Mientras continúa la conmoción por la causa abierta por el policía señalado de fotografiar a compañeras en el baño del subsuelo de la Jefatura de Policía de Córdoba, una uniformada se presentó este lunes ante la Justicia y realizó la primera denuncia penal contra el efectivo.
A través de su abogado Carlos Nayi, la oficial pidió ser admitida como querellante particular, con el objetivo de que se investigue a fondo lo ocurrido y se determine si ella también fue víctima. “Quiere justicia para ella y sus compañeras”, sostuvo el letrado.
Aunque aclaró que no tiene constancia de haber sido filmada, remarcó que el hecho “supera el umbral de una simple falta contravencional” y constituye un delito contra la integridad sexual, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.
Denuncia por “abuso sexual” en la Policía de Córdoba
Según Nayi, el hecho podría configurarse como abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, ya que –de acuerdo con la doctrina y el precedente “Franco Daniel Carignano” del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba– no se requiere contacto físico para que exista abuso, sino una connotación sexual a través de medios telemáticos o tecnológicos.
“Estamos ante una violación de la intimidad y del domicilio; el baño es un ámbito privado”, señaló Nayi, quien consideró que lo ocurrido constituye también una forma de “violencia psicológica, sexual, laboral y telemática”.
La uniformada aseguró que decidió dar el paso porque “esto no es una falta, es un delito”. Agregó que muchas compañeras “no se animan a denunciar” por miedo a represalias o por el hermetismo con el que se maneja la información dentro de la fuerza.
“Vulneraron nuestra intimidad y ahora no sabemos si aparecemos en los videos, porque no tenemos acceso a ese material para saber si fuimos grabadas”, expresó la denunciante.
Dijo sentirse “sumamente amenazada” por esta situación, más allá de aparecer o no en las imágenes, y pidió celeridad en las investigaciones.
El escándalo de las fotografías en la Policía
El caso salió a la luz a fines de julio, cuando una agente denunció haber visto una mano con un celular a través de un hueco en el baño del área de Medicina Laboral, en el subsuelo de la Jefatura de Policía, en avenida Colón al 1250.
El acusado, un cabo en actividad, fue identificado y puesto en situación pasiva.
En su teléfono se habrían hallado decenas de imágenes y videos tomados en los sanitarios. Por ahora, el hecho se investiga como una contravención, aunque desde el Polo de la Mujer y el Ministerio Público Fiscal analizan recalificarlo como delito sexual.
La presentación de esta oficial podría marcar un giro en el expediente: por primera vez, una víctima impulsa la vía penal.
Además, exige que se investigue si otros integrantes de la fuerza sabían lo que ocurría y qué medidas se tomaron para evitarlo.
“Queremos que esto no termine en una sanción menor. No puede agotarse en una falta. Tiene que haber justicia”, concluyó la denunciante.
