A ritmo sostenido y con noticias auspiciosas, continúa la tramitación de la quiebra de Márquez y Asociados (MRQZPABAR Desarrollos SA) en el Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 52ª Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de Sergio Gabriel Ruiz.
Por un lado, el resultado de los primeros remates judiciales de vehículos de la firma continúa siendo positivo, por el interés despertado entre los oferentes y por la gestión que el martillero Ezequiel Frontera Vaca imprime a la subasta.
Ya se informó que en el primer remate se liquidaron 14 rodados por los que se obtuvieron nada menos que 604 millones de pesos, libres de impuestos y comisiones.
La semana pasada finalizaron los dos tramos del segundo acto de remate, con cuatro rodados en una primera reunión y otros tres en otra fecha. Por los siete vehículos se consiguieron unos 99,5 millones de pesos.
Esos 700 millones de pesos ya forman parte del dinero que el juez Ruiz tiene que administrar -con la idea de conservar su valor- para cuando llegue la hora de verificar los créditos entre quienes se presentaron al concurso y realizar la distribución de las utilidades.
También hay otros bienes pertenecientes a la sociedad (no de los socios) que integran el acervo patrimonial empresario sujeto a ser distribuido. Dos de ellos son los departamentos en Ciudad de Panamá que el abogado concursal de Márquez, Flavio Ruzzón, presentó en forma espontánea ante el tribunal para que los disponga en el proceso.
Los departamentos L-24 y L-25 del complejo “PH Villa Sur” de la capital centroamericana fueron adquiridos por una representante panameña en enero de 2024, a través de un poder que le firmaron ambos hermanos Márquez. Lo llamativo es que la adquisición fue a nombre de la empresa fallida y no en beneficio del patrimonio personal.
El valor de esos departamentos, por el precio pagado al ser adquiridos, sería de 250 mil dólares.
También fueron aportados a la quiebra un galpón con gran cantidad de aberturas, sanitarios, grifería y otros materiales para la construcción.
El problema de todo esto es que no se trata de una distribución simple y directa de ese patrimonio, o aquello que se liquida y se distribuye en forma de dinero, como será en este proceso.
Todo lo que se licúa en dinero no se divide directamente entre los damnificados que verificaron su crédito. Hay una serie de pasos a cumplir, entre los cuales está la determinación del orden de las prioridades que se establecen para pagar, según lo que indica la ley.
Con esta salvedad, en el fuero que se ocupa de las quiebras y concursos hay una frase que define la situación: en causas nacionales e inclusive del mundo, el promedio de recupero de créditos (para los damnificados) es de entre cinco y seis por ciento sobre el total de los bienes a distribuir.
Para entender mejor esto, los miles de presuntos estafados por Márquez ante la falta de construcción de sus viviendas están prácticamente últimos en la cola para percibir lo que perdieron. Antes que ellos están más cerca de “la ventanilla de pago” la reserva de gastos, los empleados, los organismos públicos, la Justicia y otros que están adelantados a quienes se quedaron sin su casa.
El juez de este tipo de concursos primero debe dar prioridad a la reserva de gastos para conservación, custodia, administración de los bienes y la realización del proceso.
En un segundo turno, están con “privilegio especial” los organismos que se ponen en los primeros lugares de la fila, las entidades que acreditan impuestos impagos (Rentas, Arca, Municipalidad) y los créditos por regulación de honorarios, entre otros.
En el caso de los vehículos rematados, tienen prioridad los trabajadores de Márquez que quedaron con haberes caídos.
Luego se deducen los gastos del concurso: 14% de honorarios del síndico y abogados de la fallida, 2% de tasa de Justicia, 1% de Caja de Abogados y 1% de Caja de Ciencias Económicas, entre otros.
No hay que olvidar que en las subastas ya se dedujeron otros costos: 4% del fondo de prevención de la violencia familiar, 1,5 de Sellos, 10 por ciento de comisión de martillero, 10% de IVA y otros gastos como uso de sistema e impuesto bancario. Este último párrafo consume algo así como un 28 por ciento de lo que se obtiene en la recuperación del crédito. Para quienes están atrás en la cola, el valor se va reduciendo.
También antes hay que dar otros privilegios de orden (incluidos en el artículo 247 de la ley).
Finalmente, llega el turno de los no privilegiados: los damnificados por la frustrada compra de viviendas.
Hay que presentarse
El proceso busca “preservar” los bienes, evitar que se deterioren y no incurrir en gastos innecesarios como los alquileres de galpones y oficinas, que aún erogan varios millones de pesos y que pronto se desocuparán.
A medida que se recupera dinero, también debe buscarse la manera de preservarlo, teniendo en cuenta que se usará en 2026 para abonar los créditos.
Como ya se mencionó, se busca poner la mirada en los más vulnerables y evitar una segunda estafa, en este caso en el marco de la quiebra.
Desde este fuero, recomiendan como medio más idóneo inscribirse para verificar los créditos. El juez Ruiz, con los socios presos y la imposibilidad de recuperar la empresa, abrió la quiebra en mayo y dio un plazo muy amplio para que se presenten los damnificados a efectuar su reclamo.
Se abrió la posibilidad de una tramitación sencilla, sin patrocinio letrado, a través de una inscripción vía web. El cliente de Márquez debe ingresar, por esa vía, a la dirección: https://procesosconcursales.ar, donde debe registrarse y seguir, paso a paso, lo que se le solicita para cumplimentar la verificación de crédito.
La fecha límite es el 11 de noviembre próximo, es decir el “11/11″, para ayudar a la memoria de todos.
Recomiendan reunir toda la documentación y presentarla en formulario digital ante la sindicatura. Ante cualquier consulta, los particulares deben comunicarse con los síndicos: Estudio Ledesma-Fernández, a los teléfonos (0351) 421-6589, 0351-2-103371; 0351-2-103279 y 0351-2-103250, o al correo electrónico sindicaturamarquez@gmail.com.
Hasta el viernes pasado, se habían registrado 1.575 acreedores, lo que no es tanto si se considera que en su momento se habló de decenas de miles de damnificados. Entre quienes verifiquen, se hará la distribución de lo que se licúe del patrimonio de Márquez, luego de hacer lugar a los privilegiados mencionados.
Hasta el 11-11, hay tiempo de sobra para inscribirse. Una vez que eso suceda, el juez se dispondrá a hacer la liquidación, seguramente en 2026.
