En varios frentes, siguen avanzando los procesos en contra del defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro (51) por presunta violación de secreto en torno a los concursos para el ingreso al Ministerio Público de la Defensa en los Tribunales provinciales.
Al avance concreto del sumario administrativo interno, que ya espera dictamen del fiscal General Juan Manuel Delgado, se agrega ahora el rechazo del juez de Control José Milton Peralta a planteos defensivos en la investigación jurisdiccional que se sustancia en el fuero Penal. A la vez, está pendiente el pedido de jury que el gremio de Empleados Judiciales de la Provincia (Agepj) realizó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
El viernes pasado, el fiscal General Juan Manuel Delgado recibió el expediente que finalizó la Secretaría de Sumarios Administrativos y que compromete a Caeiro -según fuentes judiciales- por “mal desempeño” al haber filtrado los exámenes a cuatro jóvenes trabajadoras de Tribunales 2 antes de administrar la prueba que él había elaborado como miembro del tribunal de concurso.
En esas actuaciones, antes del cierre de la tramitación, se recibieron los alegatos de las partes y un planteo de prejudicialidad penal al que se respondió con un “téngase presente”, para ser considerado en el momento oportuno.
Ese expediente fue enviado al fiscal General para que se pronunciara en dictamen necesario pero no vinculante. Delgado puede emitir su respuesta desestimándolo o indicando que el hecho sí existió (como lo indica la investigación) y enviar su postura ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que tome una determinación.
En caso de considerar necesaria una sanción, el TSJ puede aplicarle a Caeiro una multa (de hasta 50 jus). También puede sancionar a las cuatro empleadas que habrían aprovechado la filtración: Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani, Mariana Lorenzati y Ana Ruiz Tamagnini. El mismo alto cuerpo puede disponer la suspensión o cesantía de ellas.
Pero el alto cuerpo también puede considerar que, por la gravedad del caso, el defensor oficial debe ser sometido a jury y remitir las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento que sesiona en el Poder Judicial provincial.
Mientras tanto, como otra vía, se encuentra en ese tribunal de juzgamiento de magistrados una denuncia de Agepj que pide el jury. El gremio de los judiciales provinciales inició las actuaciones que dispararon estas tres vías.
La tercera es aquella que se inició cuando la Fiscalía General envió el caso al fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien luego solicitó al juez de Control José Milton Peralta la investigación jurisdiccional del funcionario público. Este magistrado acaba de rechazar planteos de atipicidad de las defensas de Caeiro y de Sonzini Astudillo.
Peralta también recibió sus alegatos en el fuero Penal y tiene avanzada una investigación que, de confirmarse y tipificarse como delito, puede derivar en un pedido de jury con fines de destitución, para posibilitar el juzgamiento en una cámara del Crimen.
Una fiscal sumariada
Poco después del estallido del caso Caeiro, el fiscal Gavier avanzó con un allanamiento a la Fiscalía de Subrogancia de Daniela Maluf, quien sirve de investigadora alternativa de Casos Complejos y del fuero Penal Económico.
Según trascendió en las últimas horas, al conocerse que Sumarios Administrativos había abierto una investigación interna en contra de ella y de dos empleadas, se presume que la fiscal llamó a su oficina a tres empleados para brindarles datos del examen de un concurso en el que ella estaba como miembro del tribunal.
Según sostienen las actuaciones administrativas, de los tres empleados que estuvieron en el despacho de su jefa, dos son las acusadas junto con la fiscal. El tercer empleado es un varón, el mismo que se presentó ante Gavier para realizar la denuncia.
Disputa de investigadores
En esta causa, Gavier espera el resultado de la apertura de los teléfonos de Maluf y de sus empleadas. En ese plano, está en doble controversia con su juez de Control Peralta.
Por un lado, discute que en este caso el magistrado quiera que la intervención de esos teléfonos se haga con personal de su juzgado. Por el otro, Gavier recusó a Peralta por supuesta amistad con la fiscal investigada. La resolución de esta controversia, en ambos casos, pasa a manos de los vocales de la Cámara de Acusación.
