La Justicia federal de Villa Mercedes, San Luis, procesó a Juan Carlos Insúa, exdirigente del Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de Carne y Afines (Sofeca) y la Federación de Trabajadores Agrarios (Fetara), sospechado de narcotráfico entre Buenos Aires y San Luis.
Tanto Insúa como otras 18 personas fueron procesadas acusadas de integrar dos organizaciones narco independientes, pero coordinadas, dedicadas al tráfico y comercialización de cocaína, publicó Infobae.
De qué se acusa a Insúa
A Insúa se le imputa el rol de organizador de una de las dos bandas criminales investigadas, ya que, según el fiscal federal Danilo Miocevic, adquiría ladrillos de cocaína a un proveedor peruano. Aunque la sustancia tenía origen boliviano, de menor pureza, las ganancias no se resentían: con cada envío de cinco kilos, el flujo económico se disparaba.
De esta forma, Insúa cumplía un rol central como organizador y proveedor de cocaína, cuya distribución se concentraba en la localidad de Merlo, al norte de San Luis, y, a través de un esquema de conexión, en Villa Mercedes, donde otra banda —liderada por Diego Juan Ramón Funes, alias “el Gaucho”— canalizaba parte de la droga a través de una red de puntos de venta y revendedores.
El expediente se inició tras una serie de investigaciones que incluyeron escuchas telefónicas, allanamientos simultáneos en Buenos Aires y San Luis, análisis de cuentas bancarias y billeteras virtuales, y la incautación de estupefacientes, armas, vehículos y dinero en efectivo.
La causa acumuló antecedentes relevantes, entre ellos la detención de Insúa el 19 de junio de 2024, junto a Natalia Maricel Amar, cuando transportaban más de un kilo de cocaína en un Fiat Strada en las cercanías de La Punilla, San Luis.
De acuerdo con los elementos reunidos, Insúa, junto con Raúl Héctor Ramayo, encabezaba una de las organizaciones, con base operativa en Buenos Aires.
Allí, gestionaban la adquisición de cargamentos de cocaína, presuntamente provenientes de proveedores peruanos, y organizaban su traslado hacia San Luis.
El fiscal del caso detalló que “Insúa adquirió cargamentos de aproximadamente cinco cinco kilos de cocaína, dispuestos en ladrillos, los cuales eran entregados por los proveedores en consignación, es decir, que debían ser pagados por Insúa con el producto de la venta”.
Los envíos tenían una frecuencia semanal y, según la estimación judicial, generaban ingresos por aproximadamente $ 35 millones por semana. Parte del cargamento era distribuido en Merlo por revendedores locales, mientras que el resto se remitía a la estructura de Funes en Villa Mercedes.
En este esquema, Insúa mantenía contacto directo con ambos extremos del circuito. En una conversación transcrita en el expediente, se lo escucha decirle a Ramayo: “Con este guachómetro vamos a hacer historia, se nos van a abrir otras puertas... Estamos armando... Tenemos que seguir armando”.
La red operativa bajo su mando incluía a su hijo, Juan Cruz Insúa, a Edgardo Gabriel Ávila, Sergio Daniel Alcaraz y otros colaboradores en Buenos Aires. En la región de Merlo, actuaban Natalia Amar, Carina Gallardo y varios revendedores, quienes oficiaban de distribuidores intermedios.
El esquema contaba con mecanismos de recaudación digitalizados. A través de transferencias bancarias y aplicaciones de billeteras virtuales, se documentó el flujo de dinero generado por la venta de droga. Por ejemplo, el revendedor Héctor Frías transfirió casi $58 millones a Katherina Villega, pareja de Funes, en un lapso de once meses.
