Casi tres años y medio después de que fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Padilla en la punta de línea de Ersa de barrio Artigas, ciudad de Córdoba, el recurso de casación que había presentado la defensa de quien era su pareja, Walter Sánchez, fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la sentencia quedó firme.
Más allá de afianzar la verdad sobre este crimen ocurrido el 12 de octubre de 2016, la consecuencia más trascendente e inmediata es que la decisión de la Sala Penal del TSJ habilita a los hijos de Natalia Padilla a reclamar los beneficios de la llamada “ley Brisa”, que dispone una pensión nacional para los menores de 21 años que perdieron a su madre por un crimen en contexto de violencia de género.
Natalia dejó siete hijos que tuvo con Sánchez y otras parejas, cinco de los cuales estaban en condiciones de percibir el beneficio. Una de ellos lo hará con carácter retroactivo, porque el año pasado cumplió 21 años. La pensión que se les otorga a cada uno de ellos es mensual y se equipara a un haber jubilatorio mínimo, que desde marzo pasado está en 32.630,40 pesos.
El crimen se produjo durante la madrugada del 12 de octubre de 2016, cuando Natalia Padilla era asesinada por su pareja Walter Sánchez, un colectivero que le asestó una puñalada en el pecho cuando ella fue a buscarlo a la punta de línea de la empresa Ersa, en barrio Artigas de la capital provincial.
Dos años después, el 26 de octubre de 2018, el jurado popular de la Cámara 7ª del Crimen declaró por unanimidad que Sánchez debe ser considerado autor responsable de homicidio calificado por violencia de género (femicidio) y alevosía.
La decisión del TSJ habilita a los hijos de Natalia Padilla a percibir el beneficio. La ley Brisa 27.452, sancionada en 2018, instituye el “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes” menores de 21 años que perdieron alguno de sus progenitores por un caso fatal de violencia de género, o femicidio.
Violencia de género
La Sala Penal del TSJ estuvo integrada en esta oportunidad por Aída Tarditti (autora del primer voto), Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati. Por unanimidad, rechazaron el recurso de casación que había presentado el defensor Lucas de Olmos.
En su voto, Tarditti sostiene que “los testimonios del núcleo más cercano a la víctima ilustran la violencia verbal, física y psicológica que (Sánchez) ejercía sobre ella, como así también de la dominación económica y simbólica que le imponía en tanto no la dejaba tener una vida social plena, cuestionar sus relaciones y procurar limitarlas, manejaba su vestimenta, su aspecto físico y controlaba sus gastos y decisiones financieras, además que controlaba su aspecto físico, sus publicaciones en redes sociales y culpabilizaba de las reacciones que generaba su imagen en otros hombres, al punto que reaccionaba violentamente contra su persona”.
Por otra parte, la vocal cita el testimonio de la madre de Natalia, “quien no sólo aludió a la violencia que ejercía el imputado con animales domésticos y terceros, sino particularmente hacia la víctima, a quien vio lesionada en más de una oportunidad como consecuencia de sus enojos”.
La madre de la víctima calificó la conducta de Sánchez “como de ‘masoquista’, ya que le compraba ropa, le pagaba operaciones y publicaba sus fotos porque le gustaba que la vieran linda, pero se enojaba con ella cuando los hombres le hacían comentarios y siempre le reclamaba cuando salían”. El testimonio recuerda dos expresiones: “Era un enfermo de los celos” y “no podían salir tranquilos”.
