“Faltaban motos. Una, dos, tres motos. Después, nadie sabía cuántas. El terreno era un potrero, Potrero del Estado, sin luz, con yuyos altos, casi abandonado. Pero lo que desaparecía ahí eran bienes de la Justicia”.
Así habló un vocero con acceso a las actuaciones de la Justicia en uno de los procesos más delicados para la Policía de Córdoba de los últimos años. Este jueves, en la Cámara 10ª del Crimen, comenzó el juicio contra el comisario Juan Eduardo Frasinelli (46), quien estuvo a cargo del Depósito Judicial 2 en Potrero del Estado en la localidad de Bouwer.
Entre marzo de 2019 y marzo de 2020, y bajo la órbita de Frasinelli, desaparecieron al menos 24 motocicletas bajo custodia judicial.
La acusación formal apunta a su responsabilidad directa por no garantizar la protección de los vehículos, ni por no implementar mecanismos de seguridad adecuados.
La causa comenzó con una denuncia individual.
En abril de 2020, un particular fue notificado de que podía recuperar su moto, una Honda secuestrada meses antes.
Sin embargo, cuando acudió al depósito judicial, su vehículo había desaparecido. La noticia encendió las alarmas.
La investigación
La fiscalía a cargo de Matías Bornancini inició una investigación que pronto reveló que esa moto no era la única faltante.
Se detectaron 24 motocicletas sustraídas en un lapso de un año, sin registros de retiro judicial ni constancias de entrega. Todas habían ingresado por diversas causas penales y debían ser conservadas bajo estricta custodia.
En el centro de la escena, quedó aquel predio sin iluminación, sin cámaras, sin control y, por momentos, sin presencia policial.
Era, según declaraciones oficiales, “un campo abierto a la delincuencia”.
El problema se volvió estructural: bienes embargados por la Justicia eran depositados en instalaciones precarias y con vigilancia intermitente.
Frasinelli era el jefe del depósito y, como tal, debía controlar los ingresos y egresos de motocicletas, verificar la documentación legal de cada vehículo, asegurar el cumplimiento de las guardias, gestionar los recursos logísticos (iluminación, handies, seguridad) y reportar irregularidades.
En la instrucción, el fiscal Bornancini sostuvo que los depósitos judiciales tienen falencias estructurales. Entre ellas, escaso personal, falta de fondos y condiciones edilicias deficientes.
Sin embargo, consideró que el acusado no puede deslindarse de su responsabilidad. “Debió implementar otras estrategias, elevar informes, denunciar el estado del predio, exigir recursos. No lo hizo”, según sostuvo en su requerimiento.
Por ello imputó al comisario por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por omisión de deberes de custodia.
Por su parte, el acusado cuenta con la defensa del abogado Germán Gianotti, quien sostuvo que Frasinelli hizo “todo lo que estaba a su alcance” y aseguró que no contaba con medios, ni con iluminación, ni con apoyo logístico.
El juicio en marcha
El juicio se realiza con jurados populares.
En la primera jornada, declararon cuatro víctimas, propietarias de motos secuestradas por diferentes causas penales y que nunca pudieron recuperar.
Se espera que durante los próximos días comparezcan más testigos y peritos, así como personal policial que cumplía funciones en el depósito durante la gestión de Frasinelli.
Gustavo Arocena, fiscal de cámara, explicó, en diálogo con La Voz, las vicisitudes del caso y habló sobre las dimensiones de la investigación.
“El acusado sostuvo que actuó dentro de sus posibilidades, pero la cantidad de motos robadas y el tiempo en que ocurrieron revelan una falta de control sistemática. Este jueves, declararon víctimas cuyas motos fueron secuestradas y luego robadas del predio. El daño no fue sólo patrimonial: también fue institucional”, comentó.
Uno de los damnificados está representado por los abogados Rodrigo López Tais y Dania Villanueva, quienes buscarán demostrar el nexo directo entre el rol jerárquico del acusado y las sustracciones denunciadas.
La mayoría de los perjudicados están siendo asistidos por el abogado Carlos Nayi.
El Juzgado de control rechazó la oposición de los defensores del excomisario, pero cambió la calificación legal a la actual omisión de los deberes de funcionario público.
Este juicio es sólo el primero. En los últimos años, se acumularon numerosas denuncias por desaparición de vehículos en otros depósitos judiciales de la provincia.
La Justicia trabaja en al menos cinco causas más por hechos similares, en los que se investigan faltantes de autos, de motos, de autopartes y hasta de documentos.
La sospecha más grave gira en torno a una red delictiva –“la mafia de los depósitos”, tal como se la conoce en los pasillos de Tribunales– que habría operado aprovechando el estado de abandono de las instalaciones, con la complicidad o negligencia de algunos funcionarios policiales.
Algunos expedientes avanzan sobre presuntas asociaciones ilícitas y otras figuras penales más severas.
El juicio a Frasinelli puede convertirse, así, en un precedente clave para el futuro de otras investigaciones similares. En caso de condena, podría abrir el camino para juzgar no sólo a jefes policiales, sino a toda una cadena de responsabilidades administrativas.
El valor de la custodia
La causa también pone en discusión el papel de las fuerzas de seguridad como custodios de bienes judicializados.
En Potrero del Estado, no se perdieron simplemente vehículos: según consideran los investigadores, se vulneró el deber estatal de proteger elementos retenidos por orden de un juez.
Para las víctimas, la respuesta del Estado fue el silencio y la desidia, según dejan entrever las acusaciones.
La defensa del excomisario insiste en que las condiciones eran “inhumanas”. Pero, para la fiscalía, si no podía garantizar seguridad, tenía la obligación de informar, denunciar o renunciar.
“No se trata de que Frasinelli haya robado las motos. Se trata de que permitió, por omisión o negligencia, que se las llevaran”, aclaró una fuente judicial.
La sentencia, en caso de ser condenatoria, podría incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa, además de una sanción de prisión efectiva o en suspenso si se agravan los cargos por asociación o encubrimiento.
