Un cuantioso gasto debe realizar el Estado provincial –de 30,5 millones de pesos, según la sentencia condenatoria en una cámara del crimen contra el Gobierno de la Provincia– para resarcir a los propietarios de seis motocicletas que fueron robadas del Depósito Judicial N° 2, de Bouwer. Las otras 18 sustraídas en ese mismo lugar, entre 2019 y 2020, aún pueden ser reclamadas en el fuero civil de la Justicia.
La absolución del comisario “responsable” del predio durante ese período no hizo más que mostrar que él no podía frente a la desidia estructural que reina sobre ese campo de 40 hectáreas, sin cercos perimetrales adecuados, con iluminación nocturna escasa o nula y con la naturaleza que “crece” sobre los rodados que se estacionan a cielo abierto.
Los integrantes del jurado popular comprobaron, durante el desarrollo del este juicio desarrollado en la Cámara 10ª del Crimen, que el extenso parque automotor que se asienta en ese predio era un lugar de abandono y que lejos estaba la posibilidad de que esos vehículos puedan conservarse hasta resolver la situación que motivó el secuestro.
Los dueños de esos rodados se enfrentan a la angustiosa situación de que por una contravención en la vía pública –problemas de documentación, falta de uso del casco, inexistencia de la chapa patente, entre otros– el vehículo sea dirigido a un lugar que es tierra de nadie, o de los ladrones.
Cuesta pensar que el lugar donde deben preservarse esos bienes se convierta en una tentación para los ladrones. Una situación que lleva décadas.
En este juicio se observó que los propietarios ya naturalizaban la posibilidad de un faltante en su vehículo –un auxilio, la batería, un espejo, una insignia, algún accesorio– pero que les resultó inimaginable que se llevarían “todo” el rodado.
En su veredicto, el tribunal insta a la Policía de la Provincia para que tome medidas a fin de solucionar la situación, en consideración a que “el Estado es garante” de los servicios que se prestan en estos predios.
De no hacerlo, los autos o motos alojados en los corralones denominados Potrero del Estado quedan expuestos a su deterioro por efecto de la naturaleza o al accionar de inescrupulosos que ingresan para hacerse de autopiezas o, directamente, llevarse todo el vehículo. Si no se revierte esa condición, más que un depósito de motovehículos secuestrados, estos lugares parecen un cementerio de automóviles.
