Por sus características, uno de los episodios más dramáticos de 2022 en torno de la Policía de Córdoba fue la trágica y confusa muerte de Jonatan Romo (31). El muchacho falleció el 10 de julio de 2022 en la comisaría de la ciudad de La Falda, en el Valle de Punilla, luego de haber sido detenido tras causar incidentes en medio de un supuesto brote psicótico por aparente consumo de cocaína.
Un video llegó a mostrar un operativo por demás violento: un policía le ponía la rodilla en la espalda.
La autopsia determinó que el joven murió por asfixia mecánica.
El fiscal Raúl Ramírez entendió que Jonatan sufrió malos tratos en la detención y ya en la comisaría.
A fines del año pasado, el fiscal llegó a mandar a juicio a cuatro policías por el delito de homicidio calificado por abuso funcional, al tiempo que había pedido el juzgamiento de otros dos por encubrimiento agravado.
Este requerimiento fue apelado por varios defensores de los policías, quienes señalaron que no estaba probada de manera taxativa la conexión entre la detención y la muerte. Señalaron que no hubo violencia y que el joven estaba exaltado.
Puntualizaron algunos defensores que el caso debería encuadrarse en un homicidio culposo.
El expediente recayó en manos del juez de Control de Cosquín, Ramiro Núñez, quien dispuso la falta de mérito para los policías.
Tras analizar la prueba, el funcionario indicó que faltaba profundizar mejor la pesquisa, tomar más testimonios a forenses e indagar mejor.
La causa retornó a la fiscalía.
Desde entonces, Ramírez no deja de trabajar en el expediente.
Terremoto policial
La muerte de Jonatan Romo provocó un terremoto policial.
El por entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, y la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, ordenaron una purga en altos mandos de aquella región y en la propia Jefatura. En concreto, fue desplazado el por entonces jefe de Recursos Humanos, Julio Faría.
Este denunciaría luego “una mala formación policial”.
Causa abierta y controversia
Volviendo a la causa en sí, el fiscal Ramírez entendió que los policías hicieron “un uso arbitrario” de las funciones. Destacó que forcejearon con Romo hasta aprisionarlo boca abajo, en el suelo, mientras le ponían las rodillas encima.
Luego, le pusieron los brazos hacia atrás y lo esposaron. Hubo golpes en zonas que afectaban la respiración, según la fiscal.
Para el funcionario, fueron maniobras “inadecuadas, exageradas y violatorias” de los derechos humanos.
Ya reducido, el muchacho fue trasladado en un patrullero a la comisaría local y no a un centro de salud.
Según Ramírez, mientras el detenido se encontraba en total estado de “indefensión” –reducido con sus brazos hacia atrás, con las esposas puestas y en estado de crisis y exaltación– hubo más golpes.
Para el fiscal, los uniformados tuvieron la “intención de quitarle la vida y le asestaron golpes al aprehendido en zonas que afectaban su capacidad respiratoria”.
Semanas atrás, el juez de Control rechazó la elevación a juicio y devolvió la causa a la fiscalía.
