. Una nota del diario ecuatoriano Primicias recuerda que en 2020, la Fiscalía acusó a Peñarriera y a cuatro personas más de lavado y otros delitos. Según esa acusación, en sus cuentas había depósitos de USD 2,1 millones, pero fueron declarados inocentes.
Sin embargo, quedó documentado que sus cuentas y bienes crecieron en forma exponencial, sin que puedan explicarse por sus ingresos profesionales: Inda Peñarriera es enfermera.
Por estas horas, en Ecuador, se aguardan definiciones de la Justicia y del gobierno del presidente Daniel Noboa sobre la situación de Inda y el resto de los familiares del prófugo Macías. Estiman probable que se reactiven algunas causas judiciales, especialmente por lavado de dinero, por el crecimiento patrimonial de la mujer, imposible de disociar de la actividad narcocriminal de Fito.
Como empresaria, Inda Peñarrieta acumuló bienes, compañías y millonarios ingresos en sus cuentas bancarias. Sus socios cercanos son familiares de ‘Fito’ y otros integrantes de la organización narco “Los Choneros”.
Para sorpresa de los investigadores, dos años después del inicio del proceso todos los involucrados fueron declarados inocentes. El primer juez que los exculpó luego fue destituido y la Fiscalía investiga a tres de los jueces que firmaron el sobreseimiento.
El mapeo financiero de la causa comprendió el período 2014-2020. A mediados de 2020, un fiscal de Manabí reunió informes del sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), abrió la instrucción fiscal y formuló cargos por los tres delitos a: Inda Peñarriera (esposa de ‘Fito’), Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez (hermanos de Inda), Ronald Macías Villamar (hermano de ‘Fito’) y Ramón Macías Intriago (primo de ‘Fito’). Todos, incluso Inda, tenían antecedentes judiciales: habían enfrentado otros juicios por delincuencia organizada, asociación ilícita, asesinato, tenencia de armas y robo. Como personas jurídicas fueron acusadas la compañía de carga pesada Jomavi S.A. y Queenwater S.A., envasadora de gaseosas.
La investigación de Primicias reveló que, a través de dos operadoras mujeres y decenas de testaferros, alias ‘Fito’ tendría una red de supuesto blanqueo de activos y crimen organizado. Esta última investigación empezó en 2022 y estima que, a través de empresas y negocios de fachada, se habrían permeado al sistema formal unos USD 23 millones. En este caso, quien encabeza la estructura más grande y compleja es Verónica B. Ella habría tomado el relevo de Peñarriera en esas actividades, luego de que la mujer quedó expuesta en 2020.
En ese proceso, la acusación contra Peñarriera era que era la cabeza de la organización porque manejaba los activos y creó dos empresas. En las cuentas de Peñarriera, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019. Ella también es accionista y gerente de las empresas Queenwater S.A. y de la compañía de transporte de Carga Pesada, Jomavi S.A., ambas domiciliadas en Manabí. En 2015, los ingresos en el sistema financiero de estas empresas llegaron a USD 344.000, mientras en el SRI solo se reportaron USD 199.000, existiendo una diferencia de USD 145.000. En 2016, se registró el ingreso de USD 261.000, mientras en el SRI se reportaron USD 163.000, con una diferencia de USD 97.000, según la Fiscalía. La Policía verificó que Jomavi solo era una empresa de fachada. En estos casos, según el fiscal, se evidenciaría una clara evasión tributaria. Mientras que frente a los otros ingresos patrimoniales, se establecieron variaciones significativas entre los depósitos en el sistema financiero y el pago de tributos al SRI, desde 2013. A partir de 2013 y hasta 2019, en sus cuentas, Peñarriera recibió depósitos por USD 2,1 millones, pero reportó USD 1,7 millones al SRI, según la investigación. Eso significa una diferencia de USD 400.000, que se presume como evasión.
En noviembre de 2020, hubo un giro sorpresivo. Pese a los indicios de la Fiscalía, el juez Espinosa Zapata acogió varios argumentos de la defensa: “Este juzgador considera que Fiscalía no ha sido clara al momento de establecer el concurso real de infracciones, los elementos de convicción no son concordantes”. Y añadió que “en la pericia financiera, que es el elemento medular, existen variaciones en las cantidades expuestas, siendo que los números deben ser exactos”. Un aspecto formal.
Investigan corrupción judicial
Así, el juez sobreseyó a todos los procesados en diciembre de 2020. El fiscal apeló el fallo que fue conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, que revocó el auto de sobreseimiento, en febrero de 2021. Pero un año después (en julio de 2022), el Tribunal de Garantías Penales de Manta, conformado por los jueces Mary Quintero Prado, José Luis Alarcón Bowen y Loren Romero Cedeño, conoció el proceso por una última apelación de los procesados y ratificó el pronunciamiento del juez de primera instancia, declarando la inocencia de los dos procesados. Para entonces, el fiscal de Manabí había cambiado el enfoque del caso: solo acusó a Inda Peñarriera y a Ramón Macías Intriago, dejando fuera al resto de procesados. Y solo los acusó por el delito de enriquecimiento privado injustificado, descartando el lavado de activos y la defraudación tributaria. Ese giro del fiscal sirvió de argumento para la defensa de los dos únicos acusados, que alegó una supuesta indefensión, porque el proceso se había iniciado como un supuesto lavado y devino en enriquecimiento ilícito. Lo que también fue observado por algunos de los jueces que conocieron la causa y pidieron que se investigara al fiscal que llevaba el caso. Así, en última instancia, todos los procesados fueron declarados inocentes y recuperaron sus bienes y dinero. Y ante las anomalías y posibles delitos cometidos, el Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo y destituyó al juez Juan Eduardo Espinosa Zapata, quien presentó una acción de protección que fue conocida por el juez de Rumiñahui, Gandhy Cervantes Galván. En julio de 2022, Cervantes aceptó el recurso de su colega y dispuso que fuera restituido en el cargo, que actualmente ocupa en el mismo juzgado de Manabí. La decisión fue apelada por la Judicatura y está en revisión en la Corte Provincial. Además, la Fiscalía abrió una investigación previa por un presunto prevaricato contra Espinosa Zapata, por la devolución de los bienes. También enfrentan investigaciones, por asociación ilícita, los jueces Mary Quintero y José Luis Alarcón, pero en este caso es por la liberación de 18 acusados de narcotráfico.
