La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, propuso escuchar las conversaciones con los presos peligrosos y modificar el Código Penal. ¿Es legal esa propuesta? Nuestro sistema constitucional garantiza el principio de inocencia, que se establece en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), entre otros.
El principio de inocencia implica que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (artículo 8.1 CADH). Por lo tanto, todos somos inocentes a menos que una sentencia judicial basada en pruebas establezca lo contrario.
Gracias a esta directriz, todo imputado tiene la garantía de comunicarse en secreto con su defensor (artículo 18 de la Constitución Nacional) así como los abogados patrocinantes están amparados por el secreto profesional si son consultados por conversaciones con sus clientes.
¿Sería posible ir en contra de las garantías fijadas en nuestra Constitución Nacional? Indudablemente no, si tenemos en cuenta que los tratados internacionales implican un compromiso a favor de las garantías procesales y que el fin de nuestro sistema penal se orienta hacia la resocialización. Normativamente, no hay excepciones a estas reglas.
Bullrich, cuestionada al respecto por el conductor televisivo Alejandro Fantino en la entrevista que se viralizó, mencionó que hay que “ponerlo en el Código Penal”. Es decir, modificar el código de fondo, aunque para que esta iniciativa tenga legalidad también habría que modificar la Constitución Nacional y todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Conviene recordar que la confesión del inculpado sólo es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza (artículo 8.3 CADH), por lo que todo registro de conversación para su posterior presentación en un proceso, si no es autorizado por las personas intervinientes, no tiene valor aunque se confiese el delito.
