Uno de los dilemas centrales que pone sobre la mesa la tragedia de los hasta ahora 23 muertos por cocaína envenenada es el de qué hacer con aquellas personas que, sea por la razón que fuere, deciden consumir sustancias de riesgo.
Dicho de otra forma, y en contexto: ¿cómo debería un país occidental como Argentina abordar la cuestión de las drogas protegiendo al máximo las libertades ciudadanas y a la vez restringiendo lo más que se pueda el avance de la oferta y demanda de las drogas legales e ilegales, que siempre implican riesgos para la población? Este es el gran enigma planteado a nuestra sociedad por el fenómeno de las sustancias psicoactivas.
Toda política sanitaria sobre drogas tiene por lo menos estos cuatro componentes:
- Conocimiento epidemiológico (¿cómo está hoy el problema en cuestión?).
- Prevención (¿cómo evitamos que la gente ingrese en el consumo de sustancias adictivas?).
- Asistencia (¿qué alternativas tiene una persona para rehabilitarse de sus adicciones?
- Reducción de daños (¿cómo acompañamos a los usuarios de drogas para que minimicen los daños referidos a sus prácticas de consumo?).
De estos cuatro puntos mencionados, lo sucedido nos obliga a plantearnos qué estamos haciendo en Argentina con la perspectiva de la reducción de daños. Este tipo de intervención es materia obligada para cualquier país que quiera respetar las libertades ciudadanas y a la vez minimizar las consecuencias negativas que impone la realidad del consumo.
Aún hay mucho prejuicio social para reconocer que una parte de nuestra comunidad consume drogas por libre elección o por compulsión patológica. Resulta más fácil negar esa realidad y hacer de cuenta que “esa gente” no existe. Esa hipocresía daña y también, a su manera, causa muertes. Pues coloca a esa población en riesgo en un espacio de negación e invisibilidad.
- ¿Por qué en Argentina un usuario de drogas no puede llevar la sustancia que compró a un laboratorio para saber si lo adquirido en el mercado ilegal es aquello que en realidad quería comprar?
- ¿Por qué no puede el Estado informar claramente a un usuario de drogas ilegales cuál es la manera menos riesgosa de consumir, si ha decidido hacerlo (y lo va a hacer de todas formas)?
- ¿Por qué en Argentina todas las drogas ilegales están en un mismo plano y son castigadas penalmente en su tenencia?
Todas estas preguntas provocativas e incómodas deberían hoy ser repensadas por los decisores políticos de turno. A lo mejor, alguien se anima a proponer alguna nueva alternativa. Porque el más de lo mismo viene fallando.
