La semana anterior estalló la polémica por los dichos de un funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Provincia sobre un supuesto exceso en la utilización de la figura penal de la asociación ilícita y la cautelar de la prisión preventiva.
Sin referirme a los casos particulares a los que hizo referencia el agente público denunciado por fiscales de instrucción, como así tampoco a las razones que cada parte pueda tener, conviene retroceder un paso y reflexionar sobre lo que está pasando en Córdoba “otra vez” con la prisión preventiva.
Las cárceles están abarrotadas de presos, con unos 15 mil en total y unos cinco mil con prisión preventiva. Las celdas albergan hasta cuatro internos, pese a que fueron diseñadas para uno. Convendría preguntarse qué tan reñidos están los derechos humanos con esta y otras prácticas que se ensayan en los penales cordobeses, donde la rehabilitación ya ni siquiera es una frase hecha: casi no hay tratamientos (indicados por los jueces), no hay capacitación y no hay trabajo para los presos. A quienes están encerrados, sólo les queda “pudrirse”, para usar la expresión de deseo de quienes sólo buscan venganza y no recuperar a las personas.
El medio cordobés El Resaltador informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia virtual desarrollada el viernes anterior, se pronunció sobre “el caso Córdoba”. El abogado Jorge Cardozo describió en esa reunión como “alarmante” la situación de las cárceles de Córdoba. “Se está usando la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado. La situación es crítica y afecta a miles de personas, muchas de ellas inocentes”, cita el medio local al letrado.
A su vez, Kevin Nilsen, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, confirmó que en Córdoba la tasa de encarcelamiento es la “más alta del país” y que los centros de detención “presentan niveles de hacinamiento extremos”.
La publicación reseña que el Estado provincial “cuenta con 30 días para remitir a la CIDH información relativa a los interrogantes planteados en la audiencia”.
Convendrá preguntarse si es necesario extender a dos y tres años la detención cautelar, cuando a medida que avanzan las investigaciones el peligro procesal se disipa y el riesgo de fuga puede mitigarse con cauciones.
En Tribunales Federales, la prisión preventiva es la excepción y (casi) nadie va preso hasta que recibe condena y esta queda firme. En cambio, en la provincia de Córdoba en un alto grado de casos el principio de inocencia debe esperar hasta el juicio.
Hace pocos días, el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni publicó en un diario porteño algunos conceptos de esta modalidad de detención pre-condena.
Dice Zaffaroni: “La prisión preventiva es la que se dispone durante el proceso, antes de cualquier condena, ante una simple imputación y, como su nombre lo dice, se traduce en una prisión. O sea que se impone una pena cuando todavía no se sabe si el penado es o no culpable. Se trata del tema más incomprensible de todo el derecho procesal penal. Una verdadera cuadratura del círculo”.
Completa el jurista, que también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Para evitar que se admita que hay penas sin condena, los procesalistas afirman que es una medida cautelar, análoga al embargo civil. No lo es, porque el embargo es de bienes y el embargado puede exigir una garantía para el caso de no ser condenado en el proceso civil, que también será en bienes o dinero. Pero como el preso pierde libertad, es imposible repararlo devolviéndole el pedazo de existencia que se le quitó”.
A comienzos de la década pasada, la Corte Suprema le dio un fuerte tirón de orejas al Tribunal Superior de Justicia cordobés con el fallo “Loyo Fraire” (causa Petrone), al indicar que la prisión preventiva no debía ser tan extensiva sino que debía justificarse debidamente el riesgo procesal, de entorpecimiento de la investigación o de fuga.
Pero tras esta lección, hubo algunas modificaciones que terminaron en una suerte de gatopardismo: la prisión preventiva en Córdoba siguió aplicándose prácticamente por igual. Cambió, pero siguió igual. Hoy, la “pp” goza de muy buena salud.
Volvimos a lo mismo. Y acá estamos.
